Peña Nieto quiere eliminar la policía municipal para combatir los crímenes y el narcotráfico

El presidente emprende una reforma constitucional para enfrentar la fuerte presión social y política que vive el país. Acciones Hallan cadáveres decapitados y calcinados en un pueblo de Guerrero, el mismo Estado donde desaparecieron los 43 estudiantes

Peña Nieto quiere eliminar la policía municipal para combatir los crímenes y el narcotráfico
28 Noviembre 2014
MÉXICO DF. - El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó un plan para obligar a los estados a crear policías únicas, eliminando así los cuerpos policíacos municipales, en un intento por frenar la infiltración del crimen organizado que estuvo detrás de la desaparición de 43 estudiantes. El mandatario aseguró que presentará al Congreso su plan el lunes, que también incluirá una ley contra la infiltración del crimen organizado y una iniciativa para redefinir el sistema de competencia penal, con el fin de que cada instancia de Gobierno no tenga excusas a la hora de atender denuncias de delitos.

“México necesita soluciones audaces y firmes, ésta es una de ellas”, dijo en un mensaje a la nación con la presencia de los gobernadores de los 31 estados, del jefe de gobierno del Distrito Federal, de los líderes del Congreso y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El caso de los estudiantes de una escuela rural de magisterio, que habrían sido asesinados y quemados según las investigaciones, ha conmocionado al país y despertado críticas a la estrategia de seguridad del Gobierno, que apenas hace unos meses celebraba la aprobación de una serie de reformas económicas estructurales para dinamizar la aletargada economía.

Más de 100.000 personas han muerto desde finales de 2006, cuando el ex presidente Felipe Calderón lanzó una campaña frontal contra los cárteles de la droga, que se fragmentaron a medida que caían sus líderes y elevaron la espiral de violencia y la saña con la que los sicarios acaban con sus víctimas.

Alrededor de 30.000 homicidios se han registrado durante el Gobierno de Peña Nieto, que había prometido controlar la violencia heredada de su antecesor.

El mensaje del Presidente se concretó en momentos en que 11 cadáveres, en su mayoría decapitados, fueron hallados al costado de una carretera en el Estado sureño de Guerrero, el mismo donde 43 estudiantes fueron secuestrados y presuntamente masacrados hace dos meses, un caso que ha desatado amplias y prolongadas protestas masivas.

Algunos de los cadáveres tenían el torso desnudo y estaban parcialmente quemados. La fiscalía de Guerrero aseguró que el hallazgo ocurrió en Chilapa, un poblado en dirección a la escuela rural de Ayotzinapa -donde estudiaban los jóvenes desaparecidos- y donde hace unos días fue identificado el cadáver de un sacerdote de Uganda entre restos humanos hallados en medio de la búsqueda de los normalistas. En esa parte del Estado, uno de los más pobres, se enfrentan dos bandas del crimen organizado conocidas como Los Rojos y Los Ardillos, ambas derivadas de las fracturas del otrora poderoso cártel de los Beltrán Leyva, y que han llevado la violencia en el estado a niveles sin precedentes. “El grito de ‘Todos somos Ayotzinapa’ es un llamado a seguir transformando a México”, planteó Peña Nieto, al indicar que la desaparición de 43 estudiantes de la escuela del magisterio de esa localidad ha puesto a México “nuevamente a prueba”.

El Presidente enumeró acciones, varias de ellas sujetas a la aprobación legislativa, que tienen la finalidad no sólo de combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones, sino de revertir el desarrollo desigual del país, con un Norte rico y un Sur cada vez más pobre y violento. Los estados que se verán beneficiados por el programa de desarrollo son Guerrero, donde ocurrió la desaparición de los estudiante, Oaxaca y Chiapas. “En la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional que no podemos ignorar”, afirmó. La iniciativa para eliminar los 1.800 cuerpos de policía que dependen de los alcaldes para crear de manera obligatoria un cuerpo unificado por cada uno de los 32 estados del país implica una reforma de la Constitución que debe aprobar el Congreso. (Reuters-DPA)

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