03 Diciembre 2014
El sonido de las cadenas y el del portón abriéndose eran el preludio del terror. Agustín Narvaja, detenido en Villa Urquiza en 1976, insistió ayer una y otra vez en que nunca olvidará los ruidos que precedían la llegada de la “patota” de guardiacárceles al pabellón. “Me enteraba de que era el mediodía, porque traían una sopa; que era la tarde, porque traían el mate cocido; y que era de noche, porque nos daban otro plato de sopa. Cuando sentía las cadenas fuera de esos momentos, era para asustarse. Nada bueno venía”, lamentó.
Narvaja, que en aquel entonces era estudiante de ingeniería y había militado en la Juventud Peronista (JP), declaró ayer en el juicio por la megacausa “Villa Urquiza”, en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos contra presos políticos en el centro clandestino de detención que funcionó en la penitenciaría provincial entre 1975 y 1983.
El testigo relató que había sido secuestrado en la Banda de Río Salí y que pasó por los centros clandestinos de la escuela “República de Perú”, de El Palomar, y la Jefatura de Policía. Llegó a la penitenciaría en febrero de 1976.
En su declaración, precisó que las condiciones de detención se endurecieron a partir del Golpe de Estado: se prohibieron las visitas y los maltratos eran constantes. “Comenzó a circular el director Marcos Hidalgo y su lugarteniente, el cabo (Miguel) Carrizo. Cuando abrían el portón de noche, comenzaban a sentirse que abrían una a una las celdas para las golpizas. Y uno contaba las que faltaban para que lleguen a la suya. Se sentían los ‘ayes’ de dolor. Cuando nos sacaban a todos, al salir del calabozo, venía el primer golpe. Después nos desnudaban y nos hacían hacer saltos de rana y arrastrarnos. Fue una constante. Más de un año viví esa pesadilla”, contó.
Ante el tribunal, detalló que quienes lo maltrataban eran guardias y mencionó entre ellos a García, Gerez, Medrano y Audes (hay imputados en esta causa con esos apellidos). “Se suponía que estaban para atendernos y cuidarnos”, reflexionó Narvaja. Añadió que también usaban perros para amedrentarlos.
Comunicación
Narvaja recordó que por comentarios supo de los asesinatos de Juan Carlos Suter y José Cayetano Torrente. En relación al simulacro de motín tras el que desapareció Torrente, manifestó que estaba en la cola para recibir su ración de comida, cuando un preso volcó el tacho con comida y los guardias gritaron “¡motin!” y que inmediatamente los sacaron a una cancha de fútbol, donde permanecieron tirados bocabajo.
Lamentó no poder aportar muchos detalles porque “el terror me hacía perder la capacidad de diálogo”. Sí contó que en el encierro y el aislamiento, los detenidos se las ingeniaban para comunicarse por diversos medios. “Por golpecitos en la pared nos comunicábamos. Gustavo Herrera me enseñó, era como código morse. Cómo él estaba en la celda de al lado, hablábamos también con los jarros puestos en la pared”, memoró.
“Una vez, dijeron que vendría una comisión de Derechos Humanos y nos trasladaron al Regimiento 19. Fue peor que la cárcel. Nos tenían una hora sentados, una parados y una acostados”, describió. Luego, fue trasladado a Sierra Chica y Rawson. Fue liberado, finalmente, a mediados de 1979.
El juicio, que comenzó a mediados de septiembre, es el décimo por delitos de lesa humanidad que se celebra en esta provincia, el segundo de la magnitud de un megaproceso (el primero fue “Arsenales II-Jefatura II”).
Los 10 imputados son un ex militar (Jorge Omar Lazarte), un ex policía (Roberto “El Tuerto” Albornoz) y ex guardiacárceles (Daniel Álvarez, Ángel Audes, Augusto Wertel Montenegro, Santos González, Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García, Francisco Ledesma y Héctor Valenzuela). Están imputados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, delitos sexuales y homicidios.
