Di Lella, Sánchez y Barrera habrían acordado cambiar actas del caso Lebbos

Di Lella, Sánchez y Barrera habrían acordado cambiar actas del caso Lebbos

Así lo consideró el fiscal al acusarlos por el delito de encubrimiento, junto con los ex policías Brito y Rodríguez. Las ex autoridades de seguridad de la Provincia tuvieron que declarar en las dos últimas semanas como imputados.

IMPUTACIONES. Di Lella (ex secretario provincial); Barrera (era subjefe de Policía); y Sánchez (ex jefe de la Policía). LA GACETA / FOTOS DE FRANCO VERA - JORGE OLMOS SGROSSO (ARCHIVO) IMPUTACIONES. Di Lella (ex secretario provincial); Barrera (era subjefe de Policía); y Sánchez (ex jefe de la Policía). LA GACETA / FOTOS DE FRANCO VERA - JORGE OLMOS SGROSSO (ARCHIVO)
31 Agosto 2014
Sabían que el cuerpo que había sido encontrado en Tapia el 11 de marzo era el de Paulina Lebbos. Por eso se trasladaron hasta el lugar, donde el jefe de la comisaría de Raco Enrique García se había hecho cargo de las primeras actuaciones, a pesar de que no era su jurisdicción. Allí planearon la modificación de las circunstancias del hallazgo del cadáver y la ejecutaron, dando órdenes precisas para que quedara asentado que todo había sido producto de la tarea policial, borrando de la escena a los hermanos Marcelo y Sergio Goitea, quienes en realidad se habían percatado de la presencia del cuerpo de una mujer.

Esto es lo que plantea la acusación que el fiscal de Instrucción de la IV° Nominación, Diego López Ávila, le hizo conocer en los últimos días al ex secretario de Seguridad Ciudadana de la provincia, Eduardo Di Lella, al ex jefe de Policía Hugo Sánchez, al ex subjefe de Policía Nicolás Barrera y al ex jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito.

Actas falsas

Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006 y su cuerpo apareció a la vera de la ruta 341, a la altura de Tapia, el 11 de marzo de ese año. Lo vieron los baqueanos Goitea, pero la Policía registró que había sido divisado en un rastrillaje. La falsedad de esos datos en las actas motivó una causa judicial, por la que en diciembre del año pasado fueron condenados por encubrimiento agravado García y los ex policías Manuel Yapura y Roberto Lencina.

La acusación de López Ávila en contra de Barrera y de Brito ya se había formalizado en noviembre del año pasado, cuando los ex policías fueron detenidos. García y otros testigos habían declarado que el ex subjefe de Policía y el ex jefe de la Regional Norte habían dado las órdenes directas para que se falsearan las actas.

Pero tal como lo consideró la fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo durante el alegato final en el juicio contra García, López Ávila coincidió en que la maniobra de encubrimiento también alcanzaría a Di Lella y Sánchez. La hipótesis se afianzó con la declaración de otros testigos, que complicaron al ex secretario de Seguridad Ciudadana y al ex jefe de Policía. Sánchez, según la declaración como imputado que habría dado el ex comisario Brito, fue la persona que le dio la orden de cambiar las actas.

Aunque la identidad de los testigos se mantiene en reserva, fuentes judiciales contaron que Di Lella habría mantenido una discusión con el entonces fiscal a cargo de la causa, Alejandro Noguera, ya que el funcionario provincial habría querido levantar el cuerpo de Paulina el mismó día del hallazgo, sin autorización judicial.

Un policía jubilado


Al lote de ex policías imputados se sumó Hugo Rodríguez, quien ya estaba jubilado de la fuerza cuando ocurrió el crimen. Rodríguez vive en Tapia y fue la persona a la que los hermanos Goitea le dieron aviso del hallazgo de un cadáver. López Ávila le imputó el delito de encubrimiento, ya que al día siguiente había ido a buscar a los baqueanos y los habría “apretado” para que no dijeran que ellos habían encontrado el cuerpo. El ex sargento también está acusado por falso testimonio y otros delitos, ya que el fiscal consideró que mintió cuando lo citó a declarar como testigo.

La causa por el crimen de Paulina se reactivó en junio del año pasado, luego de que López Ávila se hiciera cargo de la investigación ante el apartamiento de Carlos Albaca, cuestionado por la parálisis que tuvo la pesquisa durante siete años. Noguera, el primer fiscal, había sido desplazado por el entonces ministro Fiscal Luis De Mitri, tras ser fotografiado saliendo de la casa del gobernador José Alperovich.

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