Acusan por trata a intendentes pampeanos

Acusan por trata a intendentes pampeanos

Cuatro jefes municipales son investigados por su presunta colaboración al habilitar prostíbulos.

22 Septiembre 2014
Los intendentes pampeanos Luis Rogers, del partido de Lonquimay; Jorge Cabak, de Macachín; David Bravo, de Colonia 25 de Mayo, y María Elena García, de General Acha, están siendo investigados por la Justicia Federal por el rol que tuvieron en la habilitación de prostíbulos que funcionaron en sus ciudades, según publicó ayer el diario “Perfil” en su edición dominical.

La jueza federal Iara Silvestre lleva adelante una investigación del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sobre el rol que tuvieron diversos funcionarios al darle un aparente marco de legalidad a locales nocturnos en los que en realidad se ejercía la prostitución.

La situación de los cuatro intendentes es distinta, de acuerdo a la publicación. Rogers se encuentra procesado como partícipe necesario en el delito de trata de personas y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Para esta resolución consideré que, si bien el local estaba habilitado conforme a la legislación municipal vigente, él (Rogers) conocía que allí había mujeres sometidas a la prostitución y, a pesar de ese conocimiento, no arbitró los medios necesarios para procurar la clausura, revocar la habilitación y denunciar esta situación”, explicó la jueza.

Por su parte, el intendente Cabak, de Macachín, ya prestó declaración indagatoria ante la magistrada, quien aún debe resolver si dicta el auto de procesamiento en su contra.

El sábado debería haber declarado el jefe comunal de Colonia 25 de Mayo, Bravo, pero su abogado presentó un escrito y se pospuso la audiencia para el 2 de octubre, publicó Perfil.

La situación de la única mujer que está siendo investigada es, de alguna manera, la menos complicada. Sucede que la jueza Federal había resuelto absolver a García (titular del ejecutivo de General Acha), pero el fiscal Juan Baric apeló y aún no quedó desligada de la causa.

La investigación se inició luego de que los municipios cerraran locales nocturnos en los que se ejercía la prostitución. En 2008 en La Pampa había 35 burdeles reconocidos. “Para entonces era alarmante la cantidad de mujeres explotadas. Promovimos una ordenanza para cerrar los prostíbulos y el resto de las localidades empezaron a sumarse a esta medida”, explicó Mónica Molina, quien entonces era subdirectora de Políticas de Género de Santa Rosa.

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