14 Septiembre 2014
COMO EN 2008. La Sociedad Rural advirtió que podrían volver las protestas. LA GACETA / FOTO DE héctor peralta (ARCHIVO)
Los productores agrarios avizoran un conflicto similar al que se generó por la resolución 125, en 2008. Conjeturan el renacer de un posible y fuerte enfrentamiento entre el sector y el Gobierno nacional, ahora, ante la aprobación de las modificaciones de la Ley de Abastecimiento y del régimen de Defensa del Consumidor, y las últimas medidas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Una señal de ello es que un centenar de agricultores locales se convocarán el martes en la zona del Parque 9 de Julio, entre autoconvocados y asociados a las entidades locales, para expresar su malestar ante las acciones de la Casa Rosada sobre el campo y plantear posibles medidas de fuerza.
Entras las primeras intenciones, según remarcaron en la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), se buscará reflotar la comisión de enlace local como organización que canalizará los lineamientos de los productores. En momentos del conflicto por la 125, ese cuerpo estuvo integrado por los ruralistas autoconvocados, Rafael Sánchez y Maximiliano Alcocer, y el actual diputado nacional (UCR), Juan Casañas, entre otros.
“Seguiremos analizando la Ley de Abastecimiento y expresaremos nuestro ánimo, a pesar de que no está aprobado aún en el Congreso el proyecto oficial. El martes podría conformarse una nueva comisión de enlace provincial, ante la posibilidad de que se arme un nuevo conflicto, igual a la 125, teniendo en cuenta las implicaciones que pueden tener en el sector agropecuario las medidas del Gobierno. Los agricultores de Salta manifestaron también su malestar, lo que muestra la molestia del campo”, dijeron en la Sociedad Rural.
La AFIP confirmó la semana pasada la Resolución N° 2.750 que establece la obligatoriedad de declarar de manera “georeferenciada” la ubicación física de soja en silo bolsas, en poder de los productores. Esa operación se sumó a las declaraciones oficiales que están en vigencia en el sistema fiscal.
“La prórroga de la obligación de informar los stock granarios del 30 de agosto al 30 de este mes es por esta nueva exigencia. Sin dudas, apunta a que, con la nueva Ley de Abastecimiento que está siendo tratada en el Congreso, puedan avanzar con el decomiso de soja aún en poder de los productores, estimados en aproximadamente 22 millones de toneladas, así como de otros cereales”, había expresado hace una semana la SRT en un comunicado.
Los proyectos oficiales establecen la creación de un sistema de conflictos y un fuero especial para atender esas situaciones; un Observatorio de Precios (de Defensa del Consumidor); y la reforma de la Ley de Abastecimiento, que propone acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor, según el texto.
Una señal de ello es que un centenar de agricultores locales se convocarán el martes en la zona del Parque 9 de Julio, entre autoconvocados y asociados a las entidades locales, para expresar su malestar ante las acciones de la Casa Rosada sobre el campo y plantear posibles medidas de fuerza.
Entras las primeras intenciones, según remarcaron en la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), se buscará reflotar la comisión de enlace local como organización que canalizará los lineamientos de los productores. En momentos del conflicto por la 125, ese cuerpo estuvo integrado por los ruralistas autoconvocados, Rafael Sánchez y Maximiliano Alcocer, y el actual diputado nacional (UCR), Juan Casañas, entre otros.
“Seguiremos analizando la Ley de Abastecimiento y expresaremos nuestro ánimo, a pesar de que no está aprobado aún en el Congreso el proyecto oficial. El martes podría conformarse una nueva comisión de enlace provincial, ante la posibilidad de que se arme un nuevo conflicto, igual a la 125, teniendo en cuenta las implicaciones que pueden tener en el sector agropecuario las medidas del Gobierno. Los agricultores de Salta manifestaron también su malestar, lo que muestra la molestia del campo”, dijeron en la Sociedad Rural.
La AFIP confirmó la semana pasada la Resolución N° 2.750 que establece la obligatoriedad de declarar de manera “georeferenciada” la ubicación física de soja en silo bolsas, en poder de los productores. Esa operación se sumó a las declaraciones oficiales que están en vigencia en el sistema fiscal.
“La prórroga de la obligación de informar los stock granarios del 30 de agosto al 30 de este mes es por esta nueva exigencia. Sin dudas, apunta a que, con la nueva Ley de Abastecimiento que está siendo tratada en el Congreso, puedan avanzar con el decomiso de soja aún en poder de los productores, estimados en aproximadamente 22 millones de toneladas, así como de otros cereales”, había expresado hace una semana la SRT en un comunicado.
Los proyectos oficiales establecen la creación de un sistema de conflictos y un fuero especial para atender esas situaciones; un Observatorio de Precios (de Defensa del Consumidor); y la reforma de la Ley de Abastecimiento, que propone acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor, según el texto.
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