03 Septiembre 2014
CONTROVERTIDO. El juez Oyarbide tiene en su haber denuncias por mal desempeño, irregularidades y gastos mayores a sus ingresos, entre otros. DYN (ARCHIVO)
BUENOS AIRES- El juez federal Norberto Oyarbide fue apartado de la causa de la “mafia de los medicamentos” y su caso fue enviado al Consejo de la Magistratura, por haber sobreseído a los ex funcionarios kirchneristas supuestamente vinculados al financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner durante 2007.
La Sala II de la Cámara Federal reprochó a Oyarbide no haber enviado ese tramo de la causa a su par Ariel Lijo, tal y como había ordenado el tribunal de alzada. En vez de ello, resolver a favor de los acusados de supuesto “lavado de activos”.
Entre los beneficiados por Oyarbide estuvieron Héctor Capaccioli, ex jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud; Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional; Sebastián Gramajo, ex legislador porteño kirchnerista; y Gabriel Brito, ex mayorista farmacéutico.
Ahora la Sala II, compuesta por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, revocó esos sobreseimientos al entender que Oyarbide no debió resolver en ese tramo de la investigación y debió remitirla a su par Lijo, a quien la Cámara había atribuido el caso en 2012.
Por ello, los camaristas declararon la “inexistencia” del fallo y remitieron lo ocurrido a la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura para “ponerla en conocimiento” del asunto.
Los cargos
Además de los aportes a la campaña presidencial de 2007, Cappacioli y el ex sindicalista bancario Juan José Zanola, entre otros, irán a juicio oral acusados de asociación ilícita, adulteración de medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la administración pública y comercialización de productos con marca registrada falsificada.
El juicio estará a cargo del TOF 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Oscar Hergott, pero no tiene fecha de iniciación. La investigación de la “mafia de los medicamentos” comenzó en realidad a partir del “triple crimen de General Rodríguez”, como se conoció a los asesinatos de los jóvenes empresarios del rubro de los remedios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.
Las pesquisas abiertas a partir de ese hecho llegaron hasta un importante número de personas vinculadas con ese negocio, pero también a funcionarios y gremialistas, entre ellos Capaccioli y Zanola.
En ese tramo de la causa se investiga la venta de fármacos adulterados y la defraudación al Estado por parte de droguerías y de obras sociales para cobrar por remedios y tratamientos médicos que nunca se realizaron.
Brito, ex propietario de la firma de auditoria médica, “Global Farmacy Service SA”, figura como aportante de $ 310.000 -en cuatro cheques- a la campaña política de Cristina Fernández. (DyN)
La Sala II de la Cámara Federal reprochó a Oyarbide no haber enviado ese tramo de la causa a su par Ariel Lijo, tal y como había ordenado el tribunal de alzada. En vez de ello, resolver a favor de los acusados de supuesto “lavado de activos”.
Entre los beneficiados por Oyarbide estuvieron Héctor Capaccioli, ex jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud; Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional; Sebastián Gramajo, ex legislador porteño kirchnerista; y Gabriel Brito, ex mayorista farmacéutico.
Ahora la Sala II, compuesta por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, revocó esos sobreseimientos al entender que Oyarbide no debió resolver en ese tramo de la investigación y debió remitirla a su par Lijo, a quien la Cámara había atribuido el caso en 2012.
Por ello, los camaristas declararon la “inexistencia” del fallo y remitieron lo ocurrido a la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura para “ponerla en conocimiento” del asunto.
Los cargos
Además de los aportes a la campaña presidencial de 2007, Cappacioli y el ex sindicalista bancario Juan José Zanola, entre otros, irán a juicio oral acusados de asociación ilícita, adulteración de medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la administración pública y comercialización de productos con marca registrada falsificada.
El juicio estará a cargo del TOF 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Oscar Hergott, pero no tiene fecha de iniciación. La investigación de la “mafia de los medicamentos” comenzó en realidad a partir del “triple crimen de General Rodríguez”, como se conoció a los asesinatos de los jóvenes empresarios del rubro de los remedios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.
Las pesquisas abiertas a partir de ese hecho llegaron hasta un importante número de personas vinculadas con ese negocio, pero también a funcionarios y gremialistas, entre ellos Capaccioli y Zanola.
En ese tramo de la causa se investiga la venta de fármacos adulterados y la defraudación al Estado por parte de droguerías y de obras sociales para cobrar por remedios y tratamientos médicos que nunca se realizaron.
Brito, ex propietario de la firma de auditoria médica, “Global Farmacy Service SA”, figura como aportante de $ 310.000 -en cuatro cheques- a la campaña política de Cristina Fernández. (DyN)
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