Por Roberto Delgado
05 Diciembre 2014
La difusión de las estadísticas de homicidios dolosos de 2013 ha pasado sin pena ni gloria, a pesar de que la cifra de 112 muertes para Tucumán es muy preocupante: no sólo duplica la media de la provincia (unos 60 homicidios anuales) sino que nos coloca en un nivel inquietante (con 7,8 homicidios cada 100.000 habitantes), que se agrava sustancialmente si se considera la cantidad en la zona que abarca el Centro Judicial Capital (92), lo que daría una tasa de 13,1, lo cual debería ser más que inquietante.
Pese a la contundencia de la cifra, las respuestas de los funcionarios han sido casi como de alivio, acaso porque se ampararon en las declaraciones del ministro de la Corte Suprema nacional, Eugenio Zaffaroni, que considera que Argentina está en una situación “de privilegio”, porque con su nivel de 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes no se compara con otros países latinoamericanos (México, 27, Brasil, 20) o africanos. Un título favorable a Zaffaroni en un diario porteño destacó “Un informe para refutar el alarmismo” y destacó las palabras del vocal de la Corte: “Alguien tiene que poner un poco de distancia, es necesario ubicarnos dónde estamos, y estamos en una región altamente violenta. Somos privilegiados en la región, pero esto no significa que no tengamos que bajar nuestras zonas calientes”. Para él, Tucumán integra un lote de provincias con un promedio escaso de homicidios.
Siguiendo el análisis zaffaroniano, el ministro de Gobierno y Seguridad, Jorge Gassenbauer, dijo que “la tasa es relativamente baja”. El secretario de Seguridad, Paul Hofer, hizo su propia separación de la paja del trigo al destacar que “lo directamente vinculado a las acciones policiales son los homicidios en ocasión de robo, que representan el 21% del total”. Luego hizo una lectura más fina y estimó que eso daría 1,56 homicidios (en ocasión de robo) cada 100.000 habitantes. Hofer agregó que se cruzarán esos datos con el mapa del delito que, afirma, elabora la Policía, y que le permite actuar y detener a 400 personas por mes y secuestrar 1.400 vehículos.
Después todo fue silencio, o en todo caso no se escucharon bien opiniones opositoras. ¿Preocupa o no la duplicación de casos de homicidio? ¿Qué creen que ocurrirá cuando se contabilicen los datos de 2014, que podrían superar también los 100? La última semana ha sido bastante inquietante, con cuatro muertes: un joven muerto a golpes en Alderetes; un hombre apuñalado por su sobrino en barrio Alberdi; un joven que jugaba con un arma y mató a un amigo en el barrio Seoc 3 y un adolescente que mató de un balazo a una vecina de barrio Ampliación Victoria.
Como ninguno de estos episodios se puede catalogar “en ocasión de robo”, no entraría en la estadística que importa a los funcionarios de seguridad, razón por la que tampoco sabemos si con eso se analiza la violencia en la provincia. Pero la tasa de homicidios, que tiene baja cifra negra (casi todos estos casos se denuncian), es la que permite comenzar a esbozar estudios serios y establecer políticas de seguridad. Permite realmente separar la paja del trigo. La usa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para hacer sus informes de seguridad.
Y esa tasa se ha duplicado en nuestra provincia. El silencio avala el uso de la teoría del privilegio de Zaffaroni en Tucumán. El jurista la usa, entre otras cosas, por su lógica política que descomprime la responsabilidad del poder y que muestra que, en medio de cifras contundentes, puede hacerse una lectura parcial. Bien dice el sociólogo Alberto Montbrun, ex asesor de seguridad en Mendoza, que “en seguridad pública, si uno aprieta bastante a una estadística le hace decir cualquier cosa”. Mendoza tuvo, hace una década, una experiencia fuerte, cuando al comenzar a hacer relevamientos serios sobre homicidios y delitos y elevarse la cifra hacia datos más acordes con la realidad, esto afectó la imagen de una provincia que apostaba al turismo. Por eso esas estadísticas dejaron de hacerse.
Algo parecido ha pasado a nivel nacional con los relevamientos de la Dirección Nacional de Política Criminal (en cuya página pueden leerse apenas datos generales hasta 2009). También genera preguntas esta estadística de la Corte Suprema, que abarca sólo algunas provincias y además no tiene especificidades geográficas, sino que está hecha por centros judiciales.
