30 Octubre 2014
EN 2015. Martínez (primero desde la izquierda) comenzará a ser juzgado el 16 de febrero del año que viene. LA GACETA / ANALIA JARAMILLO
Los rumores que sobrevolaban la antesala del recinto del Tribunal Oral Federal (TOF) durante la mañana de ayer finalmente se cumplieron: el proceso oral en el que se juzgará al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, por sus presuntas acciones y omisiones durante un allanamiento ilegal ocurrido en mayo de 1976, se suspendió. Los miembros del tribunal -Alicia Noli (presidenta), Hugo Cataldi y José Asis- resolvieron diferir su inicio, originalmente previsto para ayer, para el próximo 16 de febrero. Tomaron la decisión a partir de una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), mediante la cual se hizo lugar a una queja deducida por el imputado.
“Hay una queja ante la CFCP. Nos vamos a anoticiar de qué es lo que ha sucedido; tenemos que esperar el comienzo de la audiencia”, había dicho el fiscal federal Leopoldo Peralta Palma a la prensa, minutos antes de que se lo convoque al recinto.
El 20 de mayo de 1976 policías y militares ejecutaron a cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen) durante un allanamiento ilegal en la casa de Miguel Romano, de Azcuénaga al 1.800. Las imputaciones a Martínez se dividen en dos grupos: las vinculadas con las víctimas -abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios- y las derivadas de la posterior detención de Romano -abuso de autoridad y violación de sus deberes, prevaricato y la privación ilegítima de la libertad de Romano-. Por ambos se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.
Asis, Cataldi y Noli ingresaron a las 10.25 al recinto e, inmediatamente, esta pidió que se lea la resolución de la CFCP, que hizo lugar a la queja deducida por la defensa oficial de Martínez. Los camaristas Luis María Cabral, Ana María Figueroa y Juan Carlos Gemignan -este votó en disidencia- también solicitaron al TOF que les remita copia del auto de procesamiento dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, del requerimiento de elevación a juicio y del proveído y ofrecimiento de pruebas efectuados. El TOF resolvió: “remitir, con carácter de urgente, a la CFCP las piezas procesales requeridas a efectos de que resuelva las incidencias en trámite; suspender la audiencia de debate oral y público; fijar nueva fecha para el 16 de febrero, a las 9.30”. Agregaron que harán saber a la CFCP que Martínez se encuentra en prisión preventiva.
Bernardo Lobo Bugeau, querellante de la familia Romano, explicó que la queja ante la CFCP fue deducida por la defensa de Martínez debido a que el TOF no había hecho lugar a un planteo de recusación, que había sido presentado previamente. “El imputado venía planteando recursos de nulidad, respecto de la integración del tribunal; en particular contra Noli. Esta cuestión ha sido motivo de la apertura de un recurso de queja”, contó. Y protestó por la postergación del juicio: “esta resolución dilata; sin dudas mediante este artificio que ejerce el imputado se ha logrado tres meses de dilación del debate”.
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