Por Roberto Delgado
03 Octubre 2014
Cuatro cosas nos sugieren, arbitrariamente, que el joven sometido a vejámenes por dos policías en el video del escándalo sería un delincuente: 1) está esposado 2) tiene un tatuaje en la espalda 3) parece marginal, porque está mal vestido (o casi desvestido) y 4) los agresores son policías. Eso hace que una gran cantidad de gente, al ver ese video espantoso pero a la vez tomado como un show cinematográfico o televisivo divertido, se ría de la forma en que esa persona es golpeada y sometida a una denigración total, repitiendo, de modo infantil, cómo hacen el perro, el gato, el caballo o el gallo. Los policías tucumanos -según se comenta- se pasaron ese video por Whatsapp durante 10 días hasta que alguien asumió que, más allá de la supuesta gracia, esos dos tipos que se divierten tratando a una persona como el gato maula con el mísero ratón estaban cometiendo un delito atroz, ni siquiera justificado (si es que puede haber justificación) por una urgencia de seguridad, por defensa propia o por algo que induzca a pensar que la persona agredida es una “lacra”, como llaman los policías a quienes consideran delincuentes.
Esas cuatro cosas que hacen pensar en policías y maleantes encajan en el paradigma que impera en una sociedad asustada por la inseguridad y que es capaz de justificar la violencia en aras de una supuesta punición del delito, sin tener datos que comprueben esta teoría, como no sean los prejuicios lombrosianos de que un tipo de mala cara, mal vestido y/o feo es delincuente. Y otro prejuicio lleva a suponer que torturar o eliminar a ese tipo de mal aspecto (o a un delincuente comprobado) hará de esta sociedad un mundo mejor.
Ya este debate se dio en 2010, cuando fue la condena a ocho años de prisión a dos policías de la seccional 11ª que en marzo de 2004 causaron la muerte, a golpes, del puestero Alberto El Khalil, detenido por una infracción de tránsito. En esos días de 2010 se conoció un estudio de la Secretaría de Derechos Humanos que indicaba que se denunciaban cuatro casos de tortura por mes en cárceles y comisarías de Tucumán. Fue el único estudio del que se tiene noticia y nada se sabe de que el Gobierno haya hecho algo, como no fuera una instrucción del entonces ministro fiscal a las fiscalías para que hagan visitas a las comisarías. Instrucción que luego quedó en la nada.
Aplacada la polvareda, se olvidó el debate. Pero hubo varios casos posteriores, que siempre las autoridades consideraron aislados; entre ellos el de Ismael Lucena, muerto a balazos en 2011 en el barrio Gráfico (dos policías están acusados) y el de Adrián Astorga (recibió un balazo en la nuca el 20 de julio pasado en barrio San Martín y cuatro policías estuvieron detenidos), así como episodios menores, como el de Mariano Nicolás Lobo, que denunció el 28 de septiembre pasado que tres agentes custodios en un boliche de Junín al 100 lo molieron a palos y le fracturaron la nariz.
Hay otros casos que no se denuncian porque muchas de las víctimas viven en un mundo de duras condiciones en el que la violencia está como justificada. El experto en derechos humanos Víctor Abramovich lo explicó en noviembre en Tucumán, a propósito de los 30 años de democracia y de la persistencia de las torturas en el país: dijo que esa violencia afecta sobre todo a jóvenes de centros urbanos que no han tenido inserción en el mercado laboral y que no han tenido una ciudadanía plena. “Aún quedan núcleos duros de pobreza pendientes de perforar. Necesitamos estrategias para la inclusión social. Esa es la clave para superar nuestros déficits de derechos humanos”, definió. Eso, combinado con la creciente demanda desde los 90 por mayor seguridad, ha hecho que la sociedad mire para otro lado frente a la violencia policial, señaló Sofía Tiscornia, integrante del equipo de Antropología Política y Jurídica de la UBA.