El relevamiento es, no obstante, un comienzo. ¿Será continuado, tras la partida del renunciado Zaffaroni? ¿Se extenderá hacia todo el país? ¿Se usará un método racional para estudiarlo? Acaso el informe pueda servir para “refutar el alarmismo”, pero no se entiende qué valor tiene la comparación con países que están en el infierno y no con nuestro propio y precario historial estadístico. Por eso no han generado alarma los 112 homicidios de 2013, pese a que bien podrían ser una especie de muestra del camino a los infiernos. Según quién los estudie, claro.
Pese a la contundencia de la cifra, las respuestas de los funcionarios han sido casi como de alivio, acaso porque se ampararon en las declaraciones del ministro de la Corte Suprema nacional, Eugenio Zaffaroni, que considera que Argentina está en una situación “de privilegio”, porque con su nivel de 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes no se compara con otros países latinoamericanos (México, 27, Brasil, 20) o africanos. Un título favorable a Zaffaroni en un diario porteño destacó “Un informe para refutar el alarmismo” y destacó las palabras del vocal de la Corte: “Alguien tiene que poner un poco de distancia, es necesario ubicarnos dónde estamos, y estamos en una región altamente violenta. Somos privilegiados en la región, pero esto no significa que no tengamos que bajar nuestras zonas calientes”. Para él, Tucumán integra un lote de provincias con un promedio escaso de homicidios.
Siguiendo el análisis zaffaroniano, el ministro de Gobierno y Seguridad, Jorge Gassenbauer, dijo que “la tasa es relativamente baja”. El secretario de Seguridad, Paul Hofer, hizo su propia separación de la paja del trigo al destacar que “lo directamente vinculado a las acciones policiales son los homicidios en ocasión de robo, que representan el 21% del total”. Luego hizo una lectura más fina y estimó que eso daría 1,56 homicidios (en ocasión de robo) cada 100.000 habitantes. Hofer agregó que se cruzarán esos datos con el mapa del delito que, afirma, elabora la Policía, y que le permite actuar y detener a 400 personas por mes y secuestrar 1.400 vehículos.
Después todo fue silencio, o en todo caso no se escucharon bien opiniones opositoras. ¿Preocupa o no la duplicación de casos de homicidio? ¿Qué creen que ocurrirá cuando se contabilicen los datos de 2014, que podrían superar también los 100? La última semana ha sido bastante inquietante, con cuatro muertes: un joven muerto a golpes en Alderetes; un hombre apuñalado por su sobrino en barrio Alberdi; un joven que jugaba con un arma y mató a un amigo en el barrio Seoc 3 y un adolescente que mató de un balazo a una vecina de barrio Ampliación Victoria.
Como ninguno de estos episodios se puede catalogar “en ocasión de robo”, no entraría en la estadística que importa a los funcionarios de seguridad, razón por la que tampoco sabemos si con eso se analiza la violencia en la provincia. Pero la tasa de homicidios, que tiene baja cifra negra (casi todos estos casos se denuncian), es la que permite comenzar a esbozar estudios serios y establecer políticas de seguridad. Permite realmente separar la paja del trigo. La usa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para hacer sus informes de seguridad.
Y esa tasa se ha duplicado en nuestra provincia. El silencio avala el uso de la teoría del privilegio de Zaffaroni en Tucumán. El jurista la usa, entre otras cosas, por su lógica política que descomprime la responsabilidad del poder y que muestra que, en medio de cifras contundentes, puede hacerse una lectura parcial. Bien dice el sociólogo Alberto Montbrun, ex asesor de seguridad en Mendoza, que “en seguridad pública, si uno aprieta bastante a una estadística le hace decir cualquier cosa”. Mendoza tuvo, hace una década, una experiencia fuerte, cuando al comenzar a hacer relevamientos serios sobre homicidios y delitos y elevarse la cifra hacia datos más acordes con la realidad, esto afectó la imagen de una provincia que apostaba al turismo. Por eso esas estadísticas dejaron de hacerse.
Algo parecido ha pasado a nivel nacional con los relevamientos de la Dirección Nacional de Política Criminal (en cuya página pueden leerse apenas datos generales hasta 2009). También genera preguntas esta estadística de la Corte Suprema, que abarca sólo algunas provincias y además no tiene especificidades geográficas, sino que está hecha por centros judiciales.
El relevamiento es, no obstante, un comienzo. ¿Será continuado, tras la partida del renunciado Zaffaroni? ¿Se extenderá hacia todo el país? ¿Se usará un método racional para estudiarlo? Acaso el informe pueda servir para “refutar el alarmismo”, pero no se entiende qué valor tiene la comparación con países que están en el infierno y no con nuestro propio y precario historial estadístico. Por eso no han generado alarma los 112 homicidios de 2013, pese a que bien podrían ser una especie de muestra del camino a los infiernos. Según quién los estudie, claro.
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