16 Octubre 2014
ACTIVOS . Los voluntarios de la ONG bloquean los tanques que proveen el combustible para las topadoras. facebook / GreenpeaceArg
Ya pasó un mes desde que voluntarios de Greenpeace acamparon en algunas fincas salteñas para frenar los desmontes ilegales de bosques nativos. La ONG internacional denunció que el gobierno de Juan Manuel Urtubey, autorizó a través de dos decretos el desmonte de 125.000 hectáreas de bosques ubicadas en zonas protegidas por la Ley de Bosques.
En 2007 se aprobó en el país una norma nacional para proteger áreas verdes. Cada provincia tuvo que realizar un ordenamiento territorial para dividir su geografía en tres zonas: roja, amarilla y verde. Las zonas rojas y amarillas entran dentro de las áreas protegidas. En las verdes los desmontes se pueden autorizar.
En Salta el gobierno emitió dos decretos entre 2010 y 2011 para autorizar desmontes en zonas rojas, según consignó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. Salta es uno de los casos más graves de desmonte; por eso que la ONG internacional decidió actuar ahí. Las primeras protestas comenzaron en la plaza principal, la 9 de Julio, y luego un grupo de voluntarios se trasladó a las fincas denunciadas para frenar el avance de las topadoras. Hace unos días la policía salteña desalojó los activistas que mantenían este acampe de protesta en una finca de Cuchuy y los mantuvo detenidos durante varias horas.
- ¿Qué efectos ocasiona el desmonte de bosques nativos?
El bosque no solo es para los habitantes de una provincia. La pérdida de tantas hectáreas afecta al planeta: aumenta la temperatura de la tierra, se pierde biodiversidad. Para las comunidades que viven en las cercanías el bosque es refugio y alimento. Está estudiado que deforestación de densas hectáreas de bosques puede aumentar hasta 3° la temperatura de la región.
- ¿Quiénes desmontan y para qué quieren esas tierras?
Lo sorprendente es que detrás de los desmontes hay empresarios que no son salteñas. Desde que se sancionó la Ley de Bosques en Salta se deforestaron más de 350.000 hectáreas, 100.000 en zonas amarilla y roja, para extender la frontera agropecuaria y agrícola.
En un informe de la ONG se indentifica a Aldo Navilli, dueño de Molino Cañuelas; El Yuto (familia Macri); al grupo Roggio; al presidente de la Volkswagen de Portugal; al ganadero uruguayo Bruno Varela Marin; a la finca Morocoyal (de Exportin SA); y a las fincas Santo Domingo, La Luz del Chaco, Nuevo Horizonte, La Charqueada Fracción 23, Los Pozos, Las 86 leguas, Santa Ana, La Esmeralda, Establecimiento Chaguaral y El Cebilar.
- ¿Por qué eligen Salta?
La explotación va corriéndose hacia el norte porque las tierras son más baratas. Imaginate que en Pergamino (Buenos Aires) una hectárea se vende a 15.000 dólares, mientras que en Salta la comprás por 400 dólares.
- ¿Qué sucede con quienes viven cerca de los bosques?
En su mayoría se afecta el entorno de la comunidad Wichi. En muchos casos las comunidades se ven obligadas a emigrar, a salir de su hábitat, o los empresarios los presionan para que vendan sus casas.
- ¿Por qué el gobierno salteño autoriza el desmonte?
Después del Ordenamiento territorial, donde cada provincia marcó su zona de bosques protegidos lo que hizo Salta es comenzar a autorizar “ajustes” a través de los decretos 2211/10 y 3136/1. Los empresarios pedían que autorizara que pasara de zona roja a zona verde para poder desmontar. Solo este año autorizaron más de 20 casos.
El gobernador Urtubey asumió en 2008 -explica Hernán- y durante su campaña una de las promesas había sido acabar con el festival del desmonte de su predecesor, Juan Carlos Romero. “Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Hay que frenarlos porque estos casos también se contagian. Por ejemplo en Santiago del Estero sucede lo mismo”.
- ¿Qué esperan que suceda?
Que el gobierno de Salta derogue estos permisos y los dos decretos, pero hasta el momento solo suspendió los pedidos nuevos. Ellos quieren que dialoguemos, pero no nos parece que tengamos que sentarnos a dialogar si se puede o no desmontar. La ley está y hay que cumplirla. También esperamos la intervención de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que apoyan nuestro reclamo.
- ¿Qué pasa con los delitos ambientales?