La explicación de que los policías que torturan son casos aislados ya no sirve. Los funcionarios no dicen por qué no se ha reglamentado en Tucumán la Ley 8.523 (de 2012), que obliga a aplicar el protocolo contra la tortura, ni por qué no se deciden a cambiar la arbitraria e inconstitucional Ley de Contravenciones ni a reformar la Ley Policial, que hace indigno y violento al policía. ¿Dirán que la causa es que la sociedad pide mano dura contra el delito? ¿Con qué objeto? Si mano dura es lo que siempre han aplicado; el video ya es un show gratuito de esa mano dura. Y al mismo tiempo la inseguridad hace estragos en la provincia. ¿Acaso no se ve esta contradicción que no lleva a ninguna parte?
Esas cuatro cosas que hacen pensar en policías y maleantes encajan en el paradigma que impera en una sociedad asustada por la inseguridad y que es capaz de justificar la violencia en aras de una supuesta punición del delito, sin tener datos que comprueben esta teoría, como no sean los prejuicios lombrosianos de que un tipo de mala cara, mal vestido y/o feo es delincuente. Y otro prejuicio lleva a suponer que torturar o eliminar a ese tipo de mal aspecto (o a un delincuente comprobado) hará de esta sociedad un mundo mejor.
Ya este debate se dio en 2010, cuando fue la condena a ocho años de prisión a dos policías de la seccional 11ª que en marzo de 2004 causaron la muerte, a golpes, del puestero Alberto El Khalil, detenido por una infracción de tránsito. En esos días de 2010 se conoció un estudio de la Secretaría de Derechos Humanos que indicaba que se denunciaban cuatro casos de tortura por mes en cárceles y comisarías de Tucumán. Fue el único estudio del que se tiene noticia y nada se sabe de que el Gobierno haya hecho algo, como no fuera una instrucción del entonces ministro fiscal a las fiscalías para que hagan visitas a las comisarías. Instrucción que luego quedó en la nada.
Aplacada la polvareda, se olvidó el debate. Pero hubo varios casos posteriores, que siempre las autoridades consideraron aislados; entre ellos el de Ismael Lucena, muerto a balazos en 2011 en el barrio Gráfico (dos policías están acusados) y el de Adrián Astorga (recibió un balazo en la nuca el 20 de julio pasado en barrio San Martín y cuatro policías estuvieron detenidos), así como episodios menores, como el de Mariano Nicolás Lobo, que denunció el 28 de septiembre pasado que tres agentes custodios en un boliche de Junín al 100 lo molieron a palos y le fracturaron la nariz.
Hay otros casos que no se denuncian porque muchas de las víctimas viven en un mundo de duras condiciones en el que la violencia está como justificada. El experto en derechos humanos Víctor Abramovich lo explicó en noviembre en Tucumán, a propósito de los 30 años de democracia y de la persistencia de las torturas en el país: dijo que esa violencia afecta sobre todo a jóvenes de centros urbanos que no han tenido inserción en el mercado laboral y que no han tenido una ciudadanía plena. “Aún quedan núcleos duros de pobreza pendientes de perforar. Necesitamos estrategias para la inclusión social. Esa es la clave para superar nuestros déficits de derechos humanos”, definió. Eso, combinado con la creciente demanda desde los 90 por mayor seguridad, ha hecho que la sociedad mire para otro lado frente a la violencia policial, señaló Sofía Tiscornia, integrante del equipo de Antropología Política y Jurídica de la UBA.
La explicación de que los policías que torturan son casos aislados ya no sirve. Los funcionarios no dicen por qué no se ha reglamentado en Tucumán la Ley 8.523 (de 2012), que obliga a aplicar el protocolo contra la tortura, ni por qué no se deciden a cambiar la arbitraria e inconstitucional Ley de Contravenciones ni a reformar la Ley Policial, que hace indigno y violento al policía. ¿Dirán que la causa es que la sociedad pide mano dura contra el delito? ¿Con qué objeto? Si mano dura es lo que siempre han aplicado; el video ya es un show gratuito de esa mano dura. Y al mismo tiempo la inseguridad hace estragos en la provincia. ¿Acaso no se ve esta contradicción que no lleva a ninguna parte?
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