22 Noviembre 2014
DENUNCIANTE K. Eduardo Barcesat es defensor de Hebe de Bonafini. télam
BUENOS AIRES.- Los senadores nacionales de la oposición que acordaron el miércoles no aprobar ninguna propuesta del Ejecutivo para cubrir la vacante que dejará en la Corte Suprema la renuncia del ministro Raúl Zaffaroni fueron denunciados por “sedición” por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, defensor de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
El letrado apuntó contra los senadores Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando ‘Pino’ Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli “y todo otro” que haya suscripto el “compromiso público de impedir la cobertura de la vacancia en la Corte Suprema”.
La causa recayó por sorteo en el Juzgado Federal, a cargo de María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.
“Ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva, a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional” de cubrir la vacante en la Corte, embistió Barcesat.
La decisión de los senadores opositores “denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático”, agregó Barcesat, y recordó que el artículo 230 del Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión para quienes “se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes”. Añadió que las vacancias “son para ser cubiertas no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal”. El documento que firmaron los senadores es un compromiso para “rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, hasta tanto finalice el próximo proceso electoral, en virtud del cual se elegirá el nuevo presidente de la Nación y se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso”. La integración de la Corte quedó en discusión cuando, tras la muerte de Carmen Argibay y Enrique Petracchi, Eugenio Zaffaroni confirmó su renuncia a partir de enero, con lo que quedó abierta una vacante.
“Es una locura”
“Es una locura”, lanzó el senador radical Gerardo Morales, sobre la denuncia de Barcesat, y opinó que es un intento del Gobierno de “presionar” y” amedrentar a la oposición”. “Si pudieran meternos presos, nos meten presos”, sostuvo. En tanto, el senador chubutense Mario Cimadevilla dijo que, si bien firmó el acuerdo, podía llegar a volver a discutir, en el caso de que el kirchnerismo “postulara a un jurista idóneo”. “Indudablemente el doctor Barcesat no reconoce la división de poderes; dudo que la Justicia pueda inmiscuirse en una decisión política de los senadores”, afirmó la diputada massista Graciela Camaño.
Para el titular de la UCR, Ernesto Sanz la denuncia por sedición “no resiste el menor análisis”. “Hay una decisión del Gobierno de avanzar contra senadores opositores y contra la Justicia. Mientras a nosotros nos denuncian penalmente por oponernos en el tema de la Corte, el Gobierno ha hecho una salvajada en el Consejo de la Magistratura”, indicó. (DyN/Infobae)
El letrado apuntó contra los senadores Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando ‘Pino’ Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli “y todo otro” que haya suscripto el “compromiso público de impedir la cobertura de la vacancia en la Corte Suprema”.
La causa recayó por sorteo en el Juzgado Federal, a cargo de María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.
“Ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva, a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional” de cubrir la vacante en la Corte, embistió Barcesat.
La decisión de los senadores opositores “denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático”, agregó Barcesat, y recordó que el artículo 230 del Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión para quienes “se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes”. Añadió que las vacancias “son para ser cubiertas no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal”. El documento que firmaron los senadores es un compromiso para “rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, hasta tanto finalice el próximo proceso electoral, en virtud del cual se elegirá el nuevo presidente de la Nación y se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso”. La integración de la Corte quedó en discusión cuando, tras la muerte de Carmen Argibay y Enrique Petracchi, Eugenio Zaffaroni confirmó su renuncia a partir de enero, con lo que quedó abierta una vacante.
“Es una locura”
“Es una locura”, lanzó el senador radical Gerardo Morales, sobre la denuncia de Barcesat, y opinó que es un intento del Gobierno de “presionar” y” amedrentar a la oposición”. “Si pudieran meternos presos, nos meten presos”, sostuvo. En tanto, el senador chubutense Mario Cimadevilla dijo que, si bien firmó el acuerdo, podía llegar a volver a discutir, en el caso de que el kirchnerismo “postulara a un jurista idóneo”. “Indudablemente el doctor Barcesat no reconoce la división de poderes; dudo que la Justicia pueda inmiscuirse en una decisión política de los senadores”, afirmó la diputada massista Graciela Camaño.
Para el titular de la UCR, Ernesto Sanz la denuncia por sedición “no resiste el menor análisis”. “Hay una decisión del Gobierno de avanzar contra senadores opositores y contra la Justicia. Mientras a nosotros nos denuncian penalmente por oponernos en el tema de la Corte, el Gobierno ha hecho una salvajada en el Consejo de la Magistratura”, indicó. (DyN/Infobae)
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