Por LA GACETA
20 Noviembre 2014
Invaden paredes, postes de alumbrado público, puentes, paredones. Ni las rocas se salvan. Un rosario de leyendas acompaña al viajero, por ejemplo, en casi todo el trayecto de la ruta N° 307 que conduce a los Valles. Las pintadas proselitistas de quienes aspiran a representarnos o de aquellos que quieren repetir su gestión se renuevan a medida que se acercan las elecciones. Al elector intentan seducirlo, primero subrepticiamente, con afiches, pintadas, pasacalles, jingles y boletas.
Este folclore electoral tapiza la ciudad con eslóganes, caras, nombres de individuos, que pugnan por llegar a un espacio de poder. Cuando se aproxima la prueba de fuego, se profundiza la guerra de los afiches. Los candidatos se tapan entre ellos su propaganda, y deben luchar a brazo partido por un lugar aquellos que anuncian espectáculos u otras actividades.
Hace pocos días, un lector fotografió a un concejal capitalino pintando su nombre y el del postulante a gobernador en una chapa que cubría parte de la sede de una repartición en refacción. La publicación de la imagen desató una polémica entre los lectores. El hecho es propio de la práctica del proselitismo; llama la atención tal vez que en lugar de pagar para pintar su propaganda, como hace la mayoría, este edil lo hizo personalmente, como se realizaba en otras épocas, cuando no había tanto aparato partidario como ahora.
No se trata, por cierto, de prohibir esta costumbre, sino de ordenarla a fin de garantizar la limpieza. Casi a diario se perciben veredas sucias de papeles con pegamento que han sido arrancados de paredes o chapas para pegar otros afiches. Se podrían habilitar sectores específicos en las ciudades para la propaganda electoral. Otro tanto debería hacerse en las rutas, resulta penoso ver en forma constante el nombre de candidatos pintados hasta en los troncos de los árboles.
Por otro lado, una vez concluido el proceso electoral, los promotores de las pintadas, ya fueran de partidos políticos o de sindicatos, deberían tener la obligación de borrarlas, so pena de una determinada y severa sanción. Un aspirante a un cargo electivo a nivel provincial o municipal debe dar el ejemplo a la ciudadanía con acciones concretas. Sería saludable, por ejemplo, que la norma de limpiar las leyendas proselitistas rigiera también no sólo para quienes ensuciaran las propiedades privadas, sino también las instituciones públicas. De ese modo, al significar un costo tal vez significativo, se evitaría pintar o realizar la pegatina en cualquier parte.
Tal vez si fuese una ley la que se ocupara de estos asuntos, tendría mayor efectividad que la ordenanza municipal N° 1.459 (data de 1972) que prescribe justamente la prohibición de pegatinas en lugares no habilitados.
¿Qué impresión podría llevarse una persona que ingresara a una casa, cuyas paredes estuvieran pintadas a manchones con nombres de personas, frases, fragmentos de afiches, con basura junto a los zócalos y para ir al baño tuviera que sortear varios “pasahabitaciones”?
La proliferación desmedida de afiches, pintadas de paredones, los pasacalles no solo generan una contaminación visual de importancia, sino que afean cualquier ciudad. Ponen en evidencia además el poco apego por la higiene de sus moradores. Si las normas vigentes previeran sanciones pecuniarias onerosas y se aplicaran sin miramientos, tal vez tendríamos candidatos que quieran más a su ciudad y piensen en la calidad de vida de sus posibles representados.
Este folclore electoral tapiza la ciudad con eslóganes, caras, nombres de individuos, que pugnan por llegar a un espacio de poder. Cuando se aproxima la prueba de fuego, se profundiza la guerra de los afiches. Los candidatos se tapan entre ellos su propaganda, y deben luchar a brazo partido por un lugar aquellos que anuncian espectáculos u otras actividades.
Hace pocos días, un lector fotografió a un concejal capitalino pintando su nombre y el del postulante a gobernador en una chapa que cubría parte de la sede de una repartición en refacción. La publicación de la imagen desató una polémica entre los lectores. El hecho es propio de la práctica del proselitismo; llama la atención tal vez que en lugar de pagar para pintar su propaganda, como hace la mayoría, este edil lo hizo personalmente, como se realizaba en otras épocas, cuando no había tanto aparato partidario como ahora.
No se trata, por cierto, de prohibir esta costumbre, sino de ordenarla a fin de garantizar la limpieza. Casi a diario se perciben veredas sucias de papeles con pegamento que han sido arrancados de paredes o chapas para pegar otros afiches. Se podrían habilitar sectores específicos en las ciudades para la propaganda electoral. Otro tanto debería hacerse en las rutas, resulta penoso ver en forma constante el nombre de candidatos pintados hasta en los troncos de los árboles.
Por otro lado, una vez concluido el proceso electoral, los promotores de las pintadas, ya fueran de partidos políticos o de sindicatos, deberían tener la obligación de borrarlas, so pena de una determinada y severa sanción. Un aspirante a un cargo electivo a nivel provincial o municipal debe dar el ejemplo a la ciudadanía con acciones concretas. Sería saludable, por ejemplo, que la norma de limpiar las leyendas proselitistas rigiera también no sólo para quienes ensuciaran las propiedades privadas, sino también las instituciones públicas. De ese modo, al significar un costo tal vez significativo, se evitaría pintar o realizar la pegatina en cualquier parte.
Tal vez si fuese una ley la que se ocupara de estos asuntos, tendría mayor efectividad que la ordenanza municipal N° 1.459 (data de 1972) que prescribe justamente la prohibición de pegatinas en lugares no habilitados.
¿Qué impresión podría llevarse una persona que ingresara a una casa, cuyas paredes estuvieran pintadas a manchones con nombres de personas, frases, fragmentos de afiches, con basura junto a los zócalos y para ir al baño tuviera que sortear varios “pasahabitaciones”?
La proliferación desmedida de afiches, pintadas de paredones, los pasacalles no solo generan una contaminación visual de importancia, sino que afean cualquier ciudad. Ponen en evidencia además el poco apego por la higiene de sus moradores. Si las normas vigentes previeran sanciones pecuniarias onerosas y se aplicaran sin miramientos, tal vez tendríamos candidatos que quieran más a su ciudad y piensen en la calidad de vida de sus posibles representados.
Temas
Tucumán
Lo más popular
