28 Diciembre 2014
CIFRAS. Por cada 100 pesos que produce una hectárea agrícola, en granos finos o gruesos, 83,4 pesos se los lleva el Estado, asegura FADA. reuters
El Estado se queda con el 83,4% promedio de la renta que deja una hectárea que en campo propio es cultivada con granos en concepto de retenciones e impuestos nacionales y provinciales. En el caso del trigo alcanza al 140%, según indicó la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).
La entidad -con su sede en la ciudad cordobesa de Río Cuarto- reportó así al concluir 2014 el impacto de los costos y la presión fiscal sobre los principales cultivos de la Argentina, como son la soja, el maíz, el trigo y el girasol. Dicho porcentaje se eleva por arriba del 73,6% registrado sobre esa actividad en diciembre de 2013 y según consignó David Miazzo, de FADA, con un nivel relevado del 83,4% de presión impositiva, se sale del promedio de los últimos seis años: se dio así la tormenta perfecta con caída de precios, dólar anclado y altos costos de intervención.
Según FADA, la participación en la renta de producir trigo alcanza al 140% y en el maíz representa un 97%.
La entidad explica así que al sumarse los impuestos nacionales, los gravámenes provinciales y los costos de intervención del mercado granario, por cada 100 pesos que produce una hectárea agrícola en la Argentina, tanto en granos finos como gruesos, “83,4 pesos se los lleva o los reasigna el Estado con sus políticas”.
A fines de 2013, la proporción rondaba los 73,6 pesos.
Según los especialistas de FADA, “la razón principal de que la participación del Estado en la renta agrícola sea elevada durante la última década es la existencia de los derechos de exportación (o retenciones), que aplican una alícuota al precio bruto de los commodities agrícolas, mientras que el resto de los impuestos, que también afectan a otros sectores de la economía, se imponen sobre la ganancia neta o, si se imponen sobre el precio bruto, son trasladables, como el caso del IVA”.
La entidad cordobesa comentó que el salto que se dio hasta setiembre pasado se explica principalmente en la caída de los precios de los principales granos, que recortaron hasta ese momento más de un 20% en dólares respecto de 2013.
En tanto que según el informe, el incremento que se constata en el caso desde setiembre último (cuando la participación estatal alcanzaba al 81,7% de la renta agrícola) hasta la actualidad se explica por un alza de los costos de intervención en los mercados de trigo y maíz.
El estudio refirió que los costos de intervención oficial son medidas como la diferencia entre el precio teórico que deberían tener los granos en el mercado interno (definido por el FAS teórico) y el precio al cual realmente se están comercializando (es decir, el precio disponible para su utilización inmediata).
Según FADA, una diferencia entre estos dos precios puede responder a una simple cuestión de oferta y demanda en el mercado, pero históricamente esta diferencia ha estado por debajo del 10%. La entidad recordó que con la introducción de los ROES en 2008 para evitar desabastecimiento de productos en el mercado interno provocó una caída en los precios internos y esto termina por “desincentivar la producción”. “El caso del trigo es el ejemplo perfecto de cómo una política como esta termina generando efectos contrarios a los buscados”, reconocen los especialistas.
La entidad -con su sede en la ciudad cordobesa de Río Cuarto- reportó así al concluir 2014 el impacto de los costos y la presión fiscal sobre los principales cultivos de la Argentina, como son la soja, el maíz, el trigo y el girasol. Dicho porcentaje se eleva por arriba del 73,6% registrado sobre esa actividad en diciembre de 2013 y según consignó David Miazzo, de FADA, con un nivel relevado del 83,4% de presión impositiva, se sale del promedio de los últimos seis años: se dio así la tormenta perfecta con caída de precios, dólar anclado y altos costos de intervención.
Según FADA, la participación en la renta de producir trigo alcanza al 140% y en el maíz representa un 97%.
La entidad explica así que al sumarse los impuestos nacionales, los gravámenes provinciales y los costos de intervención del mercado granario, por cada 100 pesos que produce una hectárea agrícola en la Argentina, tanto en granos finos como gruesos, “83,4 pesos se los lleva o los reasigna el Estado con sus políticas”.
A fines de 2013, la proporción rondaba los 73,6 pesos.
Según los especialistas de FADA, “la razón principal de que la participación del Estado en la renta agrícola sea elevada durante la última década es la existencia de los derechos de exportación (o retenciones), que aplican una alícuota al precio bruto de los commodities agrícolas, mientras que el resto de los impuestos, que también afectan a otros sectores de la economía, se imponen sobre la ganancia neta o, si se imponen sobre el precio bruto, son trasladables, como el caso del IVA”.
La entidad cordobesa comentó que el salto que se dio hasta setiembre pasado se explica principalmente en la caída de los precios de los principales granos, que recortaron hasta ese momento más de un 20% en dólares respecto de 2013.
En tanto que según el informe, el incremento que se constata en el caso desde setiembre último (cuando la participación estatal alcanzaba al 81,7% de la renta agrícola) hasta la actualidad se explica por un alza de los costos de intervención en los mercados de trigo y maíz.
El estudio refirió que los costos de intervención oficial son medidas como la diferencia entre el precio teórico que deberían tener los granos en el mercado interno (definido por el FAS teórico) y el precio al cual realmente se están comercializando (es decir, el precio disponible para su utilización inmediata).
Según FADA, una diferencia entre estos dos precios puede responder a una simple cuestión de oferta y demanda en el mercado, pero históricamente esta diferencia ha estado por debajo del 10%. La entidad recordó que con la introducción de los ROES en 2008 para evitar desabastecimiento de productos en el mercado interno provocó una caída en los precios internos y esto termina por “desincentivar la producción”. “El caso del trigo es el ejemplo perfecto de cómo una política como esta termina generando efectos contrarios a los buscados”, reconocen los especialistas.
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