18 Noviembre 2014
La decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal de disponer la excarcelación de 32 represores condenados hace un año por la megacausa “Arsenales II - Jefatura de Policía II” despertó el firme rechazo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que depende del Ministerio de Justicia nacional.
El letrado Bernardo Lobo Bugeau, como apoderado de esa repartición y querellante en la causa, y los abogados de dos familiares de víctimas, Pablo Gargiulo y Daniel Mendivil (por Diana Oesterheld y Fernando Araldi) llevaron ayer su planteo al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), para pedir que se revoque el beneficio de la excarcelación para ocho penados y de la prisión domiciliaria para otros 24 (la cifra se desprende de los registros del Ministerio Público Fiscal del TOF, ya que no se difundieron datos sobre la situación actual de los procesados).
Así, la Nación se sumó a la queja formulada por Leopoldo Peralta Palma (fiscal subrogante ante el TOF), Pablo Camuña (fiscal ad hoc a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad) y Patricio Rovira (fiscal ad hoc), quienes habían requerido la semana pasada que los condenados regresen a las cárceles donde estaban alojados.
La Secretaría de DDHH de la Nación sumó argumentos a los expresados por los fiscales (posibles fugas, el riesgo de que interfieran en la investigación de esta y otras causas similares, la posibilidad de que se amedrente a testigos y a víctimas sobrevivientes, entre otros). Según consignó Lobo Bugeau en el escrito, también se deben tener en cuenta la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino, respecto a tratados que instan al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.
Además, mencionó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en una causa de estas características contra los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, condenados por los crímenes de los sacerdotes Gabriel Joseph Longueville y Carlos de Dios Murias, durante la última dictadura. Según mencionó Lobo Bugeau, un fallo del alto tribunal motivó la revocación de las excarcelaciones de estos penados por la Justicia federal de La Rioja, donde habían sido juzgados en diciembre de 2012.
En Casación
A principios de mes, una resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa (votó en disidencia parcial), dispuso que los condenados el año pasado por la causa “Arsenales II - Jefatura de Policía II”, debían ser restituidos a la situación en que se encontraban antes de la sentencia.
Si bien la medida incluía en principio a Roberto “El Tuerto” Albornoz y a Jorge Lazarte (tenían domiciliaria), el TOF definió que regresaran al penal para garantizar la continuidad del debate de la megacausa “Villa Urquiza”, en la que están imputados, según fuentes de la Justicia federal.
Los fiscales Peralta Palma, Camuña y Rovira les solicitaron la semana pasada a los integrantes del TOF, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subroga a Alicia Noli), que los represores beneficiados con el fallo de la Cámara Federal de Casación regresaran a la cárcel.
Al planteo ahora se sumaron los letrados de la querella y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “La conducta de los imputados no merece las mejores consideraciones. Han formado y siguen siendo parte de una estructura de poder que, hasta hoy, permanece funcionando corporativamente y continúa con la perpetración de numerosos delitos”, destacó Lobo Bugeau. Y recordó que “estos crímenes son permanentes”. “Se siguen cometiendo en la actualidad, al no brindar los imputados datos que puedan esclarecer el destino de los desaparecidos. Lejos de cooperar con la acción de la Justicia, la han entorpecido”, advierte el pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Hoy a las 9, familiares de víctimas y organismos de DDHH realizarían un reclamo frente al TOF, en Chacabuco y Crisóstomo Álvarez.
La megacausa “Arsenales II - Jefatura de Policía II” incluyó un juicio que se desarrolló durante 13 meses, y que finalizó en diciembre del año pasado. Fue el proceso de mayor magnitud por delitos de lesa humanidad en la provincia. El TOF condenó a 37 de los 41 imputados (el resto fue absuelto por el beneficio de la duda). Los consideraron responsables de delitos en ambos centros de exterminio.
El letrado Bernardo Lobo Bugeau, como apoderado de esa repartición y querellante en la causa, y los abogados de dos familiares de víctimas, Pablo Gargiulo y Daniel Mendivil (por Diana Oesterheld y Fernando Araldi) llevaron ayer su planteo al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), para pedir que se revoque el beneficio de la excarcelación para ocho penados y de la prisión domiciliaria para otros 24 (la cifra se desprende de los registros del Ministerio Público Fiscal del TOF, ya que no se difundieron datos sobre la situación actual de los procesados).
Así, la Nación se sumó a la queja formulada por Leopoldo Peralta Palma (fiscal subrogante ante el TOF), Pablo Camuña (fiscal ad hoc a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad) y Patricio Rovira (fiscal ad hoc), quienes habían requerido la semana pasada que los condenados regresen a las cárceles donde estaban alojados.
La Secretaría de DDHH de la Nación sumó argumentos a los expresados por los fiscales (posibles fugas, el riesgo de que interfieran en la investigación de esta y otras causas similares, la posibilidad de que se amedrente a testigos y a víctimas sobrevivientes, entre otros). Según consignó Lobo Bugeau en el escrito, también se deben tener en cuenta la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino, respecto a tratados que instan al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.
Además, mencionó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en una causa de estas características contra los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, condenados por los crímenes de los sacerdotes Gabriel Joseph Longueville y Carlos de Dios Murias, durante la última dictadura. Según mencionó Lobo Bugeau, un fallo del alto tribunal motivó la revocación de las excarcelaciones de estos penados por la Justicia federal de La Rioja, donde habían sido juzgados en diciembre de 2012.
En Casación
A principios de mes, una resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa (votó en disidencia parcial), dispuso que los condenados el año pasado por la causa “Arsenales II - Jefatura de Policía II”, debían ser restituidos a la situación en que se encontraban antes de la sentencia.
Si bien la medida incluía en principio a Roberto “El Tuerto” Albornoz y a Jorge Lazarte (tenían domiciliaria), el TOF definió que regresaran al penal para garantizar la continuidad del debate de la megacausa “Villa Urquiza”, en la que están imputados, según fuentes de la Justicia federal.
Los fiscales Peralta Palma, Camuña y Rovira les solicitaron la semana pasada a los integrantes del TOF, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subroga a Alicia Noli), que los represores beneficiados con el fallo de la Cámara Federal de Casación regresaran a la cárcel.
Al planteo ahora se sumaron los letrados de la querella y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “La conducta de los imputados no merece las mejores consideraciones. Han formado y siguen siendo parte de una estructura de poder que, hasta hoy, permanece funcionando corporativamente y continúa con la perpetración de numerosos delitos”, destacó Lobo Bugeau. Y recordó que “estos crímenes son permanentes”. “Se siguen cometiendo en la actualidad, al no brindar los imputados datos que puedan esclarecer el destino de los desaparecidos. Lejos de cooperar con la acción de la Justicia, la han entorpecido”, advierte el pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Hoy a las 9, familiares de víctimas y organismos de DDHH realizarían un reclamo frente al TOF, en Chacabuco y Crisóstomo Álvarez.
La megacausa “Arsenales II - Jefatura de Policía II” incluyó un juicio que se desarrolló durante 13 meses, y que finalizó en diciembre del año pasado. Fue el proceso de mayor magnitud por delitos de lesa humanidad en la provincia. El TOF condenó a 37 de los 41 imputados (el resto fue absuelto por el beneficio de la duda). Los consideraron responsables de delitos en ambos centros de exterminio.
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