04 Septiembre 2014
la gaceta / archivo
Días atrás, un hombre de la Iglesia fue quien metió el dedo en la llaga de la Legislatura, a la que la sociedad endilgó el mote de sede de la corrupción, y no gratuitamente. El obispo de la diócesis de Concepción, monseñor Carlos María Rossi, delante de los usufructuarios, cuestionó públicamente el reparto del dinero impuro que, por debajo de la mesa, perciben los legisladores, a título de gastos sociales. No son tales, si se escarba un poco, sino fondos del erario entregados al voleo y discrecionalmente, de los que no hay control alguno.
El prelado descargó la andanada en ocasión de abordar la doctrina social de la Iglesia. Habló de los riesgos que implica “el dinero suelto” y su necesidad de acotarlos y controlarlos. En realidad, ni lo uno ni lo otro. Hay que eliminarlos por la matriz maloliente de su origen y su destino non sancto. Son lisa y llanamente inconstitucionales y su mantenimiento bajo una lápida de silencio está reñido con la ética y lindante con la inmoralidad.
El titular del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, reconoció expresamente que no es posible “determinar el monto total de los gastos sociales porque la rendición de cuentas de los mismos se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos, por lo que determinar lo que corresponde a este concepto exclusivamente es imposible, sin contar con la documentación respaldatoria del gasto”. A confesión de parte, relevo de pruebas. La transcripta es la respuesta textual (agosto 1 de 2014) a la inquietud que planteó Carlos Duguech, un ciudadano de a pie interesado en saber qué monto del presupuesto de ese poder del Estado se deriva a gastos sociales y cuánto correspondía a cada legislador. El chicotazo eclesial alcanzó también a la oposición que con su mutismo avala tal proceder.
Si hay una mancha negra de las tantas, en la gestión de Alperovich -visible desde los cuatro puntos cardinales-, es la corrupción enraizada en la Legislatura. El oscuro manejo del dinero del pueblo llevó a Duguech a colgarle la etiqueta de “corrupción legislada”. Definición contundente que resume el ocultamiento sistemático del Parlamento de sus actos administrativos. Como prueba de ello no sólo está el misterio de los gastos sociales; también la construcción del palacio vidriado, sin licitación pública. Su diseño y ejecución se encargó, por ley, en forma personal a Juan Manzur, actual ministro nacional de Salud y entonces vicegobernador. Nunca se pudo saber el costo de la edificación, encontrándose siempre con un inviolable hermetismo. Idéntico mecanismo irregular se utilizó para levantar los dos hoteles cinco estrellas: uno frente al Parque 9 de Julio y el otro en el ex Mercado de Abasto.
Ante las palabras del sacerdote, los parlamentarios quedaron sin habla. Tardíamente, contestó el presidente subrogante. La aclaración de Regino Amado resulta desopilante. Se va por las ramas y no aclara absolutamente nada. Como justificativo, se limitó a decir que el presupuesto de la Legislatura es menor que el del Poder Judicial y que sólo representa el 3% del total de gastos de la provincia. Su respuesta fue un escapismo tangencial, con un dato superfluo sin ninguna importancia. Su deber moral insoslayable es informar en detalles el movimiento de fondos que se registra en el Parlamento. Todo funcionario está obligado, por ley, a dar cuenta del dinero público que pasa por sus manos. La norma constitucional no se cumple en la Legislatura.
Lo que la sociedad quiere saber, en rigor, es cuánto insume el funcionamiento global del Parlamento en el pago al personal y dietas, cuál es el importe destinado a los gastos sociales y qué suma corresponde a cada legislador por este concepto. Amado con su evasiva nada reveló y volvió a refugiarse en un silencio cómplice. La partida de la Cámara se elevó recientemente a 750 millones con un incremento del 30%, similar a la suba de los sueldos estatales. Los gastos sociales siguen siendo un secreto irrevelado.
