19 Noviembre 2014
MAYORÍA. Con el voto de Rojkés de Alperovich incluido, el kirchnerismo tuvo mayoría. DYN
BUENOS AIRES.- El Código Procesal Penal fue aprobado hoy por el Senado y remitido a la Cámara de Diputados, tras casi seis horas de debate. El Frente para la Victoria se impuso por 39 votos a favor contra 24 negativos de la oposición.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, modifica varios aspectos de la actual forma de impartir justicia y su cambio principal radica en reemplazar el actual sistema "inquisitivo" por uno "acusatorio" en el que la investigación la realiza el funcionario fiscal. (Télam- DYN)
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Pedro Guastavino, fue el encargado de presentar la reforma al indicar que se trata de "una herramienta que será utilizada especialmente contra el delito organizado y el delito complejo, como la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero".
El jefe del radicalismo, Ernesto Sanz, confirmó que su bloque no pensaba "acompañar políticamente" la propuesta, aunque admitió que si están de acuerdo con el pasaje de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, que implica la norma. "Este código no va a resolver los problemas de la justicia argentina, porque el problema que tiene la justicia pasa por su dependencia del poder, por la cercanía con el poder económico, el poder político, el poder mediático, cualquiera, eso la aleja de su independencia y eso nos perjudica a todos", apuntó.
En contra, también se pronunciaron la macrista Gabriela Michetti, el socialista Rubén Giustiniani (en nombre del interbloque FAP-UNEN), la peronista disidente y adolfista Liliana Negre de Alonso.
Además del pasaje de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, el nuevo Código deja la investigación en manos del fiscal; mientras el juez pasa a actuar como garante del proceso y a dictar las sentencias; se elimina el juicio por expediente y se establece, en su lugar, la audiencia oral y pública como el escenario para desarrollar el juicio y aplicar la sentencia.
Entre las modificaciones incorporadas por el oficialismo se cuenta también la eliminación del polémico concepto de "conmoción social" como argumento para impedir la excarcelación de un acusado; se incluyó el sistema de sorteo para la adjudicación de causas a los fiscales en lugar de la facultad que se le daba a la Procuración General de la Nación para hacerlo en forma discrecional.
Se incorporó como condición para considerar peligro de fuga de un imputado "la constatación de detenciones previas" y la "declaración de reincidencia por delitos dolosos", que en la práctica significa un cerrojo para evitar lo que en lenguaje popular se conoce "puerta giratoria", dado que el juez podrá tener en cuenta la existencia de causas pendientes a la hora de dictaminar que un detenido por un delito siga preso. (DYN)
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, modifica varios aspectos de la actual forma de impartir justicia y su cambio principal radica en reemplazar el actual sistema "inquisitivo" por uno "acusatorio" en el que la investigación la realiza el funcionario fiscal. (Télam- DYN)
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Pedro Guastavino, fue el encargado de presentar la reforma al indicar que se trata de "una herramienta que será utilizada especialmente contra el delito organizado y el delito complejo, como la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero".
El jefe del radicalismo, Ernesto Sanz, confirmó que su bloque no pensaba "acompañar políticamente" la propuesta, aunque admitió que si están de acuerdo con el pasaje de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, que implica la norma. "Este código no va a resolver los problemas de la justicia argentina, porque el problema que tiene la justicia pasa por su dependencia del poder, por la cercanía con el poder económico, el poder político, el poder mediático, cualquiera, eso la aleja de su independencia y eso nos perjudica a todos", apuntó.
En contra, también se pronunciaron la macrista Gabriela Michetti, el socialista Rubén Giustiniani (en nombre del interbloque FAP-UNEN), la peronista disidente y adolfista Liliana Negre de Alonso.
Además del pasaje de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, el nuevo Código deja la investigación en manos del fiscal; mientras el juez pasa a actuar como garante del proceso y a dictar las sentencias; se elimina el juicio por expediente y se establece, en su lugar, la audiencia oral y pública como el escenario para desarrollar el juicio y aplicar la sentencia.
Entre las modificaciones incorporadas por el oficialismo se cuenta también la eliminación del polémico concepto de "conmoción social" como argumento para impedir la excarcelación de un acusado; se incluyó el sistema de sorteo para la adjudicación de causas a los fiscales en lugar de la facultad que se le daba a la Procuración General de la Nación para hacerlo en forma discrecional.
Se incorporó como condición para considerar peligro de fuga de un imputado "la constatación de detenciones previas" y la "declaración de reincidencia por delitos dolosos", que en la práctica significa un cerrojo para evitar lo que en lenguaje popular se conoce "puerta giratoria", dado que el juez podrá tener en cuenta la existencia de causas pendientes a la hora de dictaminar que un detenido por un delito siga preso. (DYN)
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