Argentina y los índices mundiales sobre corrupción

13 Dic 2014

La corrupción sigue siendo un espectro que acecha dolorosamente a la Argentina. El informe anual que difunde la ONG Transparencia Internacional reveló días atrás que los países más corruptos del mundo son Somalía, Corea del Norte y Sudán, que comparten la posición 174 en el ranking. En el otro extremo, Dinamarca encabeza el primer puesto de la lista: es el país más transparente del mundo. Mientras que Chile y Uruguay -que se encuentran en el lugar 21- aparecen como los menos corruptos de América Latina. Argentina, en cambio, retrocedió otro puesto en sólo un año de evaluación y pasó del lugar 106 al 107 sobre el total 175 países evaluados por Transparencia Internacional. Está por debajo de México que, a pesar de los graves problemas de inseguridad y violencia vinculada al narcotráfico, se ubica en el lugar 103. Estos resultados deberían bastar para inquietarnos. Sin embargo, hay más, sobre todo si se compara estos datos con los de hace una década atrás. En 2004 la Argentina se ubicaba en el puesto 70, de un total de 102 países evaluados. Como se ve, en esta década no se ha ganado mucho en materia de transparencia. Por el contrario, hemos retrocedido.

¿Cuál es la explicación? Según Pablo Secchi, director Ejecutivo de Poder Ciudadano (que es la columna argentina de Transparencia Internacional), el “estancamiento” que experimenta la Argentina en esta materia está relacionado con dos situaciones. “En primer lugar, la ausencia en nuestro país de políticas anticorrupción, que se reflejan en los inactivos organismos de control -afirmó-. Y en segundo lugar, se percibe un alto nivel de impunidad”, opinó en La Nación.

Los partidos políticos, los funcionarios públicos, el Congreso, la policía y el Poder Judicial figuran al tope de las instituciones percibidas como más corruptas, seguidas en orden decreciente por el empresariado, los medios, los credos, los militares, los servicios médicos y de salud, y el sistema educativo, frente a las más respetadas, como son las ya mencionadas organizaciones no gubernamentales (ONG). En la base de esta percepción está la idea de que no hay voluntad en las autoridades de acabar con la corrupción. O al menos de bajar su incidencia en nuestra sociedad. Porque es difícil hablar de corrupción sin partir de una noción correcta respecto de su gravitación sobre los otros capítulos -el de la inseguridad, por ejemplo-, que provocan las principales inquietudes ciudadanas. Es razonable conjeturar que la desprotección física que siente la población difícilmente habría llegado a los niveles actuales si los grupos delictivos de todo tipo, incluyendo las mafias de narcotraficantes que parecen estar echando raíces en todas partes del país, no hubieran encontrado una tierra fértil ante la ausencia de Estado.

¿Qué debemos hacer entonces? La respuesta es simple, aunque la solución parezca compleja: el cambio nunca vendrá de la mano de ningún índice, sino de la voluntad política de las autoridades por respetar y hacer respetar las instituciones, por dejar trabajar libremente a los organismos de control y a la Justicia, por brindar la información estatal cuando ésta es requerida, por impulsar legislación que responsabilice a los funcionarios de sus actos, fortalecer la independencia de la Justicia y apoyar la libertad de expresión. Pasa, finalmente, por fomentar, desde la cima del poder, la cultura de la transparencia que, en definitiva, no es otra que la cultura de la legalidad.

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