Por Roberto Delgado
14 Noviembre 2014
La pulseada que lleva adelante la Justicia federal contra el grupo de los hermanos Ángel “El Mono” y Rubén “La Chancha” Ale lleva dos años y parece encaminada a probar todo lo que se sospecha de ellos desde siempre. Pero no se sabe cómo terminará. Su historia en la sociedad ha sido la de un grupo denso, conflictivo y marginal, capaz de manejar una especie de ejército paralelo -el de los remises Cinco Estrellas, nacidos en 1995- y hasta de hacer pactos de convivencia con sectores muy altos del poder y de tener vínculos estrechos con gente de la Policía. Esa historia ha sido definida por el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, como una constante expansión mafiosa a lo largo de 20 años. “La banda estaba prácticamente instalada como una especie de suprapoder que llegó a controlar a sectores de la Justicia”, dijo Sbatella hace pocos meses.
Los Ale han sido denunciados por Susana Trimarco, poco antes del escandaloso fallo de absolución de diciembre de 2012 a los acusados de la desaparición de Marita Verón dijo que “La Chancha” había pagado a los jueces y que los Ale manejaban negocios de droga y trata de personas. Así fue que les cayeron la UIF de Sbatella, la Procuraduría para el Combate de Lavado de Activos (Procelac), conducida por Carlos Gonella, y la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), con la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El juez federal II, Fernando Poviña, los ha procesado, detenido y acusados por muchos delitos enmarcados en la asociación ilícita.
¿Cómo queda la Justicia tucumana frente a la embestida federal? Muy mal. La de Susana Trimarco es la última denuncia contra ellos al cabo de casi tres décadas de presencia conflictiva en la sociedad. Desde el homicidio de los Gardelitos de 1987 (acribillados en un tiroteo en la plazoleta Dorrego), por el que los Ale fueron sobreseidos (la Justicia determinó que actuaron en legítima defensa) hasta hoy, los fiscales han sido inoperantes en su caso. En 1993 estuvieron envueltos en el escándalo de la muerte del oficial Juan Andrés Salinas. El “Mono” estaba junto a él cuando lo acribillaron. Los Ale no fueron acusados por el crimen, sino imputados de asociación ilícita y tenencia de armas de guerra, luego de que en el baúl del auto de su padre, Said, se encontrara un arsenal. “No dudo de las razones de los jueces, pero queda una sensación de frustración en la sociedad”, dijo en ese momento el ministro de Gobierno, José Ricardo Falú, cuando fueron absueltos. Se vinculó el crimen con la lucha por el control del juego en Tucumán contra otro grupo peligroso, el Comando Atila, que estaba enquistado en la Policía. El caso Salinas jamás llegó a juicio: el fiscal Carlos Albaca sobreseyó a los policías del comando Atila sospechados y cerró la causa. Cada parcialidad de esa guerra siguió operando en la sociedad.
Hace poco, “La Chancha” fue sobreseido de la acusación de usurpación con amenazas de un campo. Ocupó el lugar, hizo la cosecha y luego le pagó al dueño del campo una especie de indemnización y este levantó la denuncia. El fiscal que investigaba dijo que con eso la causa se levantaba y lo sobreseyó.
La larga lista de fracasos de los fiscales en contra del llamado suprapoder muestra lo frágil que ha sido el sistema en las dos décadas que lleva la reforma del Código Procesal Penal. Hay quienes piensan que la nueva propuesta de reforma permitirá mejorarlo en este aspecto. Pero también debería llevar esto a preguntarse qué tipo de delitos ha resuelto el sistema penal en estas dos décadas. El robo de gallinas, seguro. Pero las causas complejas, como estas, no. Las económicas tampoco.
También cabe preguntarse si las unidades de investigación federal -cuyos titulares, Sbatella y Gonella, están muy vinculados al entorno “K” y han sido acusados de beneficiar a Lázaro Báez en sus pesquisas, como en el caso de Elaskar y Fariña- están equipadas para hacer investigaciones con sustento. La idea sería que puedan llegar a buen término y no terminen archivadas en el futuro -como ha ocurrido con todas las pesquisas que la justicia provincial ha llevado a cabo contra el llamado suprapoder-, sin que quede la terrible sensación de que la verdad ha sido sepultada.
Los Ale han sido denunciados por Susana Trimarco, poco antes del escandaloso fallo de absolución de diciembre de 2012 a los acusados de la desaparición de Marita Verón dijo que “La Chancha” había pagado a los jueces y que los Ale manejaban negocios de droga y trata de personas. Así fue que les cayeron la UIF de Sbatella, la Procuraduría para el Combate de Lavado de Activos (Procelac), conducida por Carlos Gonella, y la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), con la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El juez federal II, Fernando Poviña, los ha procesado, detenido y acusados por muchos delitos enmarcados en la asociación ilícita.
¿Cómo queda la Justicia tucumana frente a la embestida federal? Muy mal. La de Susana Trimarco es la última denuncia contra ellos al cabo de casi tres décadas de presencia conflictiva en la sociedad. Desde el homicidio de los Gardelitos de 1987 (acribillados en un tiroteo en la plazoleta Dorrego), por el que los Ale fueron sobreseidos (la Justicia determinó que actuaron en legítima defensa) hasta hoy, los fiscales han sido inoperantes en su caso. En 1993 estuvieron envueltos en el escándalo de la muerte del oficial Juan Andrés Salinas. El “Mono” estaba junto a él cuando lo acribillaron. Los Ale no fueron acusados por el crimen, sino imputados de asociación ilícita y tenencia de armas de guerra, luego de que en el baúl del auto de su padre, Said, se encontrara un arsenal. “No dudo de las razones de los jueces, pero queda una sensación de frustración en la sociedad”, dijo en ese momento el ministro de Gobierno, José Ricardo Falú, cuando fueron absueltos. Se vinculó el crimen con la lucha por el control del juego en Tucumán contra otro grupo peligroso, el Comando Atila, que estaba enquistado en la Policía. El caso Salinas jamás llegó a juicio: el fiscal Carlos Albaca sobreseyó a los policías del comando Atila sospechados y cerró la causa. Cada parcialidad de esa guerra siguió operando en la sociedad.
Hace poco, “La Chancha” fue sobreseido de la acusación de usurpación con amenazas de un campo. Ocupó el lugar, hizo la cosecha y luego le pagó al dueño del campo una especie de indemnización y este levantó la denuncia. El fiscal que investigaba dijo que con eso la causa se levantaba y lo sobreseyó.
La larga lista de fracasos de los fiscales en contra del llamado suprapoder muestra lo frágil que ha sido el sistema en las dos décadas que lleva la reforma del Código Procesal Penal. Hay quienes piensan que la nueva propuesta de reforma permitirá mejorarlo en este aspecto. Pero también debería llevar esto a preguntarse qué tipo de delitos ha resuelto el sistema penal en estas dos décadas. El robo de gallinas, seguro. Pero las causas complejas, como estas, no. Las económicas tampoco.
También cabe preguntarse si las unidades de investigación federal -cuyos titulares, Sbatella y Gonella, están muy vinculados al entorno “K” y han sido acusados de beneficiar a Lázaro Báez en sus pesquisas, como en el caso de Elaskar y Fariña- están equipadas para hacer investigaciones con sustento. La idea sería que puedan llegar a buen término y no terminen archivadas en el futuro -como ha ocurrido con todas las pesquisas que la justicia provincial ha llevado a cabo contra el llamado suprapoder-, sin que quede la terrible sensación de que la verdad ha sido sepultada.
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