Por Juan Manuel Asis
27 Noviembre 2014
Anticrisis o antisaqueo. Un auténtico dilema. Cualquiera de las dos ideas -concretadas en planes sociales- conduce a conclusiones adversas contra el Gobierno, nacional o provincial, indistintamente. Desde la gestión se habla de un plan anticrisis para enfrentar los problemas sociales generados por la desocupación, mientras que desde el plano político se deslizó que se implementó un programa antisaqueos para evitar los efectos sociales por la falta de trabajo. ¿La finalidad de la iniciativa del oficialismo es la misma? Es que diciembre viene con sus fantasmas a cuestas, realimentando miedos, beneficiando a unos y perjudicando a otros. Mencionar que se implementó un plan anticrisis es admitir la existencia misma de la crisis, reconocer que el modelo kirchnerista tiene contradicciones y que van por el lado de gente que no tiene trabajo, ni planes sociales. Los marginados del sistema.
El programa nacional, denominado Proemplear, contempla una ayuda no remunerativa de $ 1.000 para 13.500 desempleados tucumanos mayores de 25 años, durante tres meses. Este plan anticrisis se arma tras desnudarse que -según el Indec- creció el desempleo desde el 6,8% en el tercer trimestre de 2013 al 7,5% en igual período de 2014. Detrás de esas cifras nacionales se esconde el dato local, ya que en la provincia casi se duplicó la desocupación, que pasó del 3,3% al 6,2%; lo que implica que 13.000 personas más se sumaron a los anteriores 12.000 que no tenían un medio de subsistencia con relación de dependencia. La ayuda al que no tiene pan es bienvenida, y una obligación, pero de ahí a construir un relato de un país desarrollado hay mucha distancia.
Imponer un plan de estas características es reconocer en cifras que la crisis existe, aunque se la niegue de palabra, como hizo Kicillof cuando dijo que vivimos en un mundo de rosas. Que se lo diga a los que recibirán $ 1.000 por no conseguir trabajo. El ser humano quiere la dignidad que conlleva tener un puesto laboral, no recibir una limosna para paliar su desgracia. Por ahí flaquean las autoridades, que no logran generar nuevos puestos de trabajo, o no los suficientes, porque no saben, no pueden o no quieren. Este tipo de plan social revela que las gestiones no son tan exitosas, o por lo menos es una especie de admisión no verbal de que han fracasado. Que haya más de 13.000 tucumanos mayores de 25 años sin trabajo es una muestra de que la gestión tiene grietas.
Anticrisis o antisaqueo. El miedo a los efectos de la crisis provoca la desgraciada invención de términos que son más contundentes, ocurrentes, y más gráficos. Y fueron los dirigentes políticos los que potenciaron lo que la Nación quiso atenuar llamando anticrisis. Desde la política germinó el concepto antisaqueo, más duro, más dramático, más trágico. Para eso se mezclaron los números del propio Indec -que dicen que en 31 aglomerados urbanos del país hay casi 900.000 desocupados-, con los recuerdos de diciembre de 2013, de aquellas imágenes de negocios arrasados, de gente asustada y de muertes. Con el miedo multiplicado en los barrios, donde los vecinos salieron a hacer barricadas para evitar que los saqueadores anónimos arrasaran con sus casas.
La política vino a estigmatizar, de alguna forma, a esos que el sistema los margina porque no tienen trabajo. Ni les consigue. El Estado sale en su auxilio con un plan social y la política le encuentra una justificación a la iniciativa para condenarlos. El choque de intereses es evidente: lo que uno trata de esconder, el otro lo revela crudamente.
Lo que los números dicen es que no estamos mejor que el año pasado. Por lo tanto hay que adoptar medidas para evitar que el fin de año sea peor que 2013. Un paliativo de $ 1.000 es una salida, pero el Gobierno no puede fallar de la misma manera que en diciembre pasado, cuando por discutir con policías amotinados no previó que Tucumán podía convertirse en tierra de nadie. Falló la inteligencia. Fallaron los intermediarios territoriales, esos que conocen de primera mano qué es lo que sucede en los vecindarios. No hubo esos vasos comunicantes con el poder.
