El ex juez federal Manlio Martínez será juzgado desde hoy por “omisiones” en la investigación de una matanza

El ex juez federal Manlio Martínez será juzgado desde hoy por “omisiones” en la investigación de una matanza

El ex magistrado está acusado por presuntamente no haber tomado medidas para esclarecer el asesinato de cinco militantes de Montoneros en 1976 y por la detención del dueño de la casa donde ocurrió el allanamiento. Entre los delitos que se le imputan están el de violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y prevaricato, entre otros

LUGAR DEL HECHO. En 2011, durante “Romero Niklison”, el TOF inspeccionó la casa donde ocurrieron los crímenes; en la pared había marcas de balas. la gaceta / archivo LUGAR DEL HECHO. En 2011, durante “Romero Niklison”, el TOF inspeccionó la casa donde ocurrieron los crímenes; en la pared había marcas de balas. la gaceta / archivo
29 Octubre 2014
El 20 de mayo de 1976 policías y militares ejecutaron a cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen) durante un allanamiento ilegal en una casa de la calle Azcuénaga al 1.800, que pertenecía a Miguel Romano. Lo que ocurrió -y lo que no- en Tribunales tras ese violento episodio comenzará a juzgarse hoy en el Tribunal Oral Federal (TOF).

En el banquillo de acusados se sentará por primera vez por delitos de lesa humanidad a un ex juez federal: Manlio Torcuato Martínez. De acuerdo con la acusación, sus “acciones y omisiones” produjeron la legitimación de esa ejecución extrajudicial y “aseguraron” la impunidad para quienes la llevaron adelante. El ex magistrado, que se desempeñó en ese cargo entre 1974 y 1984, cumple prisión domiciliaria desde julio tras sufrir problemas de salud.

Martínez es el tercer civil en ser juzgado en la provincia por crímenes durante el terrorismo de estado. El sacerdote José Mijalchyk y el escribano Juan Carlos Benedicto habían sido absueltos en diciembre de 2013 por el beneficio de la duda en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”.

“Inacción”

Las imputaciones al ex juez están divididas en dos grupos: las relacionadas con las cinco víctimas de la matanza -así calificó el hecho el TOF en el fallo “Romero Niklison”- y las derivadas de la posterior detención de Romano. Por un lado, está acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios. Por otro, también por abuso de autoridad y violación de sus deberes. A esto se suman el prevaricato y la privación ilegítima de la libertad por lo sucedido con Romano. Por ambos, en tanto, se lo sindica como presunto miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.

Para este proceso oral, el TOF está integrado por Alicia Noli, Hugo Cataldi y José Asis.

La causa es una derivación del juicio por el expediente “Romero Niklison I” (2011), que condenó a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “El Tuerto” Albornoz a prisión perpetua por los asesinatos de los militantes.

El rol de Martínez fue cuestionado en esa sentencia. El juez José Pérez Villalobos consideró en su voto que “el juez de aquel entonces acompañó con su inacción las prácticas genocidas del plan militar, legitimando con sus omisiones funcionales la impunidad que gozaron por años los represores responsables” .

De acuerdo con el requerimiento de elevación, Martínez estuvo en el lugar de los hechos, pero no habría ordenado pericias ni actuaciones. Según la Fiscalía, la causa se inició seis días después, cuando compareció espontáneamente Romano, dueño de la casa. Según explicó el fiscal Pablo Camuña, que intervendrá en el juicio junto a Leopoldo Peralta Palma, la investigación de Martínez estuvo orientada contra Romano, que estuvo detenido un año y pasó por el centro clandestino de la ex Jefatura, donde fue torturado.

“Ha quedado establecido que el terrorismo de estado incluyó la colaboración de civiles con el poder militar. En algunos casos este aporte tuvo connotaciones delictivas, como el caso de las acciones del ex juez Martínez, orientadas a lograr la impunidad de los ejecutores. Prueba de ello, por ejemplo, son las 325 acciones de habeas corpus rechazadas entre 1975 y 1976, cuando las víctimas estaban aún en manos de sus captores. Se podrían haber salvado vidas”, describió. Comparó la situación con la del predecesor de Martínez, Jesús Santos, quien según manifestó, no aplicaba ciegamente las leyes llamadas “antisubversivas” que se usaban para perseguir a opositores políticos. Santos, de hecho, estuvo detenido.

Bernardo Lobo Bugeau, querellante particular de la familia Romano, aseguró que pretenden conocer las razones por las que Miguel Romano fue encausado, procesado y, luego de un año, sobreseído y liberado. “El caso se torna inédito porque un juez federal que había jurado hacer cumplir la Constitución de la Nación mantuvo confinada a una persona enferma y en tratamiento. Tenemos esperanza de que el juicio permita conocer el verdadero rol que cumplió Martínez, como engranaje de la sistemática denegación de justicia y comisión de delitos por omisión durante ese trágico período”, concluyó.

Resolución.- El Tribunal Oral Federal (TOF) deberá resolver un planteo de recusación presentado el lunes por la defensa del imputado. Los abogados pidieron el apartamiento de los tres magistrados y que el proceso oral sea suspendido.

JUICIO NÚMERO 11.- Este será el onceavo juicio por delitos de lesa humanidad que se celebra en Tucumán. La megacausa “Villa Urquiza”- es el décimo- se está sustanciando en paralelo en el TOF. Las audiencias de ese proceso se reanudarán la semana próxima.

LAS QUERELLAS.- Los letrados Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo representarán a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a María Delina Romano y Silvia Patricia Romano. Como representantes de la querella de María Alejandra Romero Niklison, Gerardo Romero y Lucía Romano, actuarán los abogados Emilio Guagnini y María Alejandra Romero Niklison.

La defensa.- Los defensores del ex juez serán Edgardo Bertini y Vanessa Lucero.

La versión de Bussi.- La investigación contra Martínez había cobrado impulso a partir de comentarios del fallecido represor Antonio Bussi en una indagatoria de 2009 ante el juez Daniel Bejas y en una audiencia, en 2010, de la causa “Jefatura I”. En ambas ocasiones, Bussi había defendido sus actos invocando la supuesta intervención de Martínez en algunos de ellos.

Réplica.- En diversas indagatorias, el ex juez había negado haber sido parte del sistema represivo y haber encubierto el accionar policial. En 2013, había manifestado a LA GACETA: “(se pretende) imponer una brutal hegemonía de la mentira, en desmedro de documentos que acreditan lo contrario a lo que se está diciendo (sobre mí). Lo más grave es que califica a las Fuerzas Armadas en asociación ilícita, y no se especifica nada. ¿Quiénes son mis supuestos socios? Nadie lo dice”.

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