Hay apoderados que representan a 36 partidos, pero desde 2015 deberán optar por uno solo

Sobre el inicio de un año en el cual se renovarán las autoridades ejecutivas y legislativas, la Junta Electoral Provincial (JEP) busca que los partidos políticos no sean tomados como meras herramientas para llegar a un cargo. El órgano de fiscalización de los comicios locales emitió una resolución que apunta, según explicó el secretario de la JEP, Darío Almaraz, a revalorizar las agrupaciones.

Según consta en los considerandos de la resolución N° 100/14, tras el control que periódicamente realiza la JEP se constató que numerosas fuerzas cuentan con un mismo apoderado legal. “Tenemos algunas situaciones de este tipo de hace varios años. Una persona se presenta como representante de 10, de 15, de 20 o de 25 partidos de un mismo municipio”, señaló Almaraz. A modo de anécdota, contó que en los últimos tiempos se dio el caso de una persona que actuaba como apoderado de 36 agrupaciones. A criterio del funcionario, tal situación sugiere una suerte de banalización de la institución. “Eventualmente, la persona defenderá intereses contrapuestos, máxime si esos partidos actúan en el mismo municipio, porque competirán por la misma categoría o cargo”, indicó.

Plazo

En concreto, la JEP emplazó a estos representantes para que se decidan por una fuerza. El órgano decidió: “ordenar a las personas que actúan como apoderados de varias agrupaciones políticas a que en un plazo de 30 días (...) opten por continuar su actuación en sólo una de ellas”. Si la persona no elige una determinada agrupación, la JEP lo hará por él, en forma compulsiva, según lo expresa el segundo punto de la resolución: “considerar, en caso de incumplimiento, a la primera presentación que realice el apoderado respecto a un partido como una manifestación de que ha decidido continuar su actuación como apoderado de ese partido, renunciando a los otros”. Además, se anuncia que las fuerzas que pretendan ser reconocidas en el futuro deberán adecuarse al contenido de esta normativa.

En los considerandos de la resolución también se recuerda el significado de las agrupaciones políticas. “Tanto la Constitución nacional (artículo 38°) como la provincial (artículo 43°, inciso 4°) reconocen a los partidos como ‘instituciones fundamentales del sistema democrático’ (...). En razón de la importancia de los partidos para (la democracia) se hace necesario controlar la actuación de los apoderados para impedir todas aquellas conductas que pudieran ocasionar algún perjuicio a las agrupaciones que representan”, dice el cuerpo del dictamen. “Con esta resolución, la JEP pretende revalidar, jerarquizar el partido, y que todos sus actores tengan validez”, añadió Almaraz a LA GACETA.

Precisó, sin embargo, que no debe entenderse el espíritu de la resolución N° 100/14 como un intento del órgano fiscalizador por injerir en la agrupación política. “La JEP no quiere avanzar sobre la vida institucional del partido, porque son libres, pero es posible direccionarlos: no diremos quién será el apoderado, pero sí el modo en que deben actuar”, dijo.

Sistema de acoples

Tras la reforma constitucional de 2006, la Carta Magna provincial estableció el régimen electoral de los acoples, que habilita a una agrupación política a anexar sus candidatos parlamentarios (para la Legislatura o para los Concejos Deliberantes) a algún postulante para cargo ejecutivo (gobernador o intendente). Tal sistema motivó que se incremente el número de partidos inscriptos para participar de los comicios. Según se desgrana de la resolución que intima a los “apoderados múltiples”, muchas de estas nuevas fuerzas -en especial, municipales- apelaron a una misma persona para que cumpla el rol de apoderado. Pero a criterio de Almaraz, en el fondo esta situación termina perjudicando a alguna fuerza. “Difícilmente un apoderado pueda defender los intereses de 35 partidos”, dijo. De hecho, también en los considerandos del dictamen se expresa: “las agrupaciones se ven perjudicadas porque el apoderado no puede perseguir el triunfo del interés de cada partido que representa; y en caso de apartarse temporariamente de la representación de uno de ellos también le ocasiona un perjuicio, porque le genera una situación desventajosa frente a los otros partidos”.

A modo de ejemplo, en la resolución la JEP cita la Ley N° 5.233, que regula el ejercicio de la profesión del abogado. Esta norma establece: “sin perjuicio de otras prohibiciones legales, los abogados no podrán patrocinar o asesorar a ambos litigantes en juicio simultánea o sucesivamente, aceptar la defensa de una parte si ya hubieran asesorado a la otra, o patrocinar o representar simultáneamente a partes contrarias”. El órgano precisa que la legislación electoral no contiene disposiciones de este tipo, y que no exige que el apoderado ostente el título de abogado, pero afirma: “estas leyes constituyen un parámetro válido ante el evidente conflicto de intereses que provoca el hecho de que un mismo apoderado represente distintas agrupaciones políticas”.

Almaraz contó una situación que, a su criterio, rayana lo absurdo. “En la JEP se dio el caso de un apoderado de varios partidos que no sólo presentó el mismo domicilio legal -que sería más comprensible, porque se trata de la misma persona-, sino que ubicó la sede de estos distintos partidos en una misma dirección. ¿Cómo es posible? Hay una desvalorización del partido”, manifestó el funcionario.