29 Octubre 2014
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dio la razón a los abogados de Juan Manzur, vicegobernador con licencia y ministro de Salud de la Nación, que habían recusado a Gustavo Gómez, fiscal federal general, en la investigación de un supuesto enriquecimiento ilícito. La resolución divulgada ayer lleva la firma de los camaristas Marina Cossio, Ricardo Sanjuán, Raúl Mender y Ernesto Wayar, según informaron fuentes judiciales.
El apartamiento de Gómez implica que este será reemplazado, en principio, por el fiscal subrogante Leopoldo Peralta Palma. A este le compete sostener ante la Cámara el recurso de apelación que había deducido el fiscal Carlos Brito contra la sentencia que sobreseyó a Manzur. Esa decisión fue firmada en julio por parte del juez federal N°1, Daniel Bejas.
Fernando Poviña y Nicolás Pedro Brito, abogados del funcionario oficialista investigado, recusaron a Gómez con el argumento de que este carecía de objetividad. Los defensores atacaron el hecho de que, en agosto y en ausencia de Gómez, Peralta Palma haya pedido a la Cámara que celebre la audiencia oral y pública prevista en el Código Procesal Penal de la Nación para la sustanciación del recurso de apelación. Para así proceder, Peralta Palma dijo que seguía las instrucciones que le había impartido el fiscal Gómez mientras este estaba de licencia.
“Al ordenar un criterio a la distancia, procedió a abusar de sus funciones atribuyéndose facultades que sólo puede ejercer Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación”, había explicado Brito en una conversación telefónica. El abogado había precisado que esa circunstancia “viciaba la voluntad” contenida en el dictamen y suponía la intromisión en el proceso de un tercero ajeno a él. “¿Solicitar que el trámite se ajuste al Código significa obrar con falta de objetividad o animosidad extrema?”, interrogó luego Gómez. Con su promotor fuera del caso, la audiencia oral y pública corre grandes riesgos de no ser celebrada.
Manzur es investigado desde 2010 por la denuncia que presentó el peronista disidente Oscar López. El patrimonio declarado del médico de 45 años asciende a $ 13,9 millones, según la declaración jurada de 2013. Para 2012, Manzur informó que poseía $ 9,6 millones. El ministro detalló bienes por $ 4,6 millones en julio de 2009, cuando pasó a la Nación: al final de ese año, el patrimonio llegó a los $ 4,9 millones. En 2010, el médico dio cuenta de una fortuna de $ 5,9 millones. En 2011, el patrimonio superó los $ 8,2 millones. En 2003, cuando asumió como ministro del gobernador José Alperovich, Manzur habría declarado una fortuna próxima a los $ 370.000. Es decir, sus bienes crecieron 37,5 veces en la última década.
El apartamiento de Gómez implica que este será reemplazado, en principio, por el fiscal subrogante Leopoldo Peralta Palma. A este le compete sostener ante la Cámara el recurso de apelación que había deducido el fiscal Carlos Brito contra la sentencia que sobreseyó a Manzur. Esa decisión fue firmada en julio por parte del juez federal N°1, Daniel Bejas.
Fernando Poviña y Nicolás Pedro Brito, abogados del funcionario oficialista investigado, recusaron a Gómez con el argumento de que este carecía de objetividad. Los defensores atacaron el hecho de que, en agosto y en ausencia de Gómez, Peralta Palma haya pedido a la Cámara que celebre la audiencia oral y pública prevista en el Código Procesal Penal de la Nación para la sustanciación del recurso de apelación. Para así proceder, Peralta Palma dijo que seguía las instrucciones que le había impartido el fiscal Gómez mientras este estaba de licencia.
“Al ordenar un criterio a la distancia, procedió a abusar de sus funciones atribuyéndose facultades que sólo puede ejercer Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación”, había explicado Brito en una conversación telefónica. El abogado había precisado que esa circunstancia “viciaba la voluntad” contenida en el dictamen y suponía la intromisión en el proceso de un tercero ajeno a él. “¿Solicitar que el trámite se ajuste al Código significa obrar con falta de objetividad o animosidad extrema?”, interrogó luego Gómez. Con su promotor fuera del caso, la audiencia oral y pública corre grandes riesgos de no ser celebrada.
Manzur es investigado desde 2010 por la denuncia que presentó el peronista disidente Oscar López. El patrimonio declarado del médico de 45 años asciende a $ 13,9 millones, según la declaración jurada de 2013. Para 2012, Manzur informó que poseía $ 9,6 millones. El ministro detalló bienes por $ 4,6 millones en julio de 2009, cuando pasó a la Nación: al final de ese año, el patrimonio llegó a los $ 4,9 millones. En 2010, el médico dio cuenta de una fortuna de $ 5,9 millones. En 2011, el patrimonio superó los $ 8,2 millones. En 2003, cuando asumió como ministro del gobernador José Alperovich, Manzur habría declarado una fortuna próxima a los $ 370.000. Es decir, sus bienes crecieron 37,5 veces en la última década.
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