La mayoría de las 39 víctimas son ex funcionarios, militantes justicialistas o ex sindicalistas. También se tratan los asesinatos de Suter y José Torrente. Cinco de las víctimas permanecen desaparecidas.
La audiencia en la sede del Tribunal Oral, en calles Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, continuará hoy con declaraciones de testigos-victima en la sala y desde otras provincias, mediante el sistema de videoconferencia.
Narvaja, que en aquel entonces era estudiante de ingeniería y había militado en la Juventud Peronista (JP), declaró ayer en el juicio por la megacausa “Villa Urquiza”, en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos contra presos políticos en el centro clandestino de detención que funcionó en la penitenciaría provincial entre 1975 y 1983.
El testigo relató que había sido secuestrado en la Banda de Río Salí y que pasó por los centros clandestinos de la escuela “República de Perú”, de El Palomar, y la Jefatura de Policía. Llegó a la penitenciaría en febrero de 1976.
En su declaración, precisó que las condiciones de detención se endurecieron a partir del Golpe de Estado: se prohibieron las visitas y los maltratos eran constantes. “Comenzó a circular el director Marcos Hidalgo y su lugarteniente, el cabo (Miguel) Carrizo. Cuando abrían el portón de noche, comenzaban a sentirse que abrían una a una las celdas para las golpizas. Y uno contaba las que faltaban para que lleguen a la suya. Se sentían los ‘ayes’ de dolor. Cuando nos sacaban a todos, al salir del calabozo, venía el primer golpe. Después nos desnudaban y nos hacían hacer saltos de rana y arrastrarnos. Fue una constante. Más de un año viví esa pesadilla”, contó.
Ante el tribunal, detalló que quienes lo maltrataban eran guardias y mencionó entre ellos a García, Gerez, Medrano y Audes (hay imputados en esta causa con esos apellidos). “Se suponía que estaban para atendernos y cuidarnos”, reflexionó Narvaja. Añadió que también usaban perros para amedrentarlos.
Comunicación
Narvaja recordó que por comentarios supo de los asesinatos de Juan Carlos Suter y José Cayetano Torrente. En relación al simulacro de motín tras el que desapareció Torrente, manifestó que estaba en la cola para recibir su ración de comida, cuando un preso volcó el tacho con comida y los guardias gritaron “¡motin!” y que inmediatamente los sacaron a una cancha de fútbol, donde permanecieron tirados bocabajo.
Lamentó no poder aportar muchos detalles porque “el terror me hacía perder la capacidad de diálogo”. Sí contó que en el encierro y el aislamiento, los detenidos se las ingeniaban para comunicarse por diversos medios. “Por golpecitos en la pared nos comunicábamos. Gustavo Herrera me enseñó, era como código morse. Cómo él estaba en la celda de al lado, hablábamos también con los jarros puestos en la pared”, memoró.
“Una vez, dijeron que vendría una comisión de Derechos Humanos y nos trasladaron al Regimiento 19. Fue peor que la cárcel. Nos tenían una hora sentados, una parados y una acostados”, describió. Luego, fue trasladado a Sierra Chica y Rawson. Fue liberado, finalmente, a mediados de 1979.
El juicio, que comenzó a mediados de septiembre, es el décimo por delitos de lesa humanidad que se celebra en esta provincia, el segundo de la magnitud de un megaproceso (el primero fue “Arsenales II-Jefatura II”).
Los 10 imputados son un ex militar (Jorge Omar Lazarte), un ex policía (Roberto “El Tuerto” Albornoz) y ex guardiacárceles (Daniel Álvarez, Ángel Audes, Augusto Wertel Montenegro, Santos González, Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García, Francisco Ledesma y Héctor Valenzuela). Están imputados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, delitos sexuales y homicidios.
La mayoría de las 39 víctimas son ex funcionarios, militantes justicialistas o ex sindicalistas. También se tratan los asesinatos de Suter y José Torrente. Cinco de las víctimas permanecen desaparecidas.
La audiencia en la sede del Tribunal Oral, en calles Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, continuará hoy con declaraciones de testigos-victima en la sala y desde otras provincias, mediante el sistema de videoconferencia.
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