Lo único que se supo es lo que hizo público el legislador Emiliano Vargas Aignasse, quien se quejó amargamente de que los $ 65.000 que le entregan por mes, al margen de su dieta de $ 23.000, no le alcanzan para cubrir las necesidades de sus tareas asistenciales. Olvida que esa no es la misión de un parlamentario, sino la de elaborar leyes y controlar los actos del Poder Ejecutivo, como lo determina con claridad la Constitución. Esta nunca previó una partida para gastos sociales, cuya competencia es del gobierno a través de sus órganos especializados.
La malsana práctica instalada bajo el alperovichismo está apañada desde la cúspide del poder por el propio mandatario. De esta situación nada desconoce. Como el Parlamento es un apéndice administrativo de su voluntad, bien podría haberla corregido transparentando el movimiento de fondos con la publicación de los datos en la Web para conocimiento de cualquier interesado. Sin embargo, todo se guarda en catacumbas, para tener a la tropa oficialista bajo su sumisión, con la amenaza -como ya sucedió- de quitarle los víveres a cualquiera que intente retobarse.
La verdadera historia de los gastos sociales es otra. Todo el mundo la conoce, pero la oculta la Legislatura. Las sumas de la repartija no son las mismas para todos. Unos más y otros menos, lo que levanta recelos y bronca entre los menos beneficiados. Los montos se asignan según cada personaje y el grado de fidelidad al patrón. Se reparten secretamente mediante un mecanismo al que tienen acceso muy pocos. Su rendición de cuentas, al decir del comentarista Álvaro Aurane, se hace en hojas de cuadernos Húsares. El dinero se deriva al pago de punteros y otros destinos, sin ninguna documentación comprobatoria, como afirma el pope del Tribunal de Cuentas.
Nadie duda de que los legisladores necesitan asesores técnicos para el cumplimiento de sus tareas. Pero lo correcto y saludable para la democracia sería que fueran contratados por la Legislatura y registrados en blanco y con sueldos bancarizados. Así, se sabría su nombre y apellido y el importe de sus remuneraciones. Fue lo que se hizo cuando al frente del Parlamento estaba Fernando Juri. Este fue vilipendiado por el alto número de contratados. Alperovich dejó de lado esta modalidad y la reemplazó con el ocultamiento de los gastos sociales, lo que dio origen a una corruptela con el incremento patrimonial vertiginoso de sus beneficiarios.
Entre los parlamentarios está sellado un pacto corporativo de silencio, tan inexpugnable como el código de la omertá, por el cual se rige la mafia siciliana con riesgo de muerte para quien osara violarlo. Nunca la prensa, pese a sus innúmeros pedidos, ni ningún interesado como Duguech, tuvo la oportunidad de acceder a esos datos ultrasecretos para conocer en qué y cómo se invierten los recursos del erario. Es de preguntarse si no llegó la hora de quitar de los membretes oficiales la denominación de “Honorable” a la Legislatura.
Alperovich, en tanto, está enfrascado en otros menesteres. Deshoja margaritas una tras otra, sin revelar a su sucesor/a. Se columpia en la duda. En la vereda de enfrente, la candidatura de José Cano está en la calle y a toda marcha. El radical no ceja en ampliar la fronteras del Acuerdo Cívico y Social que tan buenos resultados le diera en las elecciones de renovación parcial del Congreso Nacional. Los próximos son comicios totalmente distintos. Está en juego todo el poder, desde la gobernación hasta la comuna rural más modesta, y se disputarán alrededor de 500 cargos electivos.
En primer lugar, el diputado Cano ordenó internamente la casa. Juntó las cabezas a toda la disidencia interna y la amontonó en un solo paquete, dándole a los distintos sectores un lugar bajo el sol del radicalismo. Fue duramente criticado porque modificó el tablero a horas de que venciera su mandato como timonel de la UCR. Lo que sus detractores olvidaron es que no hizo más que cumplir el fallo del juez federal en lo electoral, Daniel Bejas, que posibilitó su reelección en el cargo. Ahora busca conmilitones de todo pelaje y dialoga con peronistas y no peronistas. El límite infranqueable es el bussismo. Anhela armar una coalición mucho más fuerte que antes. Su obsesión es desplazar a Alperovich de la poltrona oficial. Si el alperovichismo llegara dividido al choque comicial y con un candidato débil, las ensoñaciones de Cano no son imposibles.
