Testigos hablan de un control laxo en el ex juzgado de Terán

Los testigos vinculados al Juzgado Federal N°2 que encabezó Felipe Federico Terán hasta 2006, cuando fue destituido, dijeron -ante el ex jefe y coimputado- que no recordaban detalles sobre el trámite de “Borquez” y “Camandona”, dos causas con títulos de la deuda pública. En parte, el olvido obedece al transcurso del tiempo (9 años desde que explotó el escándalo que acabó con las carreras de Terán y del ex juez federal N°1, Jorge Parache), pero, también, al aluvión de los juicios iniciados para saltar el “corralito” que en esa época, 2004 y 2005, saturaron la Justicia Federal.

Aquel desbordamiento debilitó la fiscalización. “Nadie controlaba que en la cuenta comitente no entraran más títulos a posteriori de la emisión de la medida cautelar. Creo que los proyectos (de resoluciones) no llevaban montos. Tampoco era posible controlar la relación existente entre la documentación que las partes habían aportado (por ejemplo, certificados y estudios de salud) y la realidad”, admitió la testigo Alejandra Moray, que hacía las veces de relatora y atendía las causas con títulos públicos.

El caos no sólo era organizativo sino también jurídico. La abogada ahora radicada en Jujuy expresó que no sabían cómo proceder respecto de las demandas que presentaron bonistas (sobreseídos) como Inés Yolanda Borquez y Julio Melchor Camandona: “era muy difícil sentarse a estudiar las causas con títulos. No sabíamos cómo funcionaban los papeles ni cómo manejar los juicios. Encontré algunos antecedentes (jurisprudenciales), pero no eran fáciles de aplicar”. La testigo manifestó asimismo que Terán supervisaba estos juicios en forma directa. “(Un buen día) el (ex) juez me dio un proyecto de medida cautelar de un juicio de Parache y me dijo que siga ese criterio”, comentó la testigo.

Pero la auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación que reveló abundantes irregularidades en el trámite de las cautelares impidió que Borquez y Camandona cobraran sus respectivos títulos en dólares (moneda originaria del bono). En el juicio que celebra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), esos ex bonistas dijeron que no padecían las enfermedades que constaban en sus respectivos juicios; Camandona incluso negó haber firmado la demanda que interpuso el abogado y coimputado Daniel Martín.

Pese a que el Juzgado Federal N°2 estaba colapsado, Terán dictó la cautelar favorable a Borquez menos de un mes después del inicio del proceso. En el caso de Camandona, aquel trámite insumió dos semanas. En el primer supuesto, había en juego U$S 5,2 millones mientras que en el segundo, U$S 139.000.

El relato de Moray coincide con el de la prosecretaria Beatriz Nazario: “el juzgado era inmanejable. En ese contexto, tratábamos de atender primero los juicios de gente con problemas de salud... Terán fue un juez de puertas abiertas”. A la “pro” no le constaba que el ex magistrado se haya reunido en su oficina con Martín o con el letrado y coimputado Alfredo Ducca.

Con idénticas palabras definió a su ex superior la empleada Teresa Blanco. Tanto ella como Moray y Nazario explicaron que el juzgado tampoco llevaba un control riguroso sobre los oficios que confeccionaban los abogados. En la tercera jornada del debate, un par de testigos afirmaron que Ducca seguía el juicio de Borquez, pero que este también era consultado por el letrado Julio Barbaglia (hace una semana, Ducca expresó que se había desentendido de ese caso y que Martín lo llevaba). Moray incluso declaró que, durante las horas candentes de “Borquez”, Barbaglia y Ducca la abordaron en un pasillo de los Tribunales Federales para recriminarle que hubiese dispuesto la suspensión de plazos que garantizaba el derecho de defensa del Estado nacional.