Nueva embestida contra el parque Guillermina

En una democracia, el respeto a las leyes, a las normativas es fundamental, no solo de los ciudadanos, sino también de sus gobernantes. Su incumplimiento es de mayor gravedad cuando lo comenten estos últimos, porque se supone que deben dar el ejemplo. Como ha sucedido en otras oportunidades, particularmente en materia de patrimonio arquitectónico, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán comenzó obras de jerarquización del parque Guillermina, sin haber consultado a la Comisión de Patrimonio, ya que se trata de un espacio verde protegido por la ley N° 7535.

La presencia de topadoras alertó a los vecinos. Una arquitecta, integrante de la Comisión, dijo: “a simple vista diría que no es necesaria una calle de doble mano dentro de un pulmón verde, pero es algo que hay que evaluar en la Comisión, para eso está. Lo cierto es que la capital tucumana tiene apenas 5m² de los 14 que se recomiendan de espacio verde por habitante, y lo siguen reduciendo sin consultar, sin consensuar, como lo hacen siempre”.

El secretario municipal de Obras Públicas declaró que le pareció innecesaria la consulta a la Comisión. “Estamos llevando a cabo una jerarquización y revalorización del espacio público que no altera el patrimonio. Lo que pretendemos es mejorar el uso del espacio, reordenando el acceso y la circulación tanto de los vehículos como de los peatones, aumentando la seguridad con mayor iluminación e integrando el parque con la zona”.

No es la primera vez que el parque Guillermina es víctima de estas maniobras silenciosas. En 2010, el Concejo Deliberante trató sorpresivamente y en sesión extraordinaria la donación en comodato a la Provincia de un predio perteneciente al municipio para la erección de un hogar de ancianos. Cuando tomó difusión pública el hecho, se generó una controversia y finalmente el proyecto no prosperó, pero la reincidencia en el intento de violar la ley prosiguió.

El 10 de octubre pasado, a apenas 48 horas de ser presentado y sin mediar ningún tipo de estudio o consideración en comisiones, el Concejo Deliberante autorizó a la Municipalidad a ceder un terreno que forma parte del Guillermina, en comodato por 20 años al Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio, para que construyera un complejo deportivo. Se trataba del mismo predio había sido donado para erigir un geriátrico.

Las tierras que conforman el parque pertenecieron, desde 1920, al industrial y filántropo Alfredo Guzmán, que construyó allí una casa para descansar los fines de semana junto a su mujer, Guillermina Leston. En 1970, la Municipalidad adquirió el predio mediante expropiación y habilitó el paseo en diciembre de ese año. Los funcionarios dijeron que era una medida necesaria debido a que la ciudad se había urbanizado de manera desprolija y no disponía de terrenos para espacios verdes.

El año pasado, aplicando la misma metodología, la Municipalidad decidió mutilar el parque Avellaneda para abrir una calle, sin consulta previa. La polémica posterior no sirvió porque el hecho ya estaba consumado y no se podía volver atrás. Tampoco sirvió de enseñanza porque se insiste en aplicar la misma fórmula y en violar una vez más la ley N° 7.535. ¿Cómo exigir entonces a los ciudadanos el acatamiento de las normativas? ¿Cuál es el inconveniente de hacer las cosas como corresponde? Actuar entre gallos y medianoche desnuda la falta de transparencia, que desde todo punto de vista es reprochable y antidemocrático.