28 Enero 2015
Las empresas que ejecutan obras públicas dicen que el Estado no paga los certificados vencidos desde hace un bimestre. “El atraso en los pagos de los certificados vencidos es de dos meses, dado que estos deben abonarse dentro de los 55 días de finalizado el mes según la Ley de Obras Públicas”, informó Alberto Guardia, ingeniero y presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción.
El dirigente empresarial manifestó que esa situación exigía a los contratistas solventar las obras cuatro meses con recursos propios o descontando los certificados en el sistema bancario. “Considerando que la tasa de interés bancario y la inflación se ubican entre el 30% y 40% anual, resulta económica y financieramente difícil sostener el ritmo de ejecución de las obras”, expresó en un correo electrónico que dirigió a este diario el 26 de enero, a propósito de la publicación del “Panorama Tucumano” dominical.
Este análisis firmado por Federico van Mameren, secretario de Redacción de LA GACETA, informaba que los empresarios de la obra pública llevaban meses sin ver dinero. “En épocas de campaña, eso les pone los pelos de punta porque no es la primera vez que cuando se acercan las elecciones, empiezan los faltantes de fondos que siempre llegaron en tiempo y forma desde la Nación”, indicó el autor de la columna dominical mencionada.
Factores perjudiciales
Guardia comentó que era usual que esta situación de demora o atraso se presente hacia el cierre del año: “dados los trámites administrativos de cierre del presupuesto anual y de habilitación del nuevo presupuesto de gastos públicos, tanto de la Nación como de la Provincia; las licencias estivales del personal administrativo y, en particular, un fin de 2014 con muy pocos días hábiles”.
El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción precisó que este conjunto de factores perjudiciales para el cumplimiento de las obligaciones habían afectado no sólo a las obras de viviendas, sino al conjunto de los trabajos públicos.
“Toda vez que se han presentado situaciones que alteran el ritmo de las obras, se han logrado superar las dificultades y proseguir con estas por medio de leyes, decretos y convenios”, recordó el ingeniero. A ese efecto, Guardia enumeró las leyes 7.966, 8.072, 8.172, 8.661 y 8.696, y manifestó que estas estaban entre las normas más importantes sancionadas con los objetivos de sortear los atrasos.
“En tal sentido, estamos planteando y consideramos medidas que tornen viable la prosecución y finalización de las obras en ejecución, y el inicio de las contratadas y en trámite de contratación”, anticipó. Guardia manifestó que en juego había un importante y necesario plan de obras públicas. El dirigente advirtió que estos proyectos generan trabajo genuino en forma directa para constructores, profesionales, obreros y proveedores. “Y cubren las necesidades de vivienda, salud, educación, seguridad y bienestar de la comunidad”, añadió.
El dirigente empresarial manifestó que esa situación exigía a los contratistas solventar las obras cuatro meses con recursos propios o descontando los certificados en el sistema bancario. “Considerando que la tasa de interés bancario y la inflación se ubican entre el 30% y 40% anual, resulta económica y financieramente difícil sostener el ritmo de ejecución de las obras”, expresó en un correo electrónico que dirigió a este diario el 26 de enero, a propósito de la publicación del “Panorama Tucumano” dominical.
Este análisis firmado por Federico van Mameren, secretario de Redacción de LA GACETA, informaba que los empresarios de la obra pública llevaban meses sin ver dinero. “En épocas de campaña, eso les pone los pelos de punta porque no es la primera vez que cuando se acercan las elecciones, empiezan los faltantes de fondos que siempre llegaron en tiempo y forma desde la Nación”, indicó el autor de la columna dominical mencionada.
Factores perjudiciales
Guardia comentó que era usual que esta situación de demora o atraso se presente hacia el cierre del año: “dados los trámites administrativos de cierre del presupuesto anual y de habilitación del nuevo presupuesto de gastos públicos, tanto de la Nación como de la Provincia; las licencias estivales del personal administrativo y, en particular, un fin de 2014 con muy pocos días hábiles”.
El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción precisó que este conjunto de factores perjudiciales para el cumplimiento de las obligaciones habían afectado no sólo a las obras de viviendas, sino al conjunto de los trabajos públicos.
“Toda vez que se han presentado situaciones que alteran el ritmo de las obras, se han logrado superar las dificultades y proseguir con estas por medio de leyes, decretos y convenios”, recordó el ingeniero. A ese efecto, Guardia enumeró las leyes 7.966, 8.072, 8.172, 8.661 y 8.696, y manifestó que estas estaban entre las normas más importantes sancionadas con los objetivos de sortear los atrasos.
“En tal sentido, estamos planteando y consideramos medidas que tornen viable la prosecución y finalización de las obras en ejecución, y el inicio de las contratadas y en trámite de contratación”, anticipó. Guardia manifestó que en juego había un importante y necesario plan de obras públicas. El dirigente advirtió que estos proyectos generan trabajo genuino en forma directa para constructores, profesionales, obreros y proveedores. “Y cubren las necesidades de vivienda, salud, educación, seguridad y bienestar de la comunidad”, añadió.
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