En el horno
El clima hostil de la última semana bajó sus pretensiones, el ambiente se refrescó un poco ayer y alivió a los funcionarios, que el miércoles habían comenzado a dar explicaciones y buscar culpables por el colapso de la estación transformadora de energía de la calle Ayacucho al 1.300, que dejó sin luz a unos 40.000 usuarios de las zonas centro y suroeste de San Miguel de Tucumán. Entonces, con las papas quemando, el gobernador José Alperovich convocó al comité de emergencia y pidió a EDET que dejara de hablar de “restricción a demanda o restricción rotativa” de energía e informe a los usuarios con antelación de los cortes programados. Pero hacía días que se venía cortando la luz sin previo aviso en todas partes de la provincia, con la justificación de la alta demanda: de ello da testimonio el reclamo de los vecinos de Concepción, que se quedaron sin agua porque las bombas extractoras de los pozos, que funcionan a electricidad, se quedaron sin suministro energético.

El comité de emergencia se reunió el miércoles. Santiago Yanotti, segundo vocal del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos (Ersept), dio declaraciones contradictorias. Dijo que se iba a multar a EDET por el atraso en las obras, que la Nación ya había entregado a la empresa 100 millones de pesos para que se hicieran obras de mejora, subsidiados a cambio de que no se aumentaran las tarifas, y luego añadió que la Nación había demorado la entrega de otros 100 millones a causa de “cambios en la conducción en la Secretaría de Energía”. Al final explicó que para fin de año, en dos meses más, se iban a terminar las obras. Según Yanotti, la demanda de energía fue absolutamente inusual: ante un promedio de consumo de 400 megavatios diarios, el domingo hubo un consumo de 620 megavatios. “Lo que hace EDET es administrar la escasez”, justificó. Pero esta escasez y esta demanda por calor ¿no estaban previstas?

El plan de obras 2006-2016, elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional, de donde viene el hoy presidente del Ersept, Sergio Sánchez, sí preveía ese aumento de la demanda. Para eso en ese plan se propusieron 23 obras, de las cuales debían estar listas 19 en 2012. Pero sólo se hizo la estación transformadora de Tafí del Valle. La otra obra fue la vergonzosa estación transformadora de la calle Ayacucho al 200, que en 2012 fue suspendida tras haber sido aprobada en secreto por el Gobierno, y de apuro por el Concejo Deliberante, sin que se hubiera hecho el estudio ambiental. Los vecinos protestaron e hicieron caer el proyecto. Las otras obras son transformadores añadidos, tipo parches, a las estaciones Sarmiento, Oeste y Cevil Pozo.

Faltan dos años para que se cumplan los plazos de este proyecto que quedó en duda después del papelón de la estación Ayacucho y hasta ahora sólo se ha reclamado que se debe invertir y para ello quieren aumentar las tarifas (el gerente de EDET, Günther Hoffman, dijo a mediados de 2013 que el sistema estaba al límite). Para colmo de males, el Gobierno nacional viene amenazando desde hace dos años con que se van a quitar subsidios. En diciembre vence el acuerdo entre provincia, Nación y EDET que frenaba el aumento de tarifas a cambio de ese subsidio de $ 200 millones.

También sabían de la escasez y de la demanda en aumento el Gobierno y los legisladores en 2010, cuando aprobaron la ley de emergencia eléctrica N° 8.342, que, al estilo de las obras alperovichistas, autorizó a que se contraten trabajos en forma directa, sin licitación, a quienes el gobierno quisiera elegir. El control de esas obras está en el Ersept, que dice que ha multado muchas veces a EDET, pero el mismo Sánchez está en una polémica con los radicales que cuestionan sus intenciones de control; sobre todo la senadora Silvia Elías de Pérez, que dice que es juez y parte en los asuntos eléctricos.

Y si faltaba argumento para saber que se estaba en un ciclo de problemas al cabo de esta década de mucho pavimento y cordón cuneta, pero pocas y polémicas obras de agua y luz, estaba el informe del especialista en clima Juan Minetti, que advirtió en 2013 que se iniciaba un ciclo de unos 15 años de desertificación, aumento de temperaturas y sequía, que crea un ambiente hostil y desconocido para la gente, que afecta la economía y la vida comunitaria.

¿Qué ha hecho el gobierno? Sólo advertir que multará a las empresas y acaso esperar que se pueda convencer a la gente de aumentar las tarifas. Pero falta que aparezca un programa serio, libre de polémicas, sujeto a controles, con previsiones de futuro, que no administre la escasez. Con cortes de agua y luz, con asaltos en los barrios a oscuras y sin respuestas porque no funciona el 911... y con el verano encima, ya estamos en el horno.

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