29 Agosto 2014
Por ahora, la cárcel de Villa Urquiza no se moverá del inmenso predio de calle México al 1.200. Ayer, el presidente del bloque oficialista Tucumán Crece, Roque Álvarez, llevó al recinto un proyecto de ley que habilitaba al PE a utilizar el edificio donde se encuentra la penitenciaria como bien de cambio para financiar una nueva prisión.
Las dudas de la oposición (el legislador José Páez -DC- habló de supuestos “negociados”) no afectaron la postura de la bancada alperovichista. Sin embargo, todo indica que las críticas formuladas desde la Comisión de Patrimonio Cultural de la Provincia (CPCP) generaron que la iniciativa sea regresada a los grupos de labor parlamentaria de la Legislatura.
Plan trunco
En 2012, Álvarez presentó un proyecto de ley para la inclusión del predio de Villa Urquiza, de unos 17.000 m2, en el programa “Activo por activo”, un sistema alternativo de pago de infraestructura pública, establecido en la ley 7.142. El referente peronista proponía este sistema para conseguir la “mudanza” de la cárcel a un nuevo punto de Tucumán. Sin embargo, este plan quedó trunco ayer en pleno debate.
Según fuentes del parlamento, fue crucial la nota elevada por Silvia Rossi, Gabriela Lo Giudice y Jorge Molina, del CPCP, en la que se cuestionaba el proyecto oficialista por la falta de consultas a otras instituciones, y por la desafectación de la penitenciaría de la Ley de Patrimonio Cultural de la Provincia. “Desafectar un edificio de esta ley sin consulta a la Comisión, unilateralmente, es un atropello que vacía la norma y nos pone en idéntico lugar a los conflictos suscitados por las 16 marchas de reclamo popular de 2008”, indicaron en el texto los representantes del comité.
Rossi, Lo Giudice y Molina consideraron la necesidad “de una nueva cárcel que contemple los derechos de los reclusos”. Pero objetaron el mecanismo seleccionado por el oficialismo. “La iniciativa debe ser estudiada y pensar sin apresuramiento el destino de ese predio, que es un espacio con potencialidades infinitas; no debe ser utilizado con el único propósito de sacar de él un mayor rédito inmobiliario. ¿Está quebrado el Estado?”, ironizaron los representantes de la CPCP. Y agregaron: “es papel del Estado regular la iniciativa de la empresa, pero estas iniciativas sin detalles de cómo se ejecutarán y sin controles transparentes son un cheque en blanco a ciegas sobre la ciudad”.
Por último, remarcaron que la Comisión de Patrimonio “no debe ser excluida de las conversaciones” respecto a este edificio. Y pidieron que también se invite a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ya que “tiene la responsabilidad de administrar y regular el desarrollo de la ciudad”.
Dentro del alperovichismo también hubo críticas por el “apuro”. Raúl Hadla (titular de Educación y Cultura) y Ramiro González Navarro (presidente de Hacienda y Presupuesto) exigieron que la iniciativa pase por esos equipos, antes de regresar al recinto para su debate.
Las dudas de la oposición (el legislador José Páez -DC- habló de supuestos “negociados”) no afectaron la postura de la bancada alperovichista. Sin embargo, todo indica que las críticas formuladas desde la Comisión de Patrimonio Cultural de la Provincia (CPCP) generaron que la iniciativa sea regresada a los grupos de labor parlamentaria de la Legislatura.
Plan trunco
En 2012, Álvarez presentó un proyecto de ley para la inclusión del predio de Villa Urquiza, de unos 17.000 m2, en el programa “Activo por activo”, un sistema alternativo de pago de infraestructura pública, establecido en la ley 7.142. El referente peronista proponía este sistema para conseguir la “mudanza” de la cárcel a un nuevo punto de Tucumán. Sin embargo, este plan quedó trunco ayer en pleno debate.
Según fuentes del parlamento, fue crucial la nota elevada por Silvia Rossi, Gabriela Lo Giudice y Jorge Molina, del CPCP, en la que se cuestionaba el proyecto oficialista por la falta de consultas a otras instituciones, y por la desafectación de la penitenciaría de la Ley de Patrimonio Cultural de la Provincia. “Desafectar un edificio de esta ley sin consulta a la Comisión, unilateralmente, es un atropello que vacía la norma y nos pone en idéntico lugar a los conflictos suscitados por las 16 marchas de reclamo popular de 2008”, indicaron en el texto los representantes del comité.
Rossi, Lo Giudice y Molina consideraron la necesidad “de una nueva cárcel que contemple los derechos de los reclusos”. Pero objetaron el mecanismo seleccionado por el oficialismo. “La iniciativa debe ser estudiada y pensar sin apresuramiento el destino de ese predio, que es un espacio con potencialidades infinitas; no debe ser utilizado con el único propósito de sacar de él un mayor rédito inmobiliario. ¿Está quebrado el Estado?”, ironizaron los representantes de la CPCP. Y agregaron: “es papel del Estado regular la iniciativa de la empresa, pero estas iniciativas sin detalles de cómo se ejecutarán y sin controles transparentes son un cheque en blanco a ciegas sobre la ciudad”.
Por último, remarcaron que la Comisión de Patrimonio “no debe ser excluida de las conversaciones” respecto a este edificio. Y pidieron que también se invite a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ya que “tiene la responsabilidad de administrar y regular el desarrollo de la ciudad”.
Dentro del alperovichismo también hubo críticas por el “apuro”. Raúl Hadla (titular de Educación y Cultura) y Ramiro González Navarro (presidente de Hacienda y Presupuesto) exigieron que la iniciativa pase por esos equipos, antes de regresar al recinto para su debate.
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