El prelado descargó la andanada en ocasión de abordar la doctrina social de la Iglesia. Habló de los riesgos que implica “el dinero suelto” y su necesidad de acotarlos y controlarlos. En realidad, ni lo uno ni lo otro. Hay que eliminarlos por la matriz maloliente de su origen y su destino non sancto. Son lisa y llanamente inconstitucionales y su mantenimiento bajo una lápida de silencio está reñido con la ética y lindante con la inmoralidad.
El titular del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, reconoció expresamente que no es posible “determinar el monto total de los gastos sociales porque la rendición de cuentas de los mismos se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos, por lo que determinar lo que corresponde a este concepto exclusivamente es imposible, sin contar con la documentación respaldatoria del gasto”. A confesión de parte, relevo de pruebas. La transcripta es la respuesta textual (agosto 1 de 2014) a la inquietud que planteó Carlos Duguech, un ciudadano de a pie interesado en saber qué monto del presupuesto de ese poder del Estado se deriva a gastos sociales y cuánto correspondía a cada legislador. El chicotazo eclesial alcanzó también a la oposición que con su mutismo avala tal proceder.
Si hay una mancha negra de las tantas, en la gestión de Alperovich -visible desde los cuatro puntos cardinales-, es la corrupción enraizada en la Legislatura. El oscuro manejo del dinero del pueblo llevó a Duguech a colgarle la etiqueta de “corrupción legislada”. Definición contundente que resume el ocultamiento sistemático del Parlamento de sus actos administrativos. Como prueba de ello no sólo está el misterio de los gastos sociales; también la construcción del palacio vidriado, sin licitación pública. Su diseño y ejecución se encargó, por ley, en forma personal a Juan Manzur, actual ministro nacional de Salud y entonces vicegobernador. Nunca se pudo saber el costo de la edificación, encontrándose siempre con un inviolable hermetismo. Idéntico mecanismo irregular se utilizó para levantar los dos hoteles cinco estrellas: uno frente al Parque 9 de Julio y el otro en el ex Mercado de Abasto.
Ante las palabras del sacerdote, los parlamentarios quedaron sin habla. Tardíamente, contestó el presidente subrogante. La aclaración de Regino Amado resulta desopilante. Se va por las ramas y no aclara absolutamente nada. Como justificativo, se limitó a decir que el presupuesto de la Legislatura es menor que el del Poder Judicial y que sólo representa el 3% del total de gastos de la provincia. Su respuesta fue un escapismo tangencial, con un dato superfluo sin ninguna importancia. Su deber moral insoslayable es informar en detalles el movimiento de fondos que se registra en el Parlamento. Todo funcionario está obligado, por ley, a dar cuenta del dinero público que pasa por sus manos. La norma constitucional no se cumple en la Legislatura.
Lo que la sociedad quiere saber, en rigor, es cuánto insume el funcionamiento global del Parlamento en el pago al personal y dietas, cuál es el importe destinado a los gastos sociales y qué suma corresponde a cada legislador por este concepto. Amado con su evasiva nada reveló y volvió a refugiarse en un silencio cómplice. La partida de la Cámara se elevó recientemente a 750 millones con un incremento del 30%, similar a la suba de los sueldos estatales. Los gastos sociales siguen siendo un secreto irrevelado.
Lo único que se supo es lo que hizo público el legislador Emiliano Vargas Aignasse, quien se quejó amargamente de que los $ 65.000 que le entregan por mes, al margen de su dieta de $ 23.000, no le alcanzan para cubrir las necesidades de sus tareas asistenciales. Olvida que esa no es la misión de un parlamentario, sino la de elaborar leyes y controlar los actos del Poder Ejecutivo, como lo determina con claridad la Constitución. Esta nunca previó una partida para gastos sociales, cuya competencia es del gobierno a través de sus órganos especializados.
