02 Septiembre 2014
EN LA CALLE. Los denunciantes protagonizaron decenas de manifestaciones. la gaceta / foto de franco vera (archivo)
Cuatro años pasaron de las primeras denuncias; de las manifestaciones frente a la sede gremial y al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y de las reuniones infructuosas con las autoridades. Familias que denunciaron que pagaron por el acceso a un plan de viviendas en la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ) y que no fueron incluidos entre los adjudicatarios podrían finalmente recibir sus casas. Al menos, así lo afirmó ayer a LA GACETA el abogado Carlos Garmendia, quien representa a 208 de los grupos familiares afectados.
Aseguró que, mediante una resolución, el titular del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, habría definido en las últimas horas que los afectados serán reubicados en barrios que se están construyendo. Se trata de emprendimientos ubicados en San Andrés, El Manantial y Villa Mariano Moreno. La condición, según precisó Garmendia, es que mantengan los requisitos para acceder a una unidad una vez que se concluyan las edificaciones.
“Quien viene a resolver la situación es Durán, no la titular del gremio, Ada Altuve. Con este grupo, Altuve tuvo sólo falsas denuncias, manipulaciones y amenazas y cero diálogo. Llegó al extremo de hacer una denuncia penal falsa en mi contra”, lamentó.
Guillermo Requejo, un protesista dental, recordó que había abonado en el gremio $6.000, en 2010, para obtener una casa. “Después que se entregó el barrio, comenzamos con las protestas. Pero hubo gente que estaba reclamando desde 2010. Estoy feliz porque al fin tendré una casa”, valoró.
“Denuncian sobreventas en un barrio”. Ese fue el título de la nota publicada en este diario el 27 de julio de 2010. Fue la primera de docenas que dieron cuenta de un escándalo. Un grupo de 70 familias aseguraba haber tramitado -y logrado- mediante el gremio judicial -entidad intermedia entre las familias y el Ipvdu- una vivienda en el barrio “Judicial II” (Los Pocitos). Por supuestas demoras, habían comenzado a sospechar de que algo no estaba bien. Tras varias convocatorias de “boca en boca” y por la red social Facebook, habían reunido 270 comprobantes (de entre $ 2.000 y $ 6.000). Sumaban entonces 43 más que las viviendas disponibles (227).
Tras años de denuncias cruzadas, el barrio se entregó en agosto del año pasado. A raíz de las denuncias sobre las casas de Los Pocitos, Leticia Mamaní, dirigente de del gremio judicial dijo el año pasado que “las personas que no salieron adjudicatarias del primer emprendimiento de las casas en Los Pocitos formarán parte de una segunda entrega de otras 340 viviendas en Las Talitas”. LA GACETA intentó hablar ayer con dirigentes de AGEJ, pero no los encontró.
Aseguró que, mediante una resolución, el titular del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, habría definido en las últimas horas que los afectados serán reubicados en barrios que se están construyendo. Se trata de emprendimientos ubicados en San Andrés, El Manantial y Villa Mariano Moreno. La condición, según precisó Garmendia, es que mantengan los requisitos para acceder a una unidad una vez que se concluyan las edificaciones.
“Quien viene a resolver la situación es Durán, no la titular del gremio, Ada Altuve. Con este grupo, Altuve tuvo sólo falsas denuncias, manipulaciones y amenazas y cero diálogo. Llegó al extremo de hacer una denuncia penal falsa en mi contra”, lamentó.
Guillermo Requejo, un protesista dental, recordó que había abonado en el gremio $6.000, en 2010, para obtener una casa. “Después que se entregó el barrio, comenzamos con las protestas. Pero hubo gente que estaba reclamando desde 2010. Estoy feliz porque al fin tendré una casa”, valoró.
“Denuncian sobreventas en un barrio”. Ese fue el título de la nota publicada en este diario el 27 de julio de 2010. Fue la primera de docenas que dieron cuenta de un escándalo. Un grupo de 70 familias aseguraba haber tramitado -y logrado- mediante el gremio judicial -entidad intermedia entre las familias y el Ipvdu- una vivienda en el barrio “Judicial II” (Los Pocitos). Por supuestas demoras, habían comenzado a sospechar de que algo no estaba bien. Tras varias convocatorias de “boca en boca” y por la red social Facebook, habían reunido 270 comprobantes (de entre $ 2.000 y $ 6.000). Sumaban entonces 43 más que las viviendas disponibles (227).
Tras años de denuncias cruzadas, el barrio se entregó en agosto del año pasado. A raíz de las denuncias sobre las casas de Los Pocitos, Leticia Mamaní, dirigente de del gremio judicial dijo el año pasado que “las personas que no salieron adjudicatarias del primer emprendimiento de las casas en Los Pocitos formarán parte de una segunda entrega de otras 340 viviendas en Las Talitas”. LA GACETA intentó hablar ayer con dirigentes de AGEJ, pero no los encontró.
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