Jiménez pide la destitución de un polémico defensor del sur

Jiménez pide la destitución de un polémico defensor del sur

El ministro fiscal sostiene que es necesaria la cobertura de ese cargo para Concepción Pereyra, defensor oficial, no pudo completar su trámite jubilatorio, pero afirma que tiene todo en regla. Demanda previa

PREOCUPADO. Jiménez advirtió sobre la importancia de la Defensoría. la gaceta /  foto de antonio ferroni PREOCUPADO. Jiménez advirtió sobre la importancia de la Defensoría. la gaceta / foto de antonio ferroni
30 Agosto 2014
“Yo necesito descansar por problemas de salud. A mí todo esto me está perjudicando”. Héctor Gustavo Pereyra, titular de la Defensoría Oficial de la I Nominación del Centro Judicial de Concepción, asegura que tiene todo listo para jubilarse: los años de servicio y de aportes, los pagos de rigor y los informes médicos que prueban una incapacidad laboral del 71,19%. Sin embargo, otra vez el retiro de un magistrado genera polémica en el Poder Judicial de Tucumán.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) le negó la transferencia al sector pasivo por falta de un pago fiscal a la AFIP, aunque Pereyra sostiene que sí cumplimentó esa deuda.

Más allá de esto, el defensor oficial quedó otra vez a un paso de ser removido. El ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Edmundo Jiménez, insistió con un pedido de destitución ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura.

El año pasado, el parlamento ya había archivado un planteo contra Pereyra, elevado por la propia CSJT. La acusación fue desechada en noviembre de 2013 debido a que el magistrado en cuestión estaba a punto de jubilarse con el beneficio del 82%. Pero ante esta nueva dilación y la necesidad de cubrir ese cargo, Jiménez elevó la queja a los legisladores para que resuelvan si corresponde cesantear de su cargo a Pereyra.

En la actualidad, el Centro Judicial de Concepción cuenta con solamente una defensora oficial en ejercicio, Carolina Ballesteros (Defensoría Oficial de la II Nominación) quien debe atender a una población de unos 50.000 habitantes, según fuentes oficiales.

En la semana que culmina, explicaron desde el cuerpo colegiado, la comisión de Juicio Político recibió el pedido de remoción contra el magistrado. Este grupo de trabajo parlamentario es presidido por el ultraalperovichista Sisto Terán Nougués, y cuenta con un solo opositor, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).

“Es indiscutible el perjuicio que genera en la comunidad la falta de un Defensor Oficial. Es sabido que las Defensorías Oficiales atienden en su mayoría a personas humildes que carecen de recursos para contratar un abogado particular”, detalla el escrito de Jiménez, según relataron desde el parlamento. El texto agrega: “no puede desconocerse la urgencia de la situación imperante, en la que miles de ciudadanos enfrentan un gran obstáculo al intentar acudir a la Justicia en búsqueda del resguardo de sus derechos”.

El inicio del trámite

La Corte Suprema había pedido la destitución de Pereyra tras un sumario administrativo iniciado en 2012. El proceso había sido formulado tras un planteo de Elena del Tránsito Grellet, magistrada delegada del Centro Judicial de Concepción, quien advirtió al alto tribunal sobre “la preocupante situación en la que se encuentra la Defensoría Oficial en lo Penal de la Iº Nominación por las reiteradas ausencias que registra el titular, Héctor Gustavo Pereyra”.

El año pasado el defensor oficial informó a la Legislatura que había culminado con sus trámites jubilatorios, presentó la renuncia condicionada ante el gobernador José Alperovich y el parlamento archivó el proceso citando la ley del Jury de Enjuiciamiento.

Pero el trámite jubilatorio parece haberse frustrado, al menos por ahora; ante esto, la jubilación condicionada quedó sin efecto, por lo que Pereyra quedó en posición de ser removido.

“He presentado un recurso de reconsideración en la Anses, diciendo que en forma apresurada habían tomado esta decisión (de denegarle el retiro), y que este problema era por una falta de comunicación entre ellos y AFIP”, aseguró Pereyra. Además, se quejó de que la Corte Suprema de Justicia “actuó de otra manera cuando hubo magistrados interesados en jubilarse”.

El caso “Verón”.- El proceso jubilatorio que protagoniza Héctor Gustavo Pereyra, titular de la Defensoría Oficial de la I Nominación de Concepción, no es el primero que genera revuelo en el Poder Judicial. En diciembre de 2012, tras una sentencia absolutoria para los acusados en el juicio del caso “Verón” (el fallo fue revocado parcialmente después por la Corte Suprema), la madre de la víctima, Susana Trimarco, requirió la destitución de los entonces vocales de la sala I de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Luego de varias polémicas con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial, los dos primeros pudieron jubilarse (el segundo de ellos judicializó el trámite por problemas de salud). En la actualidad, el único que está sometido al proceso es Romero Lascano, quien elevó una queja contra el Jury de Enjuiciamiento ante la Corte de la Nación.

El caso “Lebbos”
.- Los dos últimos retiros del Poder Judicial que generaron repercusiones fueron las jubilaciones del ex fiscal de Instrucción, Carlos Albaca, y del ex ministro fiscal de la Corte Suprema, Luis de Mitri. Ambos habían sido cuestionados por sus desempeños en la causa por el homicidio de Paulina Alejandra Lebbos, perpetrado en 2006. El legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia, había pedido la destitución de Albaca por considerar que había incumplido sus funciones a la hora de investigar -se basó en un sumario administrativo formulado por la Corte Suprema-. Sin embargo, el magistrado logró completar sus trámites jubilatorios y se retiró con el beneficio del 82%. Algo similar ocurrió con De Mitri. Según la ley de Jury de Enjuiciamiento, la renuncia del procesado produce la automática clausura de las actuaciones.

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