La malsana práctica instalada bajo el alperovichismo está apañada desde la cúspide del poder por el propio mandatario. De esta situación nada desconoce. Como el Parlamento es un apéndice administrativo de su voluntad, bien podría haberla corregido transparentando el movimiento de fondos con la publicación de los datos en la Web para conocimiento de cualquier interesado. Sin embargo, todo se guarda en catacumbas, para tener a la tropa oficialista bajo su sumisión, con la amenaza -como ya sucedió- de quitarle los víveres a cualquiera que intente retobarse.
La verdadera historia de los gastos sociales es otra. Todo el mundo la conoce, pero la oculta la Legislatura. Las sumas de la repartija no son las mismas para todos. Unos más y otros menos, lo que levanta recelos y bronca entre los menos beneficiados. Los montos se asignan según cada personaje y el grado de fidelidad al patrón. Se reparten secretamente mediante un mecanismo al que tienen acceso muy pocos. Su rendición de cuentas, al decir del comentarista Álvaro Aurane, se hace en hojas de cuadernos Húsares. El dinero se deriva al pago de punteros y otros destinos, sin ninguna documentación comprobatoria, como afirma el pope del Tribunal de Cuentas.
Nadie duda de que los legisladores necesitan asesores técnicos para el cumplimiento de sus tareas. Pero lo correcto y saludable para la democracia sería que fueran contratados por la Legislatura y registrados en blanco y con sueldos bancarizados. Así, se sabría su nombre y apellido y el importe de sus remuneraciones. Fue lo que se hizo cuando al frente del Parlamento estaba Fernando Juri. Este fue vilipendiado por el alto número de contratados. Alperovich dejó de lado esta modalidad y la reemplazó con el ocultamiento de los gastos sociales, lo que dio origen a una corruptela con el incremento patrimonial vertiginoso de sus beneficiarios.
Entre los parlamentarios está sellado un pacto corporativo de silencio, tan inexpugnable como el código de la omertá, por el cual se rige la mafia siciliana con riesgo de muerte para quien osara violarlo. Nunca la prensa, pese a sus innúmeros pedidos, ni ningún interesado como Duguech, tuvo la oportunidad de acceder a esos datos ultrasecretos para conocer en qué y cómo se invierten los recursos del erario. Es de preguntarse si no llegó la hora de quitar de los membretes oficiales la denominación de “Honorable” a la Legislatura.
Alperovich, en tanto, está enfrascado en otros menesteres. Deshoja margaritas una tras otra, sin revelar a su sucesor/a. Se columpia en la duda. En la vereda de enfrente, la candidatura de José Cano está en la calle y a toda marcha. El radical no ceja en ampliar la fronteras del Acuerdo Cívico y Social que tan buenos resultados le diera en las elecciones de renovación parcial del Congreso Nacional. Los próximos son comicios totalmente distintos. Está en juego todo el poder, desde la gobernación hasta la comuna rural más modesta, y se disputarán alrededor de 500 cargos electivos.
En primer lugar, el diputado Cano ordenó internamente la casa. Juntó las cabezas a toda la disidencia interna y la amontonó en un solo paquete, dándole a los distintos sectores un lugar bajo el sol del radicalismo. Fue duramente criticado porque modificó el tablero a horas de que venciera su mandato como timonel de la UCR. Lo que sus detractores olvidaron es que no hizo más que cumplir el fallo del juez federal en lo electoral, Daniel Bejas, que posibilitó su reelección en el cargo. Ahora busca conmilitones de todo pelaje y dialoga con peronistas y no peronistas. El límite infranqueable es el bussismo. Anhela armar una coalición mucho más fuerte que antes. Su obsesión es desplazar a Alperovich de la poltrona oficial. Si el alperovichismo llegara dividido al choque comicial y con un candidato débil, las ensoñaciones de Cano no son imposibles.
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