Comenzará el miércoles el primer juicio oral en Tucumán contra la trata de personas

El primer juicio oral y público a dos mujeres acusadas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, por la captación con engaños de una adolescente para obligarla a prostituirse en la Patagonia, comenzará el miércoles en Tucumán, en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, informaron fuentes judiciales. 

Las imputadas son Verónica del Jesús Olivera, una tucumana a quien se acusa de encargarse personalmente de la captación y traslado de la víctima al lugar de explotación, y Ana Alicia Tavianski, dueña de varios prostíbulos en la zona de Puerto San Julián, una ciudad de la costa santacruceña ubicada 350 kilómetros al norte de la capital provincial.

La víctima, que al momento de los hechos era menor de edad y cuyos datos no divulgaron para resguardar su integridad, fue convencida en 2008 mediante engaños para viajar junto a Olivera a San Julián en búsqueda de trabajo en una academia de folclore. Una vez en tránsito, la adolescente supo que en realidad la llevaban para explotarla sexualmente en un prostíbulo de Tavianski, pero logró avisar por mensaje de texto a un familiar, que radicó la denuncia con el asesoramiento la Fundación María de los Angeles.

Como el transporte en el que la llevaban tenía una parada programada en la ciudad de Córdoba, agentes de la División Trata de la policía de esa provincia rescataron a la chica en la terminal y comunicaron el hecho a las autoridades federales de Tucumán, que la restituyeron a su entorno familiar.  A partir de allí comenzó una serie de investigaciones sobre la dueña del prostíbulo y verificaron su actividad ilícita y la habitualidad en la práctica de trasladar mujeres en condición de vulnerabilidad para ser explotadas e incluso obligarlas a residir en sus establecimientos.

La joven será asistida por profesionales de la Fundación María de los Ángeles: Agustín Aráoz Terán en lo legal; Paulina Maldonado desde los psicológico y Gilda Zurita desde lo social.  El proceso estará a cargo del tribunal integrado por Gabriel Casas, María Alicia Noli y Carlos Jiménez Montilla; la acusación será encabezado por el fiscal Federal subrogante Leopoldo Peralta Palma y Valentina García Salemi, representante local de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, en tanto ambas imputadas serán asistidas por Ciro Lo Pinto, del Ministerio Público de la Defensa.

Durante el proceso se juzgará la responsabilidad de las acusadas por de trata de personas con finalidad de explotación sexual en las fases de captación y traslado, delito agravado en este caso porque la víctima era menor de edad.

La trata de personas es de los conocidos como "delitos por etapas" o de "resultado cortado", es decir, para cometerlos basta que se realice sólo una de las etapas previstas en la ley, en este caso ofrecimiento mediante engaños, captación, traslado y acogimiento, todo con finalidad de explotación.