El mayor riesgo de gobernabilidad que enfrenta la Argentina

INVESTIGACIÓN

EL PODER NARCO

EUGENIO BURZACO Y SERGIO BERENSZTEIN

(Sudamericana – Buenos Aires)

El modelo analítico para evaluar un país según sea un territorio de “tránsito” o “productor” de narcóticos ha perimido. Organismos especializados y académicos usan un modelo que combina: a) el grado de evolución del negocio en el país; b) el impacto sobre el marco institucional; c) la relación de las organizaciones criminales con el Estado; d) la percepción y el impacto generados por las drogas ilegales y el narcotráfico sobre la sociedad; y e) el rol territorial que ejercen las bandas.

Sobre esta base se habla de tres etapas de evolución en un país donde ya se instaló el cáncer social del narcotráfico. La primera fase es la “predatoria”, que la Argentina atravesó durante los 80 y los 90. Se caracteriza por la penetración de las redes del narcotráfico y su afianzamiento territorial, mediante la lucha violenta por el monopolio de la distribución y la producción en una zona. Con ella se inicia una lenta cooptación de figuras intermedias del Estado para conseguir inmunidad: policías, comisarios, funcionarios judiciales... Hay también un impacto sobre la política, porque el narcotráfico es facilitador de droga y dinero para punteros. Las organizaciones criminales y los mercados ilegales no funcionarían sin la tolerancia de las fuerzas gubernamentales.

La segunda fase es la “parasitaria”, en la cual la Argentina se adentró en los últimos años. Se consolidan las bandas locales, que usan más violencia, establecen territorios sin ley y controlan la vida de sus habitantes, gracias a una presencia nula del Estado. A la par, se da una legitimación social del accionar de estas bandas, que distribuyen beneficios materiales y ganan influencia política y económica. Según la ONU, después de los países productores (Colombia, México, Perú y Bolivia) y de Brasil, la Argentina es el país donde más laboratorios se decomisan en América Latina.

La terera fase es la “simbiótica”: el poder narco coexiste, amenaza y, en no pocos casos, domina el Estado. Así surgen los “Estados Fallidos”.

El diagnóstico es sólo un apéndice de El poder narco, el libro de Eugenio Burzaco (ex diputado nacional y ex jefe de la Policía Metropolitana) y Sergio Berensztein (politólogo, co-fundador de Poliarquía y columnista de LA GACETA), que acaba de publicar Sudamericana. La obra pinta un cuadro angustiante de la penetración del narcotráfico en la Argentina, respecto del cual la sociedad luce anestesiada, mientras el Estado no parece alarmado.

Bestiario
El libro está organizado en siete capítulos (más Conclusiones). Cada uno presenta una historia real basada en casos judiciales, a la cual le suceden dos análisis: uno de carácter conceptual y otro de síntesis. Los casos que toca desnudan situaciones espeluznantes. El libro es la antología de la inutilidad y la complicidad de las fuerzas argentinas para combatir el poder narco.

Un ejemplo acabado es el “la matanza de Unicenter”, donde fueron acribillados Héctor Edilson Duque Ceballos, alias Monoteto, y Jorge Quinteros Gartner, el 24 de julio de 2008. El sobreviviente, Julián Jiménez Jaramillo, pasó un mes custodiado en un hotel y declaró que no podía identificar a los atacantes. Al día siguiente volvió a Colombia. Luego, la pericia balística determinó que ningún balazo estaba dirigido a Jiménez Jaramillo. Las cámaras de seguridad lo mostraron dando la señal para que los sicarios actuaran. Pasó, entonces, a ser acusado de entregador y la Justicia pidió a Colombia información sobre él. “La respuesta fue sorprendente: Jiménez Jaramillo no figuraba en ninguna de las bases de datos oficiales de identificación de personas”.

