28 Agosto 2014
La Defensoría del Pueblo exhortó a la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) a que informe qué obras de infraestructura realizó con los fondos recaudados mediante el canon previsto en la Ley N° 7.938. La norma, vigente desde 2007, fijó valores que deben abonar las empresas constructoras antes de iniciar obras en algunas zonas de la ciudad. Ese dinero debe ser destinado a mejoras en la prestación del servicio de agua potable y cloacas.
El ombudsman, Hugo Cabral, actuó a instancias de una presentación realizada por el concejal radical José Luis Avignone. El edil opositor advirtió que desde hace varios años viene solicitando esa información a la SAT y que, hasta el momento, no obtuvo respuesta por parte del presidente de esa institución, Alfredo Calvo.
La norma autorizó a la SAT al cobro de un canon mensual a las empresas y a los privados que construyan emprendimientos mayores a 200 m2 en zonas céntricas de San Miguel de Tucumán. A cambio, el organismo debe destinar esos fondos a obras de infraestructura. Avignone busca insistentemente dilucidar qué obras hizo la SAT y qué destino le dio al dinero recaudado, ya que el artículo 10 de la mencionada ley establece que “las sumas abonadas en concepto de cargo especial por infraestructura serán depositadas en una cuenta especial de la SAT, administradas por esta y destinadas a la ejecución de obras de infraestructura y su mantenimiento”.
El ombudsman también le recomendó al Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), a cargo de Sergio Sánchez, que en su carácter de órgano de contralor y fiscalización “proceda a verificar el cumplimiento de la Ley N° 7.938, solicite los informes pertinentes y controle la ejecución de las obras proyectadas”. Cabral, al firmar la resolución N° 1.774, fundamentó: “atento a la naturaleza e importancia de la cuestión planteada se cursó notificación al concejal Avignone recomendándole que efectúe, en su carácter de funcionario, formal planteo ante el Ersept, en resguardo del derecho constitucional a la información, atento a que el citado organismo está obligado a brindarle la información requerida”. El ex concejal alperovichista citó también la Ley N° 8.561, que establece que las sumas abonadas en concepto de cargo especial por infraestructura serán depositadas en una cuenta especial de la SAT-Sapem, administradas por este organismo y destinadas a la ejecución de obras de infraestructura y su mantenimiento. También debe informar la SAT -según lo establece la misma ley- sobre los movimientos financieros de esa cuenta.
En la Justicia
Antes de recurrir a la Defensoría del Pueblo, Avignone presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo una acción de amparo por mora, a los fines de que la SAT le brinde la información requerida. El 12 de agosto, la Sala III de esa Cámara hizo lugar a la presentación del radical y dispuso remitir un oficio al Ersept para que en el plazo de cinco días informe al Tribunal “sobre las causales de la mora denunciada”.
En el escrito que presentó en la Sala III, Avignone señala que el 15 de diciembre de 2010 había solicitado un informe a la SAT para que el organismo especifique si se habían hecho las obras con ese canon. “Ante el silencio de la SAT a lo requerido, además de sendas notas enviadas al gobernador de la provincia y al defensor del Pueblo, solicité que se dé publicidad de lo recaudado y de las obras que se realizaron, pedido que está fundado en el derecho constitucional a la información. Al no obtener respuesta de lo solicitado, me habilita a iniciar la presente acción de amparo por mora, dado que el Ersept es un ente administrativo descecentralizado del Poder Ejecutivo”, planteó el edil. “Con el silencio de la SAT y del Ersept se están vulnerando garantías constitucionales, especialmente el derecho de peticionar ante las autoridades y el de acceso a la información”, sostuvo.
El ombudsman, Hugo Cabral, actuó a instancias de una presentación realizada por el concejal radical José Luis Avignone. El edil opositor advirtió que desde hace varios años viene solicitando esa información a la SAT y que, hasta el momento, no obtuvo respuesta por parte del presidente de esa institución, Alfredo Calvo.
La norma autorizó a la SAT al cobro de un canon mensual a las empresas y a los privados que construyan emprendimientos mayores a 200 m2 en zonas céntricas de San Miguel de Tucumán. A cambio, el organismo debe destinar esos fondos a obras de infraestructura. Avignone busca insistentemente dilucidar qué obras hizo la SAT y qué destino le dio al dinero recaudado, ya que el artículo 10 de la mencionada ley establece que “las sumas abonadas en concepto de cargo especial por infraestructura serán depositadas en una cuenta especial de la SAT, administradas por esta y destinadas a la ejecución de obras de infraestructura y su mantenimiento”.
El ombudsman también le recomendó al Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), a cargo de Sergio Sánchez, que en su carácter de órgano de contralor y fiscalización “proceda a verificar el cumplimiento de la Ley N° 7.938, solicite los informes pertinentes y controle la ejecución de las obras proyectadas”. Cabral, al firmar la resolución N° 1.774, fundamentó: “atento a la naturaleza e importancia de la cuestión planteada se cursó notificación al concejal Avignone recomendándole que efectúe, en su carácter de funcionario, formal planteo ante el Ersept, en resguardo del derecho constitucional a la información, atento a que el citado organismo está obligado a brindarle la información requerida”. El ex concejal alperovichista citó también la Ley N° 8.561, que establece que las sumas abonadas en concepto de cargo especial por infraestructura serán depositadas en una cuenta especial de la SAT-Sapem, administradas por este organismo y destinadas a la ejecución de obras de infraestructura y su mantenimiento. También debe informar la SAT -según lo establece la misma ley- sobre los movimientos financieros de esa cuenta.
En la Justicia
Antes de recurrir a la Defensoría del Pueblo, Avignone presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo una acción de amparo por mora, a los fines de que la SAT le brinde la información requerida. El 12 de agosto, la Sala III de esa Cámara hizo lugar a la presentación del radical y dispuso remitir un oficio al Ersept para que en el plazo de cinco días informe al Tribunal “sobre las causales de la mora denunciada”.
En el escrito que presentó en la Sala III, Avignone señala que el 15 de diciembre de 2010 había solicitado un informe a la SAT para que el organismo especifique si se habían hecho las obras con ese canon. “Ante el silencio de la SAT a lo requerido, además de sendas notas enviadas al gobernador de la provincia y al defensor del Pueblo, solicité que se dé publicidad de lo recaudado y de las obras que se realizaron, pedido que está fundado en el derecho constitucional a la información. Al no obtener respuesta de lo solicitado, me habilita a iniciar la presente acción de amparo por mora, dado que el Ersept es un ente administrativo descecentralizado del Poder Ejecutivo”, planteó el edil. “Con el silencio de la SAT y del Ersept se están vulnerando garantías constitucionales, especialmente el derecho de peticionar ante las autoridades y el de acceso a la información”, sostuvo.
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