Orellana y ediles disidentes irían a la Justicia por una ordenanza

La puja entre concejales famaillenses disidentes y el intendente massista Enrique “Mellizo” Orellana por las compras y contrataciones del municipio va camino a dirimirse en Tribunales. Sucede que, curiosamente, el jefe municipal dejó sin efecto mediante un decreto (N°121/14) una ordenanza que los ediles habían dejado firme luego de que Orellana la vetara. El procedimiento reñiría con lo dispuesto en la Ley de Municipalidades (N° 5529), que prevé que toda iniciativa cuestionada por la Intendencia que sea insistida por los legisladores municipales, quedará firme.

La norma en cuestión le había traído dolores de cabeza a Orellana. Se trata de la iniciativa que bajó de $1,2 millón a $ 20.000 el tope para que hiciera contrataciones directas. Es decir que, prácticamente, para cualquier adquisición oficial deberían celebrarse cotejos de precios o licitaciones públicas.

“No nos sorprende nada. Es una falta de respeto al Concejo y a la comunidad ese decreto. No está en las facultades del intendente dejar sin efecto ninguna ordenanza. No se quién lo asesorará, pero sigue obrando de manera autoritaria”, cuestionó el presidente de la comisión de Hacienda, Rubén Medina. Adelantó que en la próxima sesión pedirá a Orellana, mediante una resolución, que “deponga su actitud para no llevarlo a la Justicia”. “En otro momento, de buenas relaciones, le dimos una cifra mayor para no entorpecer el funcionamiento del municipio. Pero no vimos mejoras en Famaillá. Hay compras y obras que consideramos innecesarias”, justificó.

“Enojos políticos”

Orellana se mostró molesto con los ediles y afirmó que el municipio ya dejó la disputa en manos de la Justicia. “Es muy contradictorio, primero regía una ordenanza según la cual tenía un tope de $ 50.000 (para contratos directos); después, durante un tiempo de armonía y de convivencia política, me dieron hasta $ 1,2 millón sin licitación, y por unanimidad. Ahora, por enojos políticos o por fobias (sic), sacan esta ordenanza”, criticó. Advirtió que sólo en combustible para vehículos oficiales, su gestión gasta alrededor de $ 10.000 diarios.

“Cuando volvieron a insistir con la ordenanza, no la recibí, directamente la mandamos a la Justicia. Que la Justicia nos diga quién tiene razón; mientras tanto, tenemos que tratar de mantener los servicios públicos de Famaillá”, justificó el “Mellizo”. Enrostró a los concejales que ellos contarían con “más de $ 30.000 para gastos extraordinarios”.

Originalmente, la ordenanza de la polémica derogó dos artículos y modificó otro del Presupuesto 2014, que permitían al intendente “compensar” partidas y cambiar “transitoriamente” el destino de fondos. El otro, lo autorizaba a eludir cotejos de precios y licitaciones.

La puja por los fondos tiene un trasfondo político. Medina integra el autodenominado “Grupo de los 8” o “G8”. El resto de los miembros son Juan Villafañe (presidente del Concejo), Diego Salim, Miguel Robledo, Julio Zavala, Julio Romano, Eliana Carreño y Elías Abraham. Mientras que aún responden a Orellana Marta Ale y Marcelo Masmut.

El divorcio del “G8” de los “Mellizos” lleva tiempo. Se agudizó este verano, incluso, desde que el intendente y su hermano, el legislador José Orellana, se sumaron al “Frente Renovador” de Sergio Massa. Desde entonces, los concejales critican al orellanismo. Inclusive, conformaron una alianza para las próximas elecciones con los dos contendientes famaillenses más fuertes de los Orellana: el legislador Jesús Salim (La Cámpora) y el dirigente Alcides Salomón.