27 Agosto 2014
EL RECHAZO. La cúpula de la UIA está dispuesta a recurrir a la vía judicial. dyn
BUENOS AIRES.- El oficialismo impuso, en un plenario de comisiones del Senado, el dictamen favorable a los dos proyectos de Defensa del Consumidor y a la reforma de la Ley de Abastecimiento. Sin embargo, el kirchnerismo abrió el debate y aplicó una serie de cambios en las propuestas oficiales, tras la ola de críticas empresariales.
Se realizó ayer la segunda jornada del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías; de Justicia y Asuntos Penales; de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio. En la reunión desfilaron representantes de ONG’s defensoras de consumidores y usuarios, la Unión Industrial Argentina (UIA) y especialistas, como los constitucionalistas Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la propuesta y alertaron sobre su posible rechazo judicial.
El presidente de la entidad fabril, Héctor Méndez, planteó en la sede de la UIA que la nueva Ley de Abastecimiento constituye un caso de abuso de autoridad y no descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia si el Congreso finalmente aprueba la norma, dentro del paquete de leyes vinculadas a la producción y el consumo que impulsa el Gobierno. “Si sale la ley, la Junta Directiva de la entidad deberá decidir qué se hace, pero esta conducción estima que (la UIA) hará una presentación ante la Justicia”, remarcó.
Los proyectos, que el oficialismo quiere llevar al recinto el miércoles próximo, junto con el del cambio de sede de pago de la deuda externa reestructurada, son:
• Una iniciativa establece un nuevo sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo, con la creación de un fuero especial para atender este tipo de asuntos.
• Otro que crea un Observatorio de Precios (de Defensa del Consumidor).
• Un tercero que reforma de la Ley de Abastecimiento, que implica una regulación más profunda sobe la vida de las empresas.
El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, anunció en el plenario una serie de modificaciones en las iniciativas que, según indicó, fueron sugeridas por entidades como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y asociaciones de defensa del consumidor.
La reforma a la Ley de Abastecimiento propone acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor, según el texto. Entre los cambios anunciados por Álvarez se encontraron la eliminación de la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación, dejando en manos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la potestad de poner en marcha la norma.
El proyecto mantuvo la determinación de que la autoridad de aplicación designada por el Ejecutivo pueda intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios. En el nuevo articulado se excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance de la ley, siempre que no detenten una posición dominante en el mercado.
Otra de las reformas fue eliminar como una de las sanciones a quienes violen la ley la clausura definitiva de la unidad económica. Asimismo, la autoridad de aplicación deberá requerir previamente autorización judicial para aplicar sanciones, como la inhabilitación especial o la clausura temporal. (DyN-Télam)
Se realizó ayer la segunda jornada del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías; de Justicia y Asuntos Penales; de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio. En la reunión desfilaron representantes de ONG’s defensoras de consumidores y usuarios, la Unión Industrial Argentina (UIA) y especialistas, como los constitucionalistas Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la propuesta y alertaron sobre su posible rechazo judicial.
El presidente de la entidad fabril, Héctor Méndez, planteó en la sede de la UIA que la nueva Ley de Abastecimiento constituye un caso de abuso de autoridad y no descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia si el Congreso finalmente aprueba la norma, dentro del paquete de leyes vinculadas a la producción y el consumo que impulsa el Gobierno. “Si sale la ley, la Junta Directiva de la entidad deberá decidir qué se hace, pero esta conducción estima que (la UIA) hará una presentación ante la Justicia”, remarcó.
Los proyectos, que el oficialismo quiere llevar al recinto el miércoles próximo, junto con el del cambio de sede de pago de la deuda externa reestructurada, son:
• Una iniciativa establece un nuevo sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo, con la creación de un fuero especial para atender este tipo de asuntos.
• Otro que crea un Observatorio de Precios (de Defensa del Consumidor).
• Un tercero que reforma de la Ley de Abastecimiento, que implica una regulación más profunda sobe la vida de las empresas.
El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, anunció en el plenario una serie de modificaciones en las iniciativas que, según indicó, fueron sugeridas por entidades como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y asociaciones de defensa del consumidor.
La reforma a la Ley de Abastecimiento propone acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor, según el texto. Entre los cambios anunciados por Álvarez se encontraron la eliminación de la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación, dejando en manos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la potestad de poner en marcha la norma.
El proyecto mantuvo la determinación de que la autoridad de aplicación designada por el Ejecutivo pueda intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios. En el nuevo articulado se excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance de la ley, siempre que no detenten una posición dominante en el mercado.
Otra de las reformas fue eliminar como una de las sanciones a quienes violen la ley la clausura definitiva de la unidad económica. Asimismo, la autoridad de aplicación deberá requerir previamente autorización judicial para aplicar sanciones, como la inhabilitación especial o la clausura temporal. (DyN-Télam)
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