20 Septiembre 2014
BUENOS AIRES.- El Gobierno promulgó la reforma de la ley de abastecimiento, resistida por empresarios y dirigentes opositores, mediante un decreto que la presidenta Cristina Fernández dejó firmado antes de su viaje a Italia.
El decreto 1622 de promulgación fue publicado ayer en el Boletín Oficial con las firmas de Fernández, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Justicia, Julio Alak. La ley de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” fue sancionada en la madrugada del jueves con el voto positivo de 130 diputados, 105 negativos y la abstención de 5 legisladores. Los empresarios del Grupo de los Seis (G-6) anticiparon que presentarán recursos de Amparo en la Justicia contra la norma.
Desde la oposición, en tanto, los precandidatos presidenciales Sergio Massa (Frente Renovador) y Hermes Binner (Frente Amplio Unen) coincidieron en que si acceden al Gobierno derogarán la normativa; mientras que el senador Fernando “Pino” Solanas prometió revisarla.
Antes de partir el jueves por la tarde a Roma para un almuerzo con el papa Francisco, la Presidenta también dejó firmados los decretos de promulgación de las leyes que disponen la creación de un observatorio de precios y de un fuero especial para la resolución de conflictos en las relaciones de consumo. Los decretos 1.623 y 1.624 fueron publicados en el Boletín Oficial, luego de que también ayer a la madrugada fueron sancionadas las normas por la Cámara de Diputados tras su aprobación previa por parte del Senado.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan al sector agroexportador, rechazaron la nueva ley de abastecimiento al advertir que desalentará la inversión productiva y provocará menor producción, desempleo, perjudicando a los consumidores.
“Con esta ley de abastecimiento es dable esperar que la producción se reduzca por el desincentivo que promueve, lo que reducirá la oferta de bienes y materias primas en perjuicio de los consumidores y, asimismo, hará declinar el saldo exportable del país, afectando el nivel de ingreso de divisas e incrementando la capacidad ociosa de la agroindustria”, expresaron las organizaciones. (DyN)
El decreto 1622 de promulgación fue publicado ayer en el Boletín Oficial con las firmas de Fernández, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Justicia, Julio Alak. La ley de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” fue sancionada en la madrugada del jueves con el voto positivo de 130 diputados, 105 negativos y la abstención de 5 legisladores. Los empresarios del Grupo de los Seis (G-6) anticiparon que presentarán recursos de Amparo en la Justicia contra la norma.
Desde la oposición, en tanto, los precandidatos presidenciales Sergio Massa (Frente Renovador) y Hermes Binner (Frente Amplio Unen) coincidieron en que si acceden al Gobierno derogarán la normativa; mientras que el senador Fernando “Pino” Solanas prometió revisarla.
Antes de partir el jueves por la tarde a Roma para un almuerzo con el papa Francisco, la Presidenta también dejó firmados los decretos de promulgación de las leyes que disponen la creación de un observatorio de precios y de un fuero especial para la resolución de conflictos en las relaciones de consumo. Los decretos 1.623 y 1.624 fueron publicados en el Boletín Oficial, luego de que también ayer a la madrugada fueron sancionadas las normas por la Cámara de Diputados tras su aprobación previa por parte del Senado.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan al sector agroexportador, rechazaron la nueva ley de abastecimiento al advertir que desalentará la inversión productiva y provocará menor producción, desempleo, perjudicando a los consumidores.
“Con esta ley de abastecimiento es dable esperar que la producción se reduzca por el desincentivo que promueve, lo que reducirá la oferta de bienes y materias primas en perjuicio de los consumidores y, asimismo, hará declinar el saldo exportable del país, afectando el nivel de ingreso de divisas e incrementando la capacidad ociosa de la agroindustria”, expresaron las organizaciones. (DyN)
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