23 Septiembre 2014
BUENOS AIRES.- El proceso de juicio político al fiscal penal de instrucción porteño José María Campagnoli, por presunto mal desempeño, está empantanado desde hace varias semanas, y no hay perspectiva de resolución antes del 27 de octubre, fecha en la que caduca la acusación.
El jurado de enjuiciamiento que debe realizar el juicio político a Campagnoli se ha desintegrado, y ni siquiera puede resolverse su integración, por lo que aún más lejana aparece la posibilidad de que continúe el juicio, admitieron a Télam fuentes judiciales vinculadas al caso.
Las fuentes consideraron que “no se advierte interés del tribunal en reabrir el caso”, ni tampoco de “volver a integrar el tribunal”, y menos aún de rendir cuentas por lo actuado ante los organismos que cada uno de los integrantes del jury representan.
Cuatro de los siete miembros del jury desistieron de integrar el cuerpo tras ser recusados, en tanto que otros tres decidieron apartarse argumentando que de lo contrario no pueden garantizar su objetividad.
En los últimos días, Daniel Adler, representante de la Procuración General de la Nación, y Rodolfo Ojea Quintana, representante del Senado nacional, se inhibieron de seguir participando del juicio.
El representante del Poder Ejecutivo en el jury, Ernesto Kreplak, ya lo había hecho con anterioridad.
El argumento de los tres integrantes del jury fue que como ya integraron el cuerpo y emitieron opinión en el juicio que ya se realizó y quedó trunco, no debían integrar nuevamente el jury porque no serían objetivos, ya que escucharon a los testigos y se formaron opinión sobre la causa.
Los otros cuatro miembros fueron recusados por la Fiscalía con lo cual dejaron de intervenir: se trata de Juan Gauna (representante de la Corte Suprema de Justicia), Javier Panero (representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados), la abogada y consejera electa de la Magistratura, Adriana Donato, y el defensor oficial Nicolás Toselli, a quienes la fiscalía de juicio pidió apartar.
Si bien la recusación debe ser resuelta por los suplentes, éstos hasta el momento no fueron convocados.
Pedido de nulidad
También hay un pedido de declarar nulo todo lo actuado por los jurados desde la incorporación del suplente Leonardo Miño, que reemplazó a María Cristina Martínez Córdoba, que el día de los alegatos se enfermó y pidió licencia, para no regresar por un buen tiempo.
Esta situación creada a partir del pedido de licencia de Martínez Córdoba, terminó frenando el proceso por más de 10 días, plazo máximo autorizado para que un debate se encuentre suspendido.
La norma establece que el suplente de un integrante del tribunal sólo podrá reemplazar al miembro saliente si estuvo presente en todas las audiencias del proceso; de lo contrario, no tendría los elementos suficientes para dictar una sentencia.
Como Miño no estuvo en las audiencias, y los integrantes del jury no se pusieron de acuerdo respecto a que pueda escuchar todas las grabaciones de los testimonios, el juicio debe comenzar de nuevo, y el plazo para su resolución sigue siendo el mismo, es decir el 27 de octubre. Ese día vence el plazo de la acusación y si antes de esa fecha no se realiza el juicio, se cerrará definitivamente.
La suspensión
El 12 de diciembre de 2013 el fiscal José María Campagnoli fue suspendido en sus funciones por investigar al empresario kirchnerista Lázaro Báez, y el 17 de julio pasado se levantó la suspensión que pesaba sobre él, por lo que el fiscal pudo volver a su fiscalía del barrio de Saavedra.
“Creo que no me equivoqué, pero mis investigaciones afectaron a poderosos y se promovió este juicio político”, declaró Campagnoli, en esa ocasión. Según la reglamentación que rige el procedimiento de destitución de un fiscal, el lapso máximo que puede durar un juicio es de seis meses (180 días), y el plazo se cumplirá el 27 de octubre. (Télam - Archivos de LAGACETA.com)
El jurado de enjuiciamiento que debe realizar el juicio político a Campagnoli se ha desintegrado, y ni siquiera puede resolverse su integración, por lo que aún más lejana aparece la posibilidad de que continúe el juicio, admitieron a Télam fuentes judiciales vinculadas al caso.
Las fuentes consideraron que “no se advierte interés del tribunal en reabrir el caso”, ni tampoco de “volver a integrar el tribunal”, y menos aún de rendir cuentas por lo actuado ante los organismos que cada uno de los integrantes del jury representan.
Cuatro de los siete miembros del jury desistieron de integrar el cuerpo tras ser recusados, en tanto que otros tres decidieron apartarse argumentando que de lo contrario no pueden garantizar su objetividad.
En los últimos días, Daniel Adler, representante de la Procuración General de la Nación, y Rodolfo Ojea Quintana, representante del Senado nacional, se inhibieron de seguir participando del juicio.
El representante del Poder Ejecutivo en el jury, Ernesto Kreplak, ya lo había hecho con anterioridad.
El argumento de los tres integrantes del jury fue que como ya integraron el cuerpo y emitieron opinión en el juicio que ya se realizó y quedó trunco, no debían integrar nuevamente el jury porque no serían objetivos, ya que escucharon a los testigos y se formaron opinión sobre la causa.
Los otros cuatro miembros fueron recusados por la Fiscalía con lo cual dejaron de intervenir: se trata de Juan Gauna (representante de la Corte Suprema de Justicia), Javier Panero (representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados), la abogada y consejera electa de la Magistratura, Adriana Donato, y el defensor oficial Nicolás Toselli, a quienes la fiscalía de juicio pidió apartar.
Si bien la recusación debe ser resuelta por los suplentes, éstos hasta el momento no fueron convocados.
Pedido de nulidad
También hay un pedido de declarar nulo todo lo actuado por los jurados desde la incorporación del suplente Leonardo Miño, que reemplazó a María Cristina Martínez Córdoba, que el día de los alegatos se enfermó y pidió licencia, para no regresar por un buen tiempo.
Esta situación creada a partir del pedido de licencia de Martínez Córdoba, terminó frenando el proceso por más de 10 días, plazo máximo autorizado para que un debate se encuentre suspendido.
La norma establece que el suplente de un integrante del tribunal sólo podrá reemplazar al miembro saliente si estuvo presente en todas las audiencias del proceso; de lo contrario, no tendría los elementos suficientes para dictar una sentencia.
Como Miño no estuvo en las audiencias, y los integrantes del jury no se pusieron de acuerdo respecto a que pueda escuchar todas las grabaciones de los testimonios, el juicio debe comenzar de nuevo, y el plazo para su resolución sigue siendo el mismo, es decir el 27 de octubre. Ese día vence el plazo de la acusación y si antes de esa fecha no se realiza el juicio, se cerrará definitivamente.
La suspensión
El 12 de diciembre de 2013 el fiscal José María Campagnoli fue suspendido en sus funciones por investigar al empresario kirchnerista Lázaro Báez, y el 17 de julio pasado se levantó la suspensión que pesaba sobre él, por lo que el fiscal pudo volver a su fiscalía del barrio de Saavedra.
“Creo que no me equivoqué, pero mis investigaciones afectaron a poderosos y se promovió este juicio político”, declaró Campagnoli, en esa ocasión. Según la reglamentación que rige el procedimiento de destitución de un fiscal, el lapso máximo que puede durar un juicio es de seis meses (180 días), y el plazo se cumplirá el 27 de octubre. (Télam - Archivos de LAGACETA.com)
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