El ministro de Seguridad afirmó hace pocos días que la Policía va a estar preparada -ya consiguieron un bono de fin de año- y que están listos para actuar frente a lo peor, aunque está convencido de que esta vez no habrá saqueos. Pese a todo, a los subsidios, a las previsiones, diciembre viene con una bolsa de miedo detrás, arrastrando recuerdos. Por eso desde ya algunos dirigentes políticos aprovechan la coyuntura para pegarle al adversario electoral de 2015, acusando indistintamente a los posibles causantes de eventuales estallidos sociales. Para el oficialismo, los opositores con sus grupos sociales son los que los promueven injustificadamente; para los opositores serán producto de las deficiencias de gestión del Gobierno por no saber generar fuentes de trabajo y sólo dedicarse a multiplicar los planes sociales. En el medio, la crisis.
El programa nacional, denominado Proemplear, contempla una ayuda no remunerativa de $ 1.000 para 13.500 desempleados tucumanos mayores de 25 años, durante tres meses. Este plan anticrisis se arma tras desnudarse que -según el Indec- creció el desempleo desde el 6,8% en el tercer trimestre de 2013 al 7,5% en igual período de 2014. Detrás de esas cifras nacionales se esconde el dato local, ya que en la provincia casi se duplicó la desocupación, que pasó del 3,3% al 6,2%; lo que implica que 13.000 personas más se sumaron a los anteriores 12.000 que no tenían un medio de subsistencia con relación de dependencia. La ayuda al que no tiene pan es bienvenida, y una obligación, pero de ahí a construir un relato de un país desarrollado hay mucha distancia.
Imponer un plan de estas características es reconocer en cifras que la crisis existe, aunque se la niegue de palabra, como hizo Kicillof cuando dijo que vivimos en un mundo de rosas. Que se lo diga a los que recibirán $ 1.000 por no conseguir trabajo. El ser humano quiere la dignidad que conlleva tener un puesto laboral, no recibir una limosna para paliar su desgracia. Por ahí flaquean las autoridades, que no logran generar nuevos puestos de trabajo, o no los suficientes, porque no saben, no pueden o no quieren. Este tipo de plan social revela que las gestiones no son tan exitosas, o por lo menos es una especie de admisión no verbal de que han fracasado. Que haya más de 13.000 tucumanos mayores de 25 años sin trabajo es una muestra de que la gestión tiene grietas.
Anticrisis o antisaqueo. El miedo a los efectos de la crisis provoca la desgraciada invención de términos que son más contundentes, ocurrentes, y más gráficos. Y fueron los dirigentes políticos los que potenciaron lo que la Nación quiso atenuar llamando anticrisis. Desde la política germinó el concepto antisaqueo, más duro, más dramático, más trágico. Para eso se mezclaron los números del propio Indec -que dicen que en 31 aglomerados urbanos del país hay casi 900.000 desocupados-, con los recuerdos de diciembre de 2013, de aquellas imágenes de negocios arrasados, de gente asustada y de muertes. Con el miedo multiplicado en los barrios, donde los vecinos salieron a hacer barricadas para evitar que los saqueadores anónimos arrasaran con sus casas.
La política vino a estigmatizar, de alguna forma, a esos que el sistema los margina porque no tienen trabajo. Ni les consigue. El Estado sale en su auxilio con un plan social y la política le encuentra una justificación a la iniciativa para condenarlos. El choque de intereses es evidente: lo que uno trata de esconder, el otro lo revela crudamente.
Lo que los números dicen es que no estamos mejor que el año pasado. Por lo tanto hay que adoptar medidas para evitar que el fin de año sea peor que 2013. Un paliativo de $ 1.000 es una salida, pero el Gobierno no puede fallar de la misma manera que en diciembre pasado, cuando por discutir con policías amotinados no previó que Tucumán podía convertirse en tierra de nadie. Falló la inteligencia. Fallaron los intermediarios territoriales, esos que conocen de primera mano qué es lo que sucede en los vecindarios. No hubo esos vasos comunicantes con el poder.
El ministro de Seguridad afirmó hace pocos días que la Policía va a estar preparada -ya consiguieron un bono de fin de año- y que están listos para actuar frente a lo peor, aunque está convencido de que esta vez no habrá saqueos. Pese a todo, a los subsidios, a las previsiones, diciembre viene con una bolsa de miedo detrás, arrastrando recuerdos. Por eso desde ya algunos dirigentes políticos aprovechan la coyuntura para pegarle al adversario electoral de 2015, acusando indistintamente a los posibles causantes de eventuales estallidos sociales. Para el oficialismo, los opositores con sus grupos sociales son los que los promueven injustificadamente; para los opositores serán producto de las deficiencias de gestión del Gobierno por no saber generar fuentes de trabajo y sólo dedicarse a multiplicar los planes sociales. En el medio, la crisis.
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