21 Septiembre 2014
La Justicia procesa al ex juez Parache y a Paliza
La Cámara Federal integrada por jueces sustitutos revocó la falta de mérito que había dictado el conjuez Hugo Danesi en abril de 2013 La investigación, que comenzó en 2005, procura esclarecer las irregularidades halladas en el trámite de una medida cautelar que permitió cobrar $ 1,2 millón
IMPUTADO. Jorge Parache, ex magistrado federal N°1, ingresa a los Tribunales a prestar indagatoria en 2010. la gaceta / foto de héctor peralta (archivo)
La Cámara Federal de Apelaciones rescató “de las cenizas” a “Scaravilli López”, una de las cuatro causas penales relativas a las supuestas maniobras criminales con títulos públicos que pusieron término a las carreras de dos ex jueces federales de Tucumán: Felipe Terán (destituido en 2006) y Jorge Parache (renunció en 2007). El tribunal integrado con cinco suplentes volteó la resolución de primera instancia que disponía la falta de mérito respecto de Parache y del abogado César Roque Paliza (h), y ordenó el procesamiento de esos dos imputados. Además, trabó embargos por $ 1 millón sobre los patrimonios de los acusados.
Con esta resolución del 16 de septiembre pasado, la alzada impuso -o repuso- el criterio judicial aplicado a las demás causas con títulos públicos (“Borquez”, “Camandona” y “Taranto”) y que incluso dio pie en 2008 al procesamiento de Alberto Domingo Scaravilli López, tercer acusado en la investigación que lleva su apellido. Tal tesitura fue dejada de lado el 8 de abril del año pasado, cuando el conjuez Hugo Danesi dijo que no había pruebas suficientes para condenar o para sobreseer a Parache y a Paliza, y dictó la falta de mérito, decisión que en su momento apeló el fiscal federal Carlos Brito.
“Entendemos que se encuentran reunidos, al menos hasta el presente, elementos probatorios de convicción más que suficientes para el dictado de una resolución de procesamiento de los acusados”, dijeron los camaristas subrogantes Adolfo Raúl Guzmán y Juan Carlos Reynaga, y la conjueza Alicia Estela Carranza (en disidencia parcial se pronunciaron el conjuez Carlos Alberto Bravo y el camarista subrogante Renato Rabbi-Baldi Cabanillas). El tribunal ad hoc hizo suya la hipótesis de que los imputados habrían intervenido en una maniobra para defraudar al Estado nacional que incluyó la interposición de una demanda por parte del abogado Paliza (h), en su carácter de apoderado de Scaravilli López. Como consecuencia de dicho escrito y sólo ocho días después de su presentación, Parache había despachado -a favor del demandante- una cautelar que permitió cobrar $ 1,2 millón. Esta suma implica una ganancia del 411% respecto de la inversión original de $ 295.750 en títulos públicos alcanzados por la cesación de pagos dispuesta a fines de 2011.
La alzada recordó que una auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación había revelado que el expediente civil fue sustraído (hubo que reconstruirlo). También expresó que el representante del Estado Nacional había advertido al ex juez N°1 que Scaravilli López compró los bonos en default en 2004, por lo que fue él mismo quien se colocó en la situación de riesgo y de eventual perjuicio para ampararse en la situación de excepción del régimen de pesificación forzosa de las obligaciones contraídas por el Estado nacional. El conjuez Danesi había interpretado que este negocio especulativo era perfectamente lícito, aunque luego quedó demostrado que Scaravilli López tenía 50 y no 60 años como decía la demanda, y que su enfermedad estaba ligada a una poliomielitis infantil que carecía de la gravedad y actualidad invocadas.
“El ardid desplegado por Scaravilli López y el abogado interviniente (Paliza) fue posible por la participación que le cupo al juez de la causa (Parache), quien no habría exigido el cumplimiento de los recaudos legales. Su participación inicial de no verificación de los extremos necesarios para dar procedencia a la cautelar se vio reforzada por la actitud posterior que asumió Parache, que intimó el cumplimiento de la orden de pago bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes”, adujeron Carranza, Guzmán y Reynaga.
El tribunal atribuyó a Paliza la supuesta comisión de una defraudación en perjuicio del Estado nacional. Respecto de Parache, dijo que este era presunto partícipe necesario en aquel delito y que su conducta también estaba encuadrada en una violación de los deberes del funcionario público.
En minoría, Bravo y Rabbi-Baldi Cabanillas se inclinaron por mantener la falta de mérito respecto de Parache porque consideraron que el Ministerio Público sugería un actuar conjunto fundado en un acuerdo previo que no había sido probado, más allá de la impericia u omisión del entonces magistrado. Respecto de Paliza, los disidentes sostuvieron que fue el nexo vinculante entre quien proporcionó el dinero para comprar los títulos (Higinio Delfín Pérez, según las constancias del caso) y la persona que aparentaba reunir las dolencias físicas que autorizaban a solicitar la aplicación del régimen de excepción de la pesificación forzosa (Scaravilli López).
