La ex bonista Borquez negó tratos con el letrado Martín

Dos jubilados, Inés Yolanda Borquez (81 años) y Julio Melchor Camandona (75), relataron ayer cómo quedaron -respectivamente- envueltos en las pesquisas de supuestas maniobras criminales con títulos de la deuda pública. Ambos dijeron que la noticia de esas investigaciones conocidas por sus apellidos, “Borquez” y “Camandona”, les llegó por la prensa y que jamás prestaron su consentimiento para el inicio de los juicios contra el Estado nacional que, en el corto plazo, derivó en la destitución del ex juez federal Nº 2, Felipe Federico Terán, y en la renuncia de su ex par del Juzgado Federal Nº 1, Jorge Parache, y, a la larga, en el juicio oral que empezó este lunes.

Tanto Borquez como Camandona estuvieron imputados y, luego, fueron sobreseídos. Eso quiere decir que en su momento prestaron una declaración indagatoria en la que no estaban obligados a autoincriminarse y que en el debate intervinieron como testigos con el cargo de decir la verdad. En esta segunda y más reciente intervención, la mujer negó haber tratado a los letrados e imputados Alfredo Ducca y Daniel Martín, y dijo que no sabía qué había ocurrido con los $ 4,3 millones en títulos públicos que llegó a tener una cuenta suya y de su hija Cristina Atim (fallecida en 2012), y que fueron liquidados y entregados. El Ministerio Público consideró probado que los papeles habían sido adquiridos post-default de 2001 con la intención de ser cobrados en dólares (como si la compra hubiese sido anterior a la cesación de pagos) mediante una medida cautelar solicitada por Ducca y concedida por el ex juez e imputado Terán, que ayer faltó al juicio porque “le subió el azúcar por estrés”, según informó el defensor Pablo Bauque.

Versiones

En su testimonio, Borquez se apartó de lo que había declarado en la indagatoria, cuando César Merlo actuaba como su abogado -en el juicio, ese profesional defiende a Daniel Barboza, Fernando Recalde y Jorge Rigourd, tres de los cuatro imputados vinculados con la empresa MA Valores SA Sociedad de Bolsa-.

En ese entonces, la docente jubilada dijo que había firmado la demanda del juicio para cobrar los bonos en dólares (alrededor de U$S 5,2 millones) con el patrocinio de Martín y que había entregado a este una copia de su DNI. También había expresado que en 2004 Atim le había comentado la intención de invertir los ahorros de ambas en bonos de la serie Bontes 2002 por el valor de $ o U$S 620.000.

En su condición de imputada, Borquez había afirmado que Martín se había presentado en su domicilio para ofrecerle sus servicios profesionales y que este había dicho que manejaba información del Ministerio de Economía de la Nación. Asimismo había declarado que durante el trámite del juicio concurrió al Juzgado Federal a firmar un libro, que firmó un poder y que luego perdió de vista al abogado.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), la mujer expresó que nunca supo el monto que había a su nombre en MA Valores SA y que este procedía de la indemnización que había cobrado por ser madre de una hija desaparecida durante la última dictadura, tema que había manejado su ex yerno Sergio Sadir. Después, se cerró en que sus ahorros eran administrados por Atim; en que nunca había visto un resumen de cuenta relativo a los títulos; en que jamás había padecido las enfermedades que mencionaba la demanda, etcétera. “No conozco a Martín, nunca lo vi”, insistió.

Camandona, por el contrario, ratificó como testigo lo que había dicho al ser indagado durante la investigación. Antes y después aseguró que era tenedor de títulos pre-default o en default por un valor de U$S 139.000 adquiridos por intermedio de MA Valores SA; que Martín se ofreció a tramitar el juicio para cobrar los papeles en dólares; que sólo firmó un pacto de honorarios; que luego vio al abogado dos veces en la calle y que este le decía que aún no había iniciado su juicio, y que un buen día abrió LA GACETA, y se encontró implicado en una causa penal junto con Martín y Terán.

“Tuve que salir desesperado a buscar un defensor”, recordó tras negar haber proporcionado a Martín un certificado de los títulos y padecido las dolencias que consignaba la demanda que nunca firmó.

El juicio oral prosigue el lunes, a las 9.30, en la sala del TOF.