Por Roberto Delgado
29 Agosto 2014
¿Cómo se trata el problema de la inseguridad? ¿Con rejas, alarmas, botones antipánico, teléfonos para llamar al 911, cámaras filmadoras, policías de patrulla? Y si esto no alcanza, ¿con revólveres, pistolas y escopetas, como los que aparecieron durante los durísimos días de los saqueos y la huelga policial de diciembre? La polémica generada en las últimas semanas a propósito de los arrebatos en la zona de Italia y Muñecas muestra la necesidad de que se abra el debate, porque la sensación de vivir en peligro late a pesar de planes de seguridad oficiales, programas paralelos y servicios de seguridad privada: la realidad, en algunos lugares, ya está generando gente que se equipa y se mentaliza con pánico. “Yo salgo con la alarma cuando voy a trabajar o a hacer las compras”, dice la vecina Marta Gutiérrez, de Italia al 500. Otro caso: “(Después de que el asaltante se fue) alcancé el botón antipánico y accioné la alarma”, contó el contador Enrique Lazarte, de Alvarez de Condarco al 200.
El debate en Italia y Muñecas fue insólito. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, que desde hace dos años entrega botones antipánico y alarmas que compra con sus gastos sociales legislativos, defendió su sistema afirmando que “descendieron los delitos” y que la Policía no da respuestas. Los comisarios del 911 y de la seccional 5a, por su parte, dijeron que mandarán más patrullas pero que en sus registros sólo hay incidentes con barritas juveniles en la zona. No se sabe si el legislador y los policías tienen en claro lo que pasa, más allá de sus propias versiones; pero sí se conoce que varios vecinos reclamaron por casos concretos de arrebatos, hayan sido denunciados o no. O sea: el sistema de respuesta a la inseguridad, que todos pagamos con los impuestos (ya sea que vayan a la Policía o a los gastos sociales del legislador de los botones antipánico), no funciona. El viejo concepto expresado en la ley policial de 1971, de que se necesita un policía cada 200 habitantes para tener una comunidad tranquila, ya es obsoleto. Con 8.000 agentes, hay policías de más, según este criterio, y cada vez los jefes piden más personal para calmar la inquietud que crece. ¿Cuándo llegarán al ideal? ¿Cuando tengan 12.000 policías? ¿Y si no basta? Eso sí, los funcionarios tienen su límite: a propósito del vandalismo en los establecimientos escolares, el jefe policial, Dante Bustamante, dijo: “si tomamos en cuenta la cantidad de escuelas que se inauguraron en los últimos años, no alcanzaría el personal que tenemos para vigilarlas”.
¿Qué surge de esto? Que no hay un conocimiento claro de lo que sucede. Las estadísticas se hacen (cuando se hacen) según el interés del responsable de seguridad (ya sea la Policía o el legislador) y ni siquiera se puede hacer una estimación sobre lo que les pasa a los vecinos, porque la presencia de agentes es esporádica y por ese mismo motivo no saben lo que ocurre en el barrio: el plan es esperar denuncias, no prever hechos. No obstante, no deja de ser llamativo que el mismo comisario Luis Bacas, del sistema 911, haya comentado días después que el 30% de los operativos se vincula con arrebatos y otro 30% con violencia doméstica. La violencia familiar y de género ya tiene una oficina judicial que la estudia. Pero no policial. El arrebato sólo ha tenido respuestas policiales, pero no se conoce que haya una estrategia social al respecto.
Es decir, no hay una política preventiva para ver cómo pacificar a la comunidad, sino que la estrategia es defenderse de agresiones, como esperando siempre que el enemigo ataque. El vecindario ya tiene rejas por todas partes y reclama permanentemente al 911. Ahora tiene alarmas y botones antipánico. Los que tienen dinero contratan seguridad privada o agentes públicos en servicio adicional. Si esto sigue así, llegará el momento en que, como hacen los Estados Unidos, la gente asuma que necesita aprender a usar armas para defenderse, y terminen como la nena de 9 años de Arizona que ametralló a su instructor de tiro. Sin que nunca se llegue a saber qué está pasando, ni por qué pasa, ni si es posible que deje de pasar.
El debate en Italia y Muñecas fue insólito. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, que desde hace dos años entrega botones antipánico y alarmas que compra con sus gastos sociales legislativos, defendió su sistema afirmando que “descendieron los delitos” y que la Policía no da respuestas. Los comisarios del 911 y de la seccional 5a, por su parte, dijeron que mandarán más patrullas pero que en sus registros sólo hay incidentes con barritas juveniles en la zona. No se sabe si el legislador y los policías tienen en claro lo que pasa, más allá de sus propias versiones; pero sí se conoce que varios vecinos reclamaron por casos concretos de arrebatos, hayan sido denunciados o no. O sea: el sistema de respuesta a la inseguridad, que todos pagamos con los impuestos (ya sea que vayan a la Policía o a los gastos sociales del legislador de los botones antipánico), no funciona. El viejo concepto expresado en la ley policial de 1971, de que se necesita un policía cada 200 habitantes para tener una comunidad tranquila, ya es obsoleto. Con 8.000 agentes, hay policías de más, según este criterio, y cada vez los jefes piden más personal para calmar la inquietud que crece. ¿Cuándo llegarán al ideal? ¿Cuando tengan 12.000 policías? ¿Y si no basta? Eso sí, los funcionarios tienen su límite: a propósito del vandalismo en los establecimientos escolares, el jefe policial, Dante Bustamante, dijo: “si tomamos en cuenta la cantidad de escuelas que se inauguraron en los últimos años, no alcanzaría el personal que tenemos para vigilarlas”.
¿Qué surge de esto? Que no hay un conocimiento claro de lo que sucede. Las estadísticas se hacen (cuando se hacen) según el interés del responsable de seguridad (ya sea la Policía o el legislador) y ni siquiera se puede hacer una estimación sobre lo que les pasa a los vecinos, porque la presencia de agentes es esporádica y por ese mismo motivo no saben lo que ocurre en el barrio: el plan es esperar denuncias, no prever hechos. No obstante, no deja de ser llamativo que el mismo comisario Luis Bacas, del sistema 911, haya comentado días después que el 30% de los operativos se vincula con arrebatos y otro 30% con violencia doméstica. La violencia familiar y de género ya tiene una oficina judicial que la estudia. Pero no policial. El arrebato sólo ha tenido respuestas policiales, pero no se conoce que haya una estrategia social al respecto.
Es decir, no hay una política preventiva para ver cómo pacificar a la comunidad, sino que la estrategia es defenderse de agresiones, como esperando siempre que el enemigo ataque. El vecindario ya tiene rejas por todas partes y reclama permanentemente al 911. Ahora tiene alarmas y botones antipánico. Los que tienen dinero contratan seguridad privada o agentes públicos en servicio adicional. Si esto sigue así, llegará el momento en que, como hacen los Estados Unidos, la gente asuma que necesita aprender a usar armas para defenderse, y terminen como la nena de 9 años de Arizona que ametralló a su instructor de tiro. Sin que nunca se llegue a saber qué está pasando, ni por qué pasa, ni si es posible que deje de pasar.
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