“En estos casos, toda la familia necesita apoyo psicoterapéutico”

Situaciones como las que vive Mercedes con su hijo “Tomatito” tienen más relación con el ámbito de la salud que con lo penal. Según señala la defensora de Menores Inés Avellaneda, así lo contempla la Ley de Salud Mental. “Al ser un problema de salud, el chico suele ser un emergente de un tema familiar, que puede ser social o económico, y por ende no sólo él está involucrado sino todos los miembros de la familia”, sostiene Avellaneda. Y sugiere: “en estos casos, toda la familia necesita apoyo psicoterapéutico”. En situaciones como esta, es el Siprosa el responsable de garantizar dicho tratamiento.

Por otro lado, y respecto a la situación de pobreza que alcanzan las familias con este tipo de problemática, Avellaneda señala que se puede recurrir a los departamentos pertinentes de la Dirección de Familia, pertenecientes al ministerio de Desarrollo Social, en busca de algún tipo de apoyo.

Casos como el de “Tomatito” llegan todo el tiempo al Poder Judicial, según comenta Avellaneda. “Lamentablemente la droga está haciendo estragos”, considera. En ese sentido, asegura que las víctimas pertenecen a todas las clases sociales, sin diferencias. “Lo que generalmente llega a tribunales es de barrios estigmatizados, pero se da en todas las franjas socieoeconómicas”, advierte.

En cuanto la defensoría de Menores interviene en un caso como el de “Tomatito”, solicita a los psiquiatras del cuerpo de peritos médicos oficiales una opinión sobre la situación del paciente para conocer si es necesaria la internación. “De no ser así, tiene que ver el caso la división de Salud Mental del Siprosa para el tratamiento ambulatorio correspondiente, ya sea a través de hospitales o CAPS. Pero si el chico está en una situación muy crítica, tendrá que ser asistido dentro de un establecimiento asistencial del Siprosa”, explica Avellaneda. Asimismo, aclara que siempre se busca la institución más cercana al domicilio del paciente para evitarle gastos a la familia.

En ese sentido, la defensora recomienda a los familiares de menores con problemas de adicciones que busquen ayuda. “Que la gente no tema, cuando tenga un problema de esta naturaleza recurra al CAPS más cercano a su domicilio, ahí se lo derivará al organismo que corresponda”, aconseja.

“Necesitamos políticas públicas activas al respecto si es que queremos salvar a esta franja etaria de adolescentes y niños que están en una extrema situación de vulnerabilidad”, concluye Avellaneda.