25 Octubre 2014
MONTEVIDEO. Tabaré Vázquez habla a los frenteamplistas en el cierre de la campaña. La capital es el bastión del FA. reuters
MONTEVIDEO.- La coalición Frente Amplio (FA) de Uruguay, integrada por comunistas, socialistas, socialdemócratas, democristianos y ciudadanos independientes, se enfrenta al riesgo de perder el gobierno de Uruguay después de dos períodos consecutivos. En la elección de mañana se impondrá por un margen de hasta 10 puntos porcentuales según los sondeos de opinión, pero el 42 % de apoyo que le adjudican no le alcanzará para evitar una segunda vuelta.
Fijada oficialmente para el 30 de noviembre, enfrentará entonces una dura batalla, probablemente con el Partido Nacional (PN), que está segundo en las encuestas con un 32 %.
Los partidos Nacional (Blanco) y Colorado (Colorado), ambos de tendencia conservadora, superan sumados al Frente Amplio, aunque no será automático el apoyo de un partido a otro en noviembre, ya que son adversarios históricos desde el nacimiento de la república, en 1830.
El FA es protagonista de la vida política uruguaya desde 1990, cuando accedió al gobierno del municipio de Montevideo, que mantiene aún en el distrito más importante del país, donde vive la mitad de la población de 3,2 millones de personas. Desde el 2005, gobierna también el país, primero con el oncólogo Tabaré Vázquez y luego con el ex guerrillero “Tupamaro” José Mujica.
El ejercicio del poder hizo aflorar con fuerza todas las contradicciones dentro de la agrupación, aunque entre Vázquez (2005-2010) y Mujica (2010-1 de marzo de 2015), el Frente Amplio consiguió estabilizar el país, hubo un crecimiento económico sostenido y se consolidó el respeto internacional por la pequeña nación sudamericana.
Uruguay se puso a la vanguardia en temas como la regulación del mercado de la marihuana, el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y el reconocimiento de los derechos sociales de las amas de casa, de los trabajadores rurales y de los artistas, entre otros.
Durante estos años, ese conglomerado de partidos y movimientos políticos se fue distanciando de sus principios “antiimperialistas y antioligárquicos”, que fueron bases programáticas desde su fundación en febrero de 1971.
El FA mantuvo una política económica más bien de tono liberal o neoliberal, con apertura de mercado, promoción de las inversiones extranjeras, extranjerización de la tierra, habilitación de gigantescas y polémicas plantas de celulosa y está dispuesto a autorizar la explotación minera a cielo abierto, proyecto congelado actualmente por la resistencia de organizaciones populares.
Estas posiciones alejadas de la izquierda tradicional uruguaya, unidas a oscilantes actitudes respecto de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985), errores en educación y dificultades para enfrentar los índices de inseguridad condujeron a este presente incierto.
En el mapa político emerge ya la autodenominada “nueva izquierda” con grupos y movimientos escindidos del FA, como la Unidad Popular (IP) y el Partido Ecológico, Radical e Intransigente (PERI), que crecen y podrían conquistar, al menos una banca en la Cámara de Diputados.
Otros votos perdidos por el FA irán a la cuenta de los anulados o en blanco. Corresponden a militantes y simpatizantes que se sienten defraudados y ponen un signo de interrogación al resultado de la segunda vuelta, el 30 de noviembre.
Además de la elección de presidente y legisladores (diputados y senadores nacionales), se someterá a plebiscito la reducción de la edad de imputabilidad penal, de 18 a 16 años, promovida por colorados y algunos sectores del Partido Nacional. Desde ayer está en vigencia la “veda” electoral que impide la realización de actos y propaganda para permitir que los ciudadanos reflexionen sobre su decisión. (DPA)
Fijada oficialmente para el 30 de noviembre, enfrentará entonces una dura batalla, probablemente con el Partido Nacional (PN), que está segundo en las encuestas con un 32 %.
Los partidos Nacional (Blanco) y Colorado (Colorado), ambos de tendencia conservadora, superan sumados al Frente Amplio, aunque no será automático el apoyo de un partido a otro en noviembre, ya que son adversarios históricos desde el nacimiento de la república, en 1830.
El FA es protagonista de la vida política uruguaya desde 1990, cuando accedió al gobierno del municipio de Montevideo, que mantiene aún en el distrito más importante del país, donde vive la mitad de la población de 3,2 millones de personas. Desde el 2005, gobierna también el país, primero con el oncólogo Tabaré Vázquez y luego con el ex guerrillero “Tupamaro” José Mujica.
El ejercicio del poder hizo aflorar con fuerza todas las contradicciones dentro de la agrupación, aunque entre Vázquez (2005-2010) y Mujica (2010-1 de marzo de 2015), el Frente Amplio consiguió estabilizar el país, hubo un crecimiento económico sostenido y se consolidó el respeto internacional por la pequeña nación sudamericana.
Uruguay se puso a la vanguardia en temas como la regulación del mercado de la marihuana, el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y el reconocimiento de los derechos sociales de las amas de casa, de los trabajadores rurales y de los artistas, entre otros.
Durante estos años, ese conglomerado de partidos y movimientos políticos se fue distanciando de sus principios “antiimperialistas y antioligárquicos”, que fueron bases programáticas desde su fundación en febrero de 1971.
El FA mantuvo una política económica más bien de tono liberal o neoliberal, con apertura de mercado, promoción de las inversiones extranjeras, extranjerización de la tierra, habilitación de gigantescas y polémicas plantas de celulosa y está dispuesto a autorizar la explotación minera a cielo abierto, proyecto congelado actualmente por la resistencia de organizaciones populares.
Estas posiciones alejadas de la izquierda tradicional uruguaya, unidas a oscilantes actitudes respecto de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985), errores en educación y dificultades para enfrentar los índices de inseguridad condujeron a este presente incierto.
En el mapa político emerge ya la autodenominada “nueva izquierda” con grupos y movimientos escindidos del FA, como la Unidad Popular (IP) y el Partido Ecológico, Radical e Intransigente (PERI), que crecen y podrían conquistar, al menos una banca en la Cámara de Diputados.
Otros votos perdidos por el FA irán a la cuenta de los anulados o en blanco. Corresponden a militantes y simpatizantes que se sienten defraudados y ponen un signo de interrogación al resultado de la segunda vuelta, el 30 de noviembre.
Además de la elección de presidente y legisladores (diputados y senadores nacionales), se someterá a plebiscito la reducción de la edad de imputabilidad penal, de 18 a 16 años, promovida por colorados y algunos sectores del Partido Nacional. Desde ayer está en vigencia la “veda” electoral que impide la realización de actos y propaganda para permitir que los ciudadanos reflexionen sobre su decisión. (DPA)
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