Es muy grave porque no estamos hablando de una ley vieja, sino de una que no cumplió ni 10 años y tiene una alta taza de violaciones. Hay que repensar el tema de las sanciones porque las multas no son suficientes ni la obligación de reforestar. Se debe clausurar los predios de modo que signifique una pérdida económica.
- ¿Cómo es la reacción de los salteños?
La sociedad lo sabe y hay grupos que están trabajando para que la ley se cumpla. Por supuesto que nuestra presencia logra más visibilidad al tema. Pero también es necesario que las provincias señalen lo que pasa para que se logre parar esta locura.
Los desmontes en Tucumán
Entre 2000 y 2010 se deforestaron 83.000 hectáreas de bosques
“Tucumán ha tenido una tasa de deforestación grande en la década del 60 y 70”, explicó Rodrigo Ordóñez, de la fundación Pro Yungas. Esto no significa que se haya dejado de talar bosques, pero sí a menor escala que en Salta y en Santiago del Estero. A mediados de la década del 70 unas 550.000 hectáreas de bosque pasaron a destinarse para cultivo y actividad ganadera, explicó. Unas 203.400 hectáreas fueron transformadas en el período 1976-1986 y unas 83.000 hectáreas fueron deforestadas en el período 2000-2010. Esto se debe a que Tucumán tuvo un desarrollo más temprano de la actividad productiva. “Lo que hoy se ve más es el cambio de uso. Campos que tradicionalmente eran para citrus o caña, hoy son para soja o emprendimientos inmobiliarios”, añadió. La tasa de transformación ha disminuido -indicó- en las últimas décadas, probablemente porque la superficie apta (por pendientes y por fertilidad) es cada vez menor.
“No se puede frenar”
El gobierno respondió que todo es legal
El secretario de Ambiente de salta, Gustavo Paul, respondió las declaraciones de Hernán Giardini. Dijo que los decretos cuestionados son parte de la reglamentación del ordenamiento territorial que pide la Ley de Bosques. “La ley dice que el ordenamiento es orientativo y que está sujeto a reordenarse a escala predial. Eso es lo que se hace a través de los decretos”, explicó. Además, negó que se tratara de 125.000 hectáreas las que se pretenden recategorizar como zona verde, sino que son 81.000, y la mayoría están en zona amarilla (o sea, que prevé desmontes parciales). Aclaró que no es posible frenar los desmontes que se están produciendo ahora, ya que no solo son legales sino que obedecen al reordenamiento periódico que la ley exige.
En 2007 se aprobó en el país una norma nacional para proteger áreas verdes. Cada provincia tuvo que realizar un ordenamiento territorial para dividir su geografía en tres zonas: roja, amarilla y verde. Las zonas rojas y amarillas entran dentro de las áreas protegidas. En las verdes los desmontes se pueden autorizar.
En Salta el gobierno emitió dos decretos entre 2010 y 2011 para autorizar desmontes en zonas rojas, según consignó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. Salta es uno de los casos más graves de desmonte; por eso que la ONG internacional decidió actuar ahí. Las primeras protestas comenzaron en la plaza principal, la 9 de Julio, y luego un grupo de voluntarios se trasladó a las fincas denunciadas para frenar el avance de las topadoras. Hace unos días la policía salteña desalojó los activistas que mantenían este acampe de protesta en una finca de Cuchuy y los mantuvo detenidos durante varias horas.
- ¿Qué efectos ocasiona el desmonte de bosques nativos?
El bosque no solo es para los habitantes de una provincia. La pérdida de tantas hectáreas afecta al planeta: aumenta la temperatura de la tierra, se pierde biodiversidad. Para las comunidades que viven en las cercanías el bosque es refugio y alimento. Está estudiado que deforestación de densas hectáreas de bosques puede aumentar hasta 3° la temperatura de la región.
- ¿Quiénes desmontan y para qué quieren esas tierras?
Lo sorprendente es que detrás de los desmontes hay empresarios que no son salteñas. Desde que se sancionó la Ley de Bosques en Salta se deforestaron más de 350.000 hectáreas, 100.000 en zonas amarilla y roja, para extender la frontera agropecuaria y agrícola.
En un informe de la ONG se indentifica a Aldo Navilli, dueño de Molino Cañuelas; El Yuto (familia Macri); al grupo Roggio; al presidente de la Volkswagen de Portugal; al ganadero uruguayo Bruno Varela Marin; a la finca Morocoyal (de Exportin SA); y a las fincas Santo Domingo, La Luz del Chaco, Nuevo Horizonte, La Charqueada Fracción 23, Los Pozos, Las 86 leguas, Santa Ana, La Esmeralda, Establecimiento Chaguaral y El Cebilar.
- ¿Por qué eligen Salta?
La explotación va corriéndose hacia el norte porque las tierras son más baratas. Imaginate que en Pergamino (Buenos Aires) una hectárea se vende a 15.000 dólares, mientras que en Salta la comprás por 400 dólares.
- ¿Qué sucede con quienes viven cerca de los bosques?
En su mayoría se afecta el entorno de la comunidad Wichi. En muchos casos las comunidades se ven obligadas a emigrar, a salir de su hábitat, o los empresarios los presionan para que vendan sus casas.
- ¿Por qué el gobierno salteño autoriza el desmonte?
Después del Ordenamiento territorial, donde cada provincia marcó su zona de bosques protegidos lo que hizo Salta es comenzar a autorizar “ajustes” a través de los decretos 2211/10 y 3136/1. Los empresarios pedían que autorizara que pasara de zona roja a zona verde para poder desmontar. Solo este año autorizaron más de 20 casos.
El gobernador Urtubey asumió en 2008 -explica Hernán- y durante su campaña una de las promesas había sido acabar con el festival del desmonte de su predecesor, Juan Carlos Romero. “Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Hay que frenarlos porque estos casos también se contagian. Por ejemplo en Santiago del Estero sucede lo mismo”.
- ¿Qué esperan que suceda?
Que el gobierno de Salta derogue estos permisos y los dos decretos, pero hasta el momento solo suspendió los pedidos nuevos. Ellos quieren que dialoguemos, pero no nos parece que tengamos que sentarnos a dialogar si se puede o no desmontar. La ley está y hay que cumplirla. También esperamos la intervención de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que apoyan nuestro reclamo.
- ¿Qué pasa con los delitos ambientales?
Es muy grave porque no estamos hablando de una ley vieja, sino de una que no cumplió ni 10 años y tiene una alta taza de violaciones. Hay que repensar el tema de las sanciones porque las multas no son suficientes ni la obligación de reforestar. Se debe clausurar los predios de modo que signifique una pérdida económica.
- ¿Cómo es la reacción de los salteños?
La sociedad lo sabe y hay grupos que están trabajando para que la ley se cumpla. Por supuesto que nuestra presencia logra más visibilidad al tema. Pero también es necesario que las provincias señalen lo que pasa para que se logre parar esta locura.
Los desmontes en Tucumán
Entre 2000 y 2010 se deforestaron 83.000 hectáreas de bosques
“Tucumán ha tenido una tasa de deforestación grande en la década del 60 y 70”, explicó Rodrigo Ordóñez, de la fundación Pro Yungas. Esto no significa que se haya dejado de talar bosques, pero sí a menor escala que en Salta y en Santiago del Estero. A mediados de la década del 70 unas 550.000 hectáreas de bosque pasaron a destinarse para cultivo y actividad ganadera, explicó. Unas 203.400 hectáreas fueron transformadas en el período 1976-1986 y unas 83.000 hectáreas fueron deforestadas en el período 2000-2010. Esto se debe a que Tucumán tuvo un desarrollo más temprano de la actividad productiva. “Lo que hoy se ve más es el cambio de uso. Campos que tradicionalmente eran para citrus o caña, hoy son para soja o emprendimientos inmobiliarios”, añadió. La tasa de transformación ha disminuido -indicó- en las últimas décadas, probablemente porque la superficie apta (por pendientes y por fertilidad) es cada vez menor.
“No se puede frenar”
El gobierno respondió que todo es legal
El secretario de Ambiente de salta, Gustavo Paul, respondió las declaraciones de Hernán Giardini. Dijo que los decretos cuestionados son parte de la reglamentación del ordenamiento territorial que pide la Ley de Bosques. “La ley dice que el ordenamiento es orientativo y que está sujeto a reordenarse a escala predial. Eso es lo que se hace a través de los decretos”, explicó. Además, negó que se tratara de 125.000 hectáreas las que se pretenden recategorizar como zona verde, sino que son 81.000, y la mayoría están en zona amarilla (o sea, que prevé desmontes parciales). Aclaró que no es posible frenar los desmontes que se están produciendo ahora, ya que no solo son legales sino que obedecen al reordenamiento periódico que la ley exige.
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