22 Noviembre 2014
RECLAMO. Todos los martes se pide por el esclarecimiento del crimen de la joven. FOTO LA ALAMEDA.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Tucumán rechazó ayer el planteo que había realizado el ex subjefe de Policía Luis Nicolás Barrera, para que se declare la prescripción del delito de encubrimiento agravado que le imputó el fiscal de Instrucción Diego López Ávila, por las supuestas maniobras que hubo para adulterar pruebas del crimen de Paulina Lebbos.
Los camaristas Eudoro Ramón Albo y Liliana Susana Vitar confirmaron de esa manera la resolución que ya había dictado el juez de Instrucción de la IV° Nominación, Víctor Manuel Pérez, quien había rechazado la petición del abogado Gustavo Carlino, representante de Barrera.
Aunque la resolución no lo dice expresamente, la decisión de la Cámara de Apelaciones alcanza al ex secretario de Seguridad Ciudadana Eduardo Di Lella, al ex jefe de Policía Hugo Sánchez y al ex jefe de la Regional Norte Héctor Raúl Brito, quienes están imputados junto a Barrera por el encubrimiento agravado.
Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006 y su cuerpo apareció a la vera de la ruta 341, en la localidad de Tapia, el 11 de marzo de ese año. Según las actas policiales, el hallazgo del cadáver había sido posible gracias a un rastrillaje de la Policía.
A principios de abril de 2006, el primer fiscal que investigó la muerte de Paulina, Alejandro Noguera, descubrió que las actas habían sido adulteradas, ya que al cuerpo lo habían encontrado dos baqueanos. Noguera fue apartado del caso dos semanas más tarde luego de haber sido fotografiado saliendo de la casa del gobernador José Alperovich. Carlos Albaca se hizo cargo de la investigación y acusó a tres policías de Raco por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El año pasado López Ávila recibió la investigación del crimen de Paulina luego de que Albaca se apartara por el crítico informe del Programa Antiimpunidad de la Nación, que cuestionó su actuación en la causa. En tanto, en diciembre del año pasado la sala III de la Cámara Penal condenó a los tres policías de Raco por encubrimiento.
Sin embargo, López Ávila consideraría que los condenados fueron los que cumplieron las órdenes, en tanto que Di Lella, Sánchez, Barrera y Brito habrían dado las órdenes. El abogado Carlino planteó que la causa por encubrimiento agravado había prescripto en 2012 (la pena máxima para este delito es de seis años). Pero tanto el juez Pérez como la Cámara le respondieron que para los funcionarios públicos, la prescripción empieza a correr desde que dejaron sus cargos públicos.
Los camaristas Eudoro Ramón Albo y Liliana Susana Vitar confirmaron de esa manera la resolución que ya había dictado el juez de Instrucción de la IV° Nominación, Víctor Manuel Pérez, quien había rechazado la petición del abogado Gustavo Carlino, representante de Barrera.
Aunque la resolución no lo dice expresamente, la decisión de la Cámara de Apelaciones alcanza al ex secretario de Seguridad Ciudadana Eduardo Di Lella, al ex jefe de Policía Hugo Sánchez y al ex jefe de la Regional Norte Héctor Raúl Brito, quienes están imputados junto a Barrera por el encubrimiento agravado.
Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006 y su cuerpo apareció a la vera de la ruta 341, en la localidad de Tapia, el 11 de marzo de ese año. Según las actas policiales, el hallazgo del cadáver había sido posible gracias a un rastrillaje de la Policía.
A principios de abril de 2006, el primer fiscal que investigó la muerte de Paulina, Alejandro Noguera, descubrió que las actas habían sido adulteradas, ya que al cuerpo lo habían encontrado dos baqueanos. Noguera fue apartado del caso dos semanas más tarde luego de haber sido fotografiado saliendo de la casa del gobernador José Alperovich. Carlos Albaca se hizo cargo de la investigación y acusó a tres policías de Raco por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El año pasado López Ávila recibió la investigación del crimen de Paulina luego de que Albaca se apartara por el crítico informe del Programa Antiimpunidad de la Nación, que cuestionó su actuación en la causa. En tanto, en diciembre del año pasado la sala III de la Cámara Penal condenó a los tres policías de Raco por encubrimiento.
Sin embargo, López Ávila consideraría que los condenados fueron los que cumplieron las órdenes, en tanto que Di Lella, Sánchez, Barrera y Brito habrían dado las órdenes. El abogado Carlino planteó que la causa por encubrimiento agravado había prescripto en 2012 (la pena máxima para este delito es de seis años). Pero tanto el juez Pérez como la Cámara le respondieron que para los funcionarios públicos, la prescripción empieza a correr desde que dejaron sus cargos públicos.
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