Pero no sólo sicarios y narcos entran y salen del país con pasmosa impunidad. Lo testimonia “el triple crimen de General Rodríguez”: los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, el 7 de agosto de 2008. Detrás de las ejecuciones está el negocio de la efedrina, consistente en la importación a entre 90 y 120 dólares el kilo, para luego venderla a los carteles mexicanos que elaboran metanfetaminas por 10.000 dólares el kilo. “En 2005 la Argentina importó 4.000 kilos de efedrina; al año siguiente, 10.000 kilos; en 2007, 19.000 kilos. En 2008, hasta el ‘triple crimen’, habían ingresado 11.000 kilos”. Nunca nadie se preguntó cómo un país sin industria de medicamentos plenamente desarrollada llegó a convertirse en el tercer consumidor mundial de efedrina.

Esas cifras corresponden a la Sedronar y, precisamente, otro capítulo refiere a la trágica suerte de ese organismo que nació con doble propósito: la prevención del consumo y el tratamiento de las adicciones, y la formulación de políticas contra el narcotráfico. En contraste con su misión, sólo sufrió una progresiva desfinanciación, cuando no el quite de colaboración de las fuerzas de seguridad de la Nación, como ocurrió durante la feroz pelea entre José Ramón Granero, al frente de la institución, y el varias veces ministro Aníbal Fernández.

Por si no alcanza, está el capítulo referido al “narcoavión” de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá. “Nombres de ministros, gobernadores e intendentes aparecen en Wikileaks. Apodos y nombres surgen en desgrabaciones y fallos de casos relevantes. Estas menciones, no obstante, no son suficientes para nombrarlos en este libro ya que no hay investigaciones serias detrás”.

Apocalipsis
El poder narco no se agota en la advertencia sobre la penetración del narcotráfico que denuncian sus páginas. Es, también, un libro de oposición fundada contra las políticas de legalización del consumo de algunas drogas, como la marihuana, establecida recientemente en Uruguay, y de la que ya había avances en Europa y los EEUU. “Muchos países que avanzaron en la legalización volvieron sobre sus pasos frente a la evidencia empírica de que, lejos de acotarse, el problema había escalado y desmadrado la infraestructura sanitaria. Aprendamos en esa experiencia”.

En el capítulo Narcos vip, Burzaco y Berensztein rebaten las tesis vinculadas a que la marihuana es una droga que no provoca daños físicos. Las razones van desde los altísimos costos para el sistema de salud pública hasta el nulo efecto en la reducción de la violencia de las redes narco; pasando por el hecho de que los “porros” actuales quintuplican la concentración de THC (tetrahidrocannabinol) y por las consecuencias en la salud corporal y mental de los consumidores. Todo ello, pese a que la marihuana es percibida como una droga socialmente aceptada.

En esa aceptación social machaca el análisis del capítulo Rosario, escenario inesperado de una sangrienta guerra narco. Apenas el 1% de la población identifica espontáneamente a las drogas como el principal problema del país, muy por detrás de la inseguridad, la inflación, la corrupción, el desempleo, la pobreza y los servicios públicos. Sólo cuando los encuestados son puestos a evaluar explícitamente la gravedad de cada problema, cobran conciencia y cuatro de cada cinco creen que el narcotráfico (83%) y el consumo de drogas (82%) son “muy graves” en nuestro país.

Por cierto, a medida que aumenta la edad de los entrevistados, crece la preocupación y la gravedad asignada al flagelo. Sin embargo, esa alarma decrece a medida que se eleva el nivel educativo. O sea, cuanto más preparados, menos angustiados. Es decir, cuanto más baja es la instrucción, más alta es la preocupación por el narcotráfico. Léase, los más pobres son quienes más sufren el flagelo: es parte de su vida cotidiana.

En otras palabras, el poder narco no es sólo un drama social: conforma la amenaza de gobernabilidad más significativa que enfrenta la Argentina en su historia reciente.

© LA GACETA
ALVARO JOSÉ AURANE