25 Diciembre 2014
El acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobernadores de las provincias productoras de petróleo para que baje el precio de los combustibles en un 5% a partir del 1 de enero ha generado satisfacción en el público y en varios sectores de la economía, y preocupación en otros. Se trata de una medida inesperada, aunque lógica, habida cuenta del sostenido descenso del 55% que ha tenido el precio del barril de petróleo a nivel internacional, que pone en debate la compleja estructura del funcionamiento de nuestra economía.
Por un lado, la medida tiene impacto netamente favorable en el corto plazo, según analizó el Estudio Bein & Asociados: reduce la brecha de divisas energética, contribuye a moderar el agujero fiscal y amortigua las presiones inflacionarias por la estabilización en el precio de las naftas, que dejan de subir luego de acumular un aumento de casi 40% en lo que va del año. Hay una menor presión implícita en el reacomodamiento pendiente de precios relativos. Esto es una buena noticia para aquellos sectores que tienen un importante peso del transporte y el flete en su estructura de costos. En este sentido, se destacan el sector logístico pero también el agropecuario, las economías regionales y los productos de consumo masivo (como alimentos, bebidas, productos de cuidado personal, etcétera) que se distribuyen por todo el país. En este sentido, la Sociedad Rural de Tucumán ha destacado que, aunque es difícil determinar la incidencia global de la rebaja en los costos de la campaña de granos gruesos, ya que la gran mayoría los ruralistas ya ha hecho su previsión para las tareas de siembra, fumigación y cultivos en general, la medida es positiva ya que el combustible representa un 20% del total de los costos del sector agropecuario. Finalmente, el público consumidor se beneficia y esto incide -en la visión del Gobierno- en una suma de “$ 2.000 millones en un año que se vuelca a la economía real”, como dijo el ministro de Planificación.
Sin embargo, por otro lado, impactará en los planes de los proveedores de la industria petrolera y sus sustitutos, debido a la ralentización de la inversión en exploración y producción de hidrocarburos. En este sentido, hubo reticencias en YPF acerca de las inversiones y la Cámara de Estaciones de Servicio ha expresado preocupación porque su estructura de costos es muy elevada y sufrió fuertes aumentos en los últimos meses, lo cual determina que el margen de ganancia se achica demasiado. Para ellos la salida estaría en una reducción impositiva y de retenciones, de lo cual han hablado los funcionarios, aunque sin dar demasiadas precisiones.
La explicación de lo que sucede radica en la distorsión -según el reporte de Bein& Asociados- tanto en gas (en el cual este año los aumentos al consumo residencial alcanzaron en promedio 280%) como en energía eléctrica (en la que la necesidad de recomponer las tarifas se reduciría de 9 veces a algo más parecido a 7, una vez que el precio de importación del gas y/o sus sustitutos empiecen a reflejar la caída en el precio del petróleo). Los precios del combustible en el país no siguen los vaivenes internacionales. Los expertos calculan que casi el 50% del valor de la nafta se debe a la carga impositiva y la maraña fiscal distorsiona toda la estructura económica, lo cual incide en el cortoplacismo de la política de combustibles.
El beneficio de la baja, en consecuencia, es relativo porque no se aplica en forma consecuente una reducción en el costo de los insumos. La baja parece más coyuntural y simbólica.
Posiblemente, de esta situación novísima, que resulta beneficiosa para algunos sectores, deban sacarse varias conclusiones. La primera es la necesidad de reflexión acerca de las distorsiones con que funciona nuestra economía; otra, la revisión de la estructura de costos impositivos para alentar la producción y las condiciones para invertir. Y eso requiere un amplio debate, que acaso el Gobierno y los factores de la producción, a partir de ahora, estén dispuestos a encarar.
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