La 9 de Julio afirma que no trabaja con la nueva área del PE

Más elementos siembran dudas respecto del destino que da la flamante Secretaría de Saneamiento y Mejoramiento de los Espacios Públicos a los residuos y a los escombros que recoge en San Miguel de Tucumán. Ayer, la sorpresa se instaló en las oficinas del Concejo Deliberante, a partir de un descargo de la empresa recolectora de basura, Transportes 9 de Julio, que niega cualquier vínculo firmado con la nueva área del Gobierno.

“Cumplo en informarle que mi mandante no suscribió ningún convenio o acuerdo con la Secretaría de Saneamiento y Mejoramiento de los Espacios Públicos. Tampoco retira y/o transporta residuos de ningún tipo para la mencionada Secretaría hacia la planta de transferencia de San Felipe ni al predio de disposición final de Overo Pozo”, reza la misiva enviada al Concejo Deliberante por el abogado Francisco Simón Moya, que se presenta como apoