Por Roberto Espinosa
17 Enero 2015
Lo veo pensativo. No es para menos. Un nuevo año es un desafío de aciertos y desaciertos, de encuentros y desencuentros, de adioses y bienvenidas, de dichas y desdichas. Porque como decía su viejita, nadie tiene la vaca atada. Me imagino que los horóscopos le silban buenas noticias en este año de la cabra. “Tienes que ser más directo, no le des tantas vueltas a las cosas. Este año tendrás muy buenas oportunidades, no las desaproveches. Tienes que aprender a aceptar tus defectos e intentar corregirlos... piensa en ti y aprende a ser más independiente... toma tus propias decisiones basadas en tu experiencia”, vaticina una arúspice del diario ABC, a los militantes de este ciclo oriental que se iniciará el 19 de febrero.
Hace unos días, el titular subrogante de la Legislatura, suplente del vicegobernador, dijo que la ética pública no es un tema que le obsesione a sus pares. Son cinco los proyectos que aguardan, desde hace un tiempo, sortear las vallas de mesa de entradas del palacio de JJ, que prescriben la obligación de publicar el contenido de sus declaraciones juradas, la prohibición de los contratos entre el Estado y empresas de funcionarios públicos o de sus familiares directos. Se busca poner coto a una de las prácticas preferidas de nuestros gobernantes: el nepotismo. El tratamiento de ninguna de estas iniciativas figura en la agenda: “Quizás se lo pueda discutir en la comisión respectiva, y si hay acuerdo, se lo tratará. Pero no hay fecha. Sigue los carriles normales de cualquier proyecto”, afirmó. Es decir que una norma sobre la transparencia de los actos públicos, esencial en una democracia para el contralor de nuestros representantes, no es importante.
Desde 1973, tenemos la ley provincial N° 3.981, por la que los funcionarios están obligados a presentar declaraciones juradas al asumir en la función pública y a actualizarlas. Esos papeles tienen carácter secreto, de manera que se puede acceder solamente mediante un fallo judicial. Se deduce entonces que es improbable que un ciudadano común pueda acceder a esos documentos. Sí, tiene razón, hecha la ley, hecha la trampa.
¿Se le ocurrió imaginar en lo que podría devenir este querido Tucumán en manos de estos desinteresados patriotas? No se ría. En la mirada se le dibuja la sorna. Si esta casta se reciclara, podría retocar una vez más a esa madre de todos, a la que a menudo le faltan el respeto. En un acto de sincericidio, podría meter mano a fondo en la Constitución y crear, por ejemplo, la Dinastía de los Enriques. El gobernador recibiría el nombre honorífico de “Gran Jenri” (una suerte de british tucumanensis). La Legislatura sería la Cámara de los Quiques y cada banca sería heredada por los descendientes. Se incorporaría al presupuesto de los tres poderes el rubro “Gastos familiares y anexos”, sin obligación de rendir cuentas. De ese modo, no habría que contratar astrónomos, en el caso de que algún espíritu con sed de justicia intentara hurgar en cometas de todo tipo. La residencia en countries sería obligatoria, se otorgarían, por lo menos, cuatro vehículos de alta gama por familia, viajes gratuitos a cualquier destino. Parte de los fondos provendrían de ese famoso 82% móvil que nunca les pagaron a los jubilados provinciales, muchos de los cuales pasaron a otra vida sin que a ningún representante se les haya movido un pelo, empezando por su jefe.
“Es común que durante los años de la cabra todos los miembros de la familia busquen el modo de reunirse y reconciliarse. Algunos lo lograrán, otros solo despertarán más confusión y rencillas, pero al final de cuentas la intención es lo importante. Sean pacientes y aprendan a perdonar, esta oportunidad se repetirá dentro de 60 años, y ya para entonces puede ser demasiado tarde”, escribe Ludovica.
No me mire con desconfianza. Se preguntará seguramente qué tiene que ver la cabra con esta estirpe venerable de justos que quiere entrar por un agujero negro a la historia provincial. Esta administración llegó al poder en 2003 y se irá (¿se irá?) en 2015, años que corresponden a la chiva.
Habrá tomado nota que los Enriques han proliferado en los últimos lustros, tal vez porque en la función pública, pueden enriquecerse más rápidamente que en la privada.
Hace unos días, el titular subrogante de la Legislatura, suplente del vicegobernador, dijo que la ética pública no es un tema que le obsesione a sus pares. Son cinco los proyectos que aguardan, desde hace un tiempo, sortear las vallas de mesa de entradas del palacio de JJ, que prescriben la obligación de publicar el contenido de sus declaraciones juradas, la prohibición de los contratos entre el Estado y empresas de funcionarios públicos o de sus familiares directos. Se busca poner coto a una de las prácticas preferidas de nuestros gobernantes: el nepotismo. El tratamiento de ninguna de estas iniciativas figura en la agenda: “Quizás se lo pueda discutir en la comisión respectiva, y si hay acuerdo, se lo tratará. Pero no hay fecha. Sigue los carriles normales de cualquier proyecto”, afirmó. Es decir que una norma sobre la transparencia de los actos públicos, esencial en una democracia para el contralor de nuestros representantes, no es importante.
Desde 1973, tenemos la ley provincial N° 3.981, por la que los funcionarios están obligados a presentar declaraciones juradas al asumir en la función pública y a actualizarlas. Esos papeles tienen carácter secreto, de manera que se puede acceder solamente mediante un fallo judicial. Se deduce entonces que es improbable que un ciudadano común pueda acceder a esos documentos. Sí, tiene razón, hecha la ley, hecha la trampa.
¿Se le ocurrió imaginar en lo que podría devenir este querido Tucumán en manos de estos desinteresados patriotas? No se ría. En la mirada se le dibuja la sorna. Si esta casta se reciclara, podría retocar una vez más a esa madre de todos, a la que a menudo le faltan el respeto. En un acto de sincericidio, podría meter mano a fondo en la Constitución y crear, por ejemplo, la Dinastía de los Enriques. El gobernador recibiría el nombre honorífico de “Gran Jenri” (una suerte de british tucumanensis). La Legislatura sería la Cámara de los Quiques y cada banca sería heredada por los descendientes. Se incorporaría al presupuesto de los tres poderes el rubro “Gastos familiares y anexos”, sin obligación de rendir cuentas. De ese modo, no habría que contratar astrónomos, en el caso de que algún espíritu con sed de justicia intentara hurgar en cometas de todo tipo. La residencia en countries sería obligatoria, se otorgarían, por lo menos, cuatro vehículos de alta gama por familia, viajes gratuitos a cualquier destino. Parte de los fondos provendrían de ese famoso 82% móvil que nunca les pagaron a los jubilados provinciales, muchos de los cuales pasaron a otra vida sin que a ningún representante se les haya movido un pelo, empezando por su jefe.
“Es común que durante los años de la cabra todos los miembros de la familia busquen el modo de reunirse y reconciliarse. Algunos lo lograrán, otros solo despertarán más confusión y rencillas, pero al final de cuentas la intención es lo importante. Sean pacientes y aprendan a perdonar, esta oportunidad se repetirá dentro de 60 años, y ya para entonces puede ser demasiado tarde”, escribe Ludovica.
No me mire con desconfianza. Se preguntará seguramente qué tiene que ver la cabra con esta estirpe venerable de justos que quiere entrar por un agujero negro a la historia provincial. Esta administración llegó al poder en 2003 y se irá (¿se irá?) en 2015, años que corresponden a la chiva.
Habrá tomado nota que los Enriques han proliferado en los últimos lustros, tal vez porque en la función pública, pueden enriquecerse más rápidamente que en la privada.
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