Por LA GACETA
26 Febrero 2015
Hemos informado detalladamente acerca del suceso policial ocurrido en un barrio cerrado, jurisdicción de la comisaría de El Manantial. El propietario de una de las viviendas, cuando ingresaba a la misma con su esposa, a las 3 de la madrugada, fue atacado por delincuentes que allí lo aguardaban. Tras golpear al matrimonio con mucha violencia, lo amarraron con alambres y desvalijaron la casa. Robaron también la camioneta de la pareja, y la usaron para darse a la fuga sin inconvenientes. Luego, abandonaron el vehículo en las cercanías.
Sin duda, la Policía y la Justicia investigarán debidamente el caso, para establecer, en primer lugar, cómo fue posible que los delincuentes entraran al barrio, dado que existe vigilancia en el acceso, y cómo fue posible asimismo que salieran. El asunto presenta material para la reflexión. La primera es que la inseguridad existente en Tucumán es tan abarcativa, que nadie puede sentirse realmente a salvo de la acción de malvivientes. La vigilancia privada y las alarmas pueden tener eficacia, pero ella es siempre relativa, si los delincuentes quieren cumplir realmente su propósito y planifican con cuidado las respectivas vías para lograrlo.
Quienes habitan en un barrio cerrado son demasiado optimistas, si piensan que esa guardia del acceso (que teóricamente detiene a cada automotor que ingresa y exige a sus tripulantes identificarse e informar sobre la casa a la cual se dirigen) es suficiente para ponerlos a salvo de lo que ocurre en cualquier calle.
Que el sistema de control de accesos permite inevitables filtraciones, es evidente. Muchas ocurren en los casos en que se realiza una reunión o fiesta numerosa en alguna residencia, y donde no es posible que cada uno de los que trasponen el portón de ingreso sea realmente un invitado. Además, como es obvio decirlo, no puede ejercitarse una vigilancia minuciosa a lo largo de todo el perímetro. Las tapias pueden perfectamente sortearse, sobre todo en horas de la noche, y la iluminación no siempre es todo lo potente que debiera.
Parece necesario examinar el asunto con una mirada más amplia. El barrio cerrado “Cerro Azul” está situado en el Camino de Sirga. Se trata de una zona que, en estos últimos años, se ha poblado de manera muy notoria, y en varios casos con conjuntos de viviendas muy jerarquizadas. Por cierto, resultan atractivos para los delincuentes por el nivel económico que conjeturan en sus propietarios. Pero, además, fuera de los “countries”, existe una actividad de malvivientes de considerable intensidad en ese sector. Hay innumerables denuncias de asaltos a ciclistas, por ejemplo, y según el vecindario, en realidad los hechos son mucho más numerosos, pero los afectados son reticentes a formalizar denuncias, porque no tienen confianza en la Policía.
Pensamos que la cobertura policial en toda esa zona debe tener la amplitud necesaria. El hecho de que en los “countries” se contrate vigilancia privada, no tiene nada que ver con la obvia exigencia de que la vigilancia oficial, la del Estado, cumpla el rol que le corresponde, más allá de los recaudos que cada propietario quiera costear en su esfera. Esto debe desarrollarse simultáneamente con una mayor vinculación del vecindario con la Policía. De otra manera, es muy posible que se repitan casos como el que nos ocupa. Piénsese que hace dos años se robaron 300.000 dólares de la caja fuerte de un habitante de ese barrio privado.
Sin duda, la Policía y la Justicia investigarán debidamente el caso, para establecer, en primer lugar, cómo fue posible que los delincuentes entraran al barrio, dado que existe vigilancia en el acceso, y cómo fue posible asimismo que salieran. El asunto presenta material para la reflexión. La primera es que la inseguridad existente en Tucumán es tan abarcativa, que nadie puede sentirse realmente a salvo de la acción de malvivientes. La vigilancia privada y las alarmas pueden tener eficacia, pero ella es siempre relativa, si los delincuentes quieren cumplir realmente su propósito y planifican con cuidado las respectivas vías para lograrlo.
Quienes habitan en un barrio cerrado son demasiado optimistas, si piensan que esa guardia del acceso (que teóricamente detiene a cada automotor que ingresa y exige a sus tripulantes identificarse e informar sobre la casa a la cual se dirigen) es suficiente para ponerlos a salvo de lo que ocurre en cualquier calle.
Que el sistema de control de accesos permite inevitables filtraciones, es evidente. Muchas ocurren en los casos en que se realiza una reunión o fiesta numerosa en alguna residencia, y donde no es posible que cada uno de los que trasponen el portón de ingreso sea realmente un invitado. Además, como es obvio decirlo, no puede ejercitarse una vigilancia minuciosa a lo largo de todo el perímetro. Las tapias pueden perfectamente sortearse, sobre todo en horas de la noche, y la iluminación no siempre es todo lo potente que debiera.
Parece necesario examinar el asunto con una mirada más amplia. El barrio cerrado “Cerro Azul” está situado en el Camino de Sirga. Se trata de una zona que, en estos últimos años, se ha poblado de manera muy notoria, y en varios casos con conjuntos de viviendas muy jerarquizadas. Por cierto, resultan atractivos para los delincuentes por el nivel económico que conjeturan en sus propietarios. Pero, además, fuera de los “countries”, existe una actividad de malvivientes de considerable intensidad en ese sector. Hay innumerables denuncias de asaltos a ciclistas, por ejemplo, y según el vecindario, en realidad los hechos son mucho más numerosos, pero los afectados son reticentes a formalizar denuncias, porque no tienen confianza en la Policía.
Pensamos que la cobertura policial en toda esa zona debe tener la amplitud necesaria. El hecho de que en los “countries” se contrate vigilancia privada, no tiene nada que ver con la obvia exigencia de que la vigilancia oficial, la del Estado, cumpla el rol que le corresponde, más allá de los recaudos que cada propietario quiera costear en su esfera. Esto debe desarrollarse simultáneamente con una mayor vinculación del vecindario con la Policía. De otra manera, es muy posible que se repitan casos como el que nos ocupa. Piénsese que hace dos años se robaron 300.000 dólares de la caja fuerte de un habitante de ese barrio privado.
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