La Cámara Federal de Apelaciones aconsejó agilizar la investigación del caso, que empezó en 2005 y que logró la indagatoria de Paliza el año pasado, después de tres intentos frustrados en 2007, 2011 y 2012. En perspectiva, todas las pesquisas con títulos públicos tuvieron instrucciones accidentadas, pero los dos expedientes penales que involucran al ex juez Terán (“Borquez” y “Camandona”) avanzaron más rápido -o con menor lentitud- que las investigaciones que implican a Parache (“Taranto” y “Scaravilli López”), pese a que en aquellos el dinero en cuestión nunca fue cobrado (son supuestas tentativas de defraudación). Aunque la Cámara de Apelaciones sugiera que conviene actuar con rapidez, lo cierto es que no hace falta ser un meteorólogo -ni un procesalista- experto para advertir que pronto caerá una “lluvia” de planteos que demanden la prescripción de “Scaravilli López”.
Con esta resolución del 16 de septiembre pasado, la alzada impuso -o repuso- el criterio judicial aplicado a las demás causas con títulos públicos (“Borquez”, “Camandona” y “Taranto”) y que incluso dio pie en 2008 al procesamiento de Alberto Domingo Scaravilli López, tercer acusado en la investigación que lleva su apellido. Tal tesitura fue dejada de lado el 8 de abril del año pasado, cuando el conjuez Hugo Danesi dijo que no había pruebas suficientes para condenar o para sobreseer a Parache y a Paliza, y dictó la falta de mérito, decisión que en su momento apeló el fiscal federal Carlos Brito.
“Entendemos que se encuentran reunidos, al menos hasta el presente, elementos probatorios de convicción más que suficientes para el dictado de una resolución de procesamiento de los acusados”, dijeron los camaristas subrogantes Adolfo Raúl Guzmán y Juan Carlos Reynaga, y la conjueza Alicia Estela Carranza (en disidencia parcial se pronunciaron el conjuez Carlos Alberto Bravo y el camarista subrogante Renato Rabbi-Baldi Cabanillas). El tribunal ad hoc hizo suya la hipótesis de que los imputados habrían intervenido en una maniobra para defraudar al Estado nacional que incluyó la interposición de una demanda por parte del abogado Paliza (h), en su carácter de apoderado de Scaravilli López. Como consecuencia de dicho escrito y sólo ocho días después de su presentación, Parache había despachado -a favor del demandante- una cautelar que permitió cobrar $ 1,2 millón. Esta suma implica una ganancia del 411% respecto de la inversión original de $ 295.750 en títulos públicos alcanzados por la cesación de pagos dispuesta a fines de 2011.
La alzada recordó que una auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación había revelado que el expediente civil fue sustraído (hubo que reconstruirlo). También expresó que el representante del Estado Nacional había advertido al ex juez N°1 que Scaravilli López compró los bonos en default en 2004, por lo que fue él mismo quien se colocó en la situación de riesgo y de eventual perjuicio para ampararse en la situación de excepción del régimen de pesificación forzosa de las obligaciones contraídas por el Estado nacional. El conjuez Danesi había interpretado que este negocio especulativo era perfectamente lícito, aunque luego quedó demostrado que Scaravilli López tenía 50 y no 60 años como decía la demanda, y que su enfermedad estaba ligada a una poliomielitis infantil que carecía de la gravedad y actualidad invocadas.
“El ardid desplegado por Scaravilli López y el abogado interviniente (Paliza) fue posible por la participación que le cupo al juez de la causa (Parache), quien no habría exigido el cumplimiento de los recaudos legales. Su participación inicial de no verificación de los extremos necesarios para dar procedencia a la cautelar se vio reforzada por la actitud posterior que asumió Parache, que intimó el cumplimiento de la orden de pago bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes”, adujeron Carranza, Guzmán y Reynaga.
El tribunal atribuyó a Paliza la supuesta comisión de una defraudación en perjuicio del Estado nacional. Respecto de Parache, dijo que este era presunto partícipe necesario en aquel delito y que su conducta también estaba encuadrada en una violación de los deberes del funcionario público.
En minoría, Bravo y Rabbi-Baldi Cabanillas se inclinaron por mantener la falta de mérito respecto de Parache porque consideraron que el Ministerio Público sugería un actuar conjunto fundado en un acuerdo previo que no había sido probado, más allá de la impericia u omisión del entonces magistrado. Respecto de Paliza, los disidentes sostuvieron que fue el nexo vinculante entre quien proporcionó el dinero para comprar los títulos (Higinio Delfín Pérez, según las constancias del caso) y la persona que aparentaba reunir las dolencias físicas que autorizaban a solicitar la aplicación del régimen de excepción de la pesificación forzosa (Scaravilli López).
La Cámara Federal de Apelaciones aconsejó agilizar la investigación del caso, que empezó en 2005 y que logró la indagatoria de Paliza el año pasado, después de tres intentos frustrados en 2007, 2011 y 2012. En perspectiva, todas las pesquisas con títulos públicos tuvieron instrucciones accidentadas, pero los dos expedientes penales que involucran al ex juez Terán (“Borquez” y “Camandona”) avanzaron más rápido -o con menor lentitud- que las investigaciones que implican a Parache (“Taranto” y “Scaravilli López”), pese a que en aquellos el dinero en cuestión nunca fue cobrado (son supuestas tentativas de defraudación). Aunque la Cámara de Apelaciones sugiera que conviene actuar con rapidez, lo cierto es que no hace falta ser un meteorólogo -ni un procesalista- experto para advertir que pronto caerá una “lluvia” de planteos que demanden la prescripción de “Scaravilli López”.
Lo más popular
