El pago local a bonistas avanza en el Senado

BUENOS AIRES.- El oficialismo consiguió avanzar ayer con el proyecto de ley de cambio de sede de pago de la deuda a tenedores de bonos extranjeros, al imponer un dictamen de mayoría en el plenario de tres comisiones asesoras del Senado. En defensa de la iniciativa, el ministro de Economía, Axel Kicillof, advirtió a los senadores que en el Congreso “no hay posibilidad de abstenerse en opinar” porque, “si ante esta coyuntura el Parlamento se abstiene y no hace nada, se convierte en una escribanía del juzgado de (Thomas) Griesa”. En medio de cruces con los opositores y de intervenciones de senadores oficialistas, el ministro aseguró a los legisladores que la intención del Gobierno es negociar no sólo con los fondos NML y Aurelius, quienes ganaron el juicio en Nueva York: “tenemos que negociar con todos”.

Kicillof también denunció la existencia de un plan de los fondos de inversión a los que llama “buitres” para “atacar a la Argentina y a su moneda”. “El programa ‘buitre’ es o nos pagan o hay ‘default’”, advirtió. Los acusó de “atacar internacionalmente y por todos los medios a la Argentina”.

“Este es un asunto político y hay un plan de los ‘buitres’ para la Argentina”, señaló el ministro, quien precisó que entre los objetivos de los fondos especulativos figuran “la devaluación, pegarle al país, no dejarle pagar en otro lado y no dejarle acceder al sistema financiero internacional”.

El kirchnerismo confía en llevar al recinto la iniciativa en una sola sesión el próximo miércoles, junto con los proyectos de Defensa del Consumidor y de reforma de la ley de Abastecimiento, que obtuvieron sendos dictámenes de mayoría en el plenario de cuatro comisiones.

Kicillof, quien se hizo presente junto al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, respondieron las preguntas de los senadores de la oposición quienes, casi en su totalidad se pronunciaron, aunque con diferentes argumentos, por rechazar el proyecto. Luego de la intervención de los funcionarios nacionales, que duró casi cinco horas, pasaron por el Salón Azul del Senado -donde se realizó el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e Inversión- los economistas Javier González Fraga, Guillermo Nielsen, Gabriel Rubinstein y Tomás Bulat, en su totalidad en contra de la medida. La iniciativa, que cuenta con 14 artículos y uno de forma, apunta a producir el pago “del 100% de los Títulos emitidos en el marco de la Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010” y, de acuerdo con las explicaciones de los funcionarios nacionales, también abre las condiciones para el pago a los bonistas que no ingresaron a ambos canjes.

Al mismo tiempo, dispone, ante la imposibilidad de que el Banco of Nueva York Mellon puede pagar a los bonistas que aceptaron el canje por la decisión del juez Griesa de impedirle hacer efectivo el pago de los servicios de los bonos, la norma dispone que el encargado de pagar en la Argentina sea Nación Fideicomisos.

Críticas

El jefe del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales consideró que el proyecto del Poder Ejecutivo es “inconducente” y estimó que “la intención del Gobierno es hacer copartícipe a la oposición del fracaso de este último tramo de la negociación” con los acreedores.

Por su parte, el titular de la UCR, el mendocino Ernesto Sanz añadió que no acompañarán la iniciativa porque varios de los responsables de la negociación de la deuda “están siendo investigados por corrupción”, en alusión al vicepresidente Amado Boudou.

En tanto, Nielsen, el ex secretario de Finanzas y diseñador del canje de deuda de 2005, criticó que se proponga salir del BONY como agente pagador para proponer a Nación Fideicomisos.“Cómo se les ocurre que este banco, que cubre la totalidad del sistema financiero de los Estados Unidos, no lo haga y se lo demos a Nación Fideicomisos”, se preguntó Nielsen.

A su turno, González Fraga, ex titular del Banco Central, consideró que el proyecto es “improcedente” porque, a su entender, busca “involucrar a la oposición” con decisiones que se vienen adoptando desde 2003 desde el Poder Ejecutivo. “Esta ley es improcedente, es pretender involucrar a la oposición en decisiones que este Gobierno viene tomando desde el año 2003”, afirmó González Fraga. (DyN-DPA)