17 Diciembre 2014
A $ 16. Los usuarios tienen inconvenientes para conseguir el producto establecido mediante acuerdo federal. la gaceta / foto de analía jaramillo (archivo)
El año se termina y en Tucumán aún persisten las dificultades para encontrar gas envasado a $ 16, en garrafas de 10 kilos, tal como establece el plan nacional “Garrafas para todos”. Las empresas distribuidoras, que le venden al público y a los comercios minoristas afirman que el problema se debe a dos razones: el retraso del pago de los subsidios del Estado nacional y la proliferación, en todo el país, de distribuidoras clandestinas que especulan con la provisión y que no respetan los precios del programa oficial. Además, señaló que los comerciantes reciben una ganancia mínima por comerciar los envases al precio social. El Acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), vigente desde 2008, determina que las garrafas de 10 kilos deben comercializarse a $ 16; las de 12 kilos, a $ 20; y las de 15 kilos, a $ 25. Sin embargo, según pudo constatar LA GACETA, los envases a precios convenidos escasean en Tucumán. Esto lleva a que los usuarios paguen entre $ 50 y $ 100 por las garrafas.
El gerente de la Cámara de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas), Eduardo Neagoe, explicó que desde julio, el Estado dejó de enviar la porción del subsidio que le corresponde a las empresas distribuidoras. “Esto genera graves problemas financieros para las empresas que, en su mayoría, son familiares, con 10 o 12 empleados”, argumentó.
El directivo subrayó que al retraso en el envío de los fondos, que en la mayoría de los casos se originó en julio pasado, se suma la falta de una actualización de esos montos, que permita a los distribuidores cubrir la suba de sus costos operativos. “Por la inflación y por los aumentos salariales, el costo de los empleados creció el 15%. El acuerdo con el Gobierno determina que esos reajustes deben ser reconocidos, para no afectar la rentabilidad. Así peligran 1.800 puestos de trabajo”, advirtió Neagoe.
Este año, el Estado presupuestó $ 1.800 millones para subsidiar el precio del gas envasado y distribuyó esta cifra entre los eslabones de la cadena: productores de GLP (empresas petroleras), fraccionadores (que compran el gas a los productores y lo envasan en las garrafas) y distribuidores (que reciben los envases de los fraccionadores y se los venden a los comercios minoristas y al público). En 2015, el valor total del subsidio será de $ 2.600 millones. Sin embargo, según el gerente de Cadigas, el sistema no funciona correctamente. “Primero, porque los usuarios no consiguen la garrafa al precio social y, segundo, porque proliferaron empresas clandestinas que no respetan los valores convenidos y que afectan a las que trabajan de manera formal”, cuestionó.
Sobre este punto, Neagoe remarcó que, según la Secretaría de Energía de la Nación, en el país hay 334 firmas clandestinas que distribuyen garrafas. Esto -agregó- equivale al 65% de las empresas del sector. “En Cadigas, hay 180 firmas registradas que no reciben el subsidio”, criticó. Además, reconoció que el área de distribución es la que concentra las mayores irregularidades. “No hay producción ni fraccionamiento clandestinos. Pero en la distribución la mayoría de las empresas son irregulares, y hay inescrupulosos que les proveen garrafas para vender”, criticó.
El gerente de Cadigas afirmó que el Estado, debería otorgar los subsidios a los usuarios de garrafas, y no a la cadena de producción y de comercialización de los envases. “Nosotros no estuvimos de acuerdo con esto porque se distorsionan los precios, y es muy difícil controlar, sobre todo a los comercios minoristas”, analizó. Recalcó que los precios internos son los mismos desde 2008. El plan nacional establece que los productores deben vender a los fraccionadores el gas a granel a $ 1 la garrafa de 10 kilos. A su vez, los fraccionadores deben comercializar este envase a $ 5 a los distribuidores, que luego deberán venderlo a $ 16 a los usuarios, y a $ 15 los comercios minoristas.
Consultado sobre por qué los comercios no respetan el precio social, Neagoe explicó: “si un comerciante compra una garrafa a $ 15 para venderla a $ 16, al descontar los tributos que se aplican (IVA, Ingresos Brutos e Impuesto al Cheque) le quedan $ 0,22 centavos de ganancias. Es imposible que se respete el precio porque pierde”.
El gerente de la Cámara de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas), Eduardo Neagoe, explicó que desde julio, el Estado dejó de enviar la porción del subsidio que le corresponde a las empresas distribuidoras. “Esto genera graves problemas financieros para las empresas que, en su mayoría, son familiares, con 10 o 12 empleados”, argumentó.
El directivo subrayó que al retraso en el envío de los fondos, que en la mayoría de los casos se originó en julio pasado, se suma la falta de una actualización de esos montos, que permita a los distribuidores cubrir la suba de sus costos operativos. “Por la inflación y por los aumentos salariales, el costo de los empleados creció el 15%. El acuerdo con el Gobierno determina que esos reajustes deben ser reconocidos, para no afectar la rentabilidad. Así peligran 1.800 puestos de trabajo”, advirtió Neagoe.
Este año, el Estado presupuestó $ 1.800 millones para subsidiar el precio del gas envasado y distribuyó esta cifra entre los eslabones de la cadena: productores de GLP (empresas petroleras), fraccionadores (que compran el gas a los productores y lo envasan en las garrafas) y distribuidores (que reciben los envases de los fraccionadores y se los venden a los comercios minoristas y al público). En 2015, el valor total del subsidio será de $ 2.600 millones. Sin embargo, según el gerente de Cadigas, el sistema no funciona correctamente. “Primero, porque los usuarios no consiguen la garrafa al precio social y, segundo, porque proliferaron empresas clandestinas que no respetan los valores convenidos y que afectan a las que trabajan de manera formal”, cuestionó.
Sobre este punto, Neagoe remarcó que, según la Secretaría de Energía de la Nación, en el país hay 334 firmas clandestinas que distribuyen garrafas. Esto -agregó- equivale al 65% de las empresas del sector. “En Cadigas, hay 180 firmas registradas que no reciben el subsidio”, criticó. Además, reconoció que el área de distribución es la que concentra las mayores irregularidades. “No hay producción ni fraccionamiento clandestinos. Pero en la distribución la mayoría de las empresas son irregulares, y hay inescrupulosos que les proveen garrafas para vender”, criticó.
El gerente de Cadigas afirmó que el Estado, debería otorgar los subsidios a los usuarios de garrafas, y no a la cadena de producción y de comercialización de los envases. “Nosotros no estuvimos de acuerdo con esto porque se distorsionan los precios, y es muy difícil controlar, sobre todo a los comercios minoristas”, analizó. Recalcó que los precios internos son los mismos desde 2008. El plan nacional establece que los productores deben vender a los fraccionadores el gas a granel a $ 1 la garrafa de 10 kilos. A su vez, los fraccionadores deben comercializar este envase a $ 5 a los distribuidores, que luego deberán venderlo a $ 16 a los usuarios, y a $ 15 los comercios minoristas.
Consultado sobre por qué los comercios no respetan el precio social, Neagoe explicó: “si un comerciante compra una garrafa a $ 15 para venderla a $ 16, al descontar los tributos que se aplican (IVA, Ingresos Brutos e Impuesto al Cheque) le quedan $ 0,22 centavos de ganancias. Es imposible que se respete el precio porque pierde”.
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