16 Octubre 2014
La Justicia le dio la razón al concejal José Luis Avignone (Unión Cívica Radical) y el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) deberá informarle sobre la recaudación lograda y las obras de agua y cloacas concretadas mediante el canon que se cobra a nuevos edificios en el microcentro.
Los jueces Ebe López Piossek y Sergio Gandur, de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, hicieron lugar al amparo por mora administrativa interpuesto por el opositor. La presentación se había originado porque Avignone viene requiriendo la información desde enero, sin obtener respuestas concretas.
En la resolución, los camaristas disponen “la orden de pronto despacho” al titular del Ersept, Sergio Gustavo Sánchez, para que en un plazo de 10 días se expida en cuanto a lo solicitado por el representante vecinal. De no hacerlo, podría ser apercibido y multado, detalla el documento.
En agosto, y también por una presentación del radical, la Defensoría del Pueblo había exhortado a la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), que administra Alfredo Calvo, a que informara qué obras de infraestructura había realizado con los fondos.
El ombudsman Hugo Cabral también había recomendado al Ersept que, en su carácter de órgano de fiscalización, “proceda a verificar el cumplimiento de la Ley N° 7.938, solicite los informes pertinentes y controle la ejecución de las obras proyectadas”.
La Ley provincial N° 7.938, vigente desde 2007, fijó los valores que deben abonar mensualmente a la SAT las empresas constructoras antes de iniciar obras mayores a 200 m2 en zonas céntricas de San Miguel de Tucumán. Ese dinero debe ser destinado, de acuerdo con la norma, a efectuar mejoras en la prestación del servicio de agua y cloacas.
Los jueces Ebe López Piossek y Sergio Gandur, de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, hicieron lugar al amparo por mora administrativa interpuesto por el opositor. La presentación se había originado porque Avignone viene requiriendo la información desde enero, sin obtener respuestas concretas.
En la resolución, los camaristas disponen “la orden de pronto despacho” al titular del Ersept, Sergio Gustavo Sánchez, para que en un plazo de 10 días se expida en cuanto a lo solicitado por el representante vecinal. De no hacerlo, podría ser apercibido y multado, detalla el documento.
En agosto, y también por una presentación del radical, la Defensoría del Pueblo había exhortado a la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), que administra Alfredo Calvo, a que informara qué obras de infraestructura había realizado con los fondos.
El ombudsman Hugo Cabral también había recomendado al Ersept que, en su carácter de órgano de fiscalización, “proceda a verificar el cumplimiento de la Ley N° 7.938, solicite los informes pertinentes y controle la ejecución de las obras proyectadas”.
La Ley provincial N° 7.938, vigente desde 2007, fijó los valores que deben abonar mensualmente a la SAT las empresas constructoras antes de iniciar obras mayores a 200 m2 en zonas céntricas de San Miguel de Tucumán. Ese dinero debe ser destinado, de acuerdo con la norma, a efectuar mejoras en la prestación del servicio de agua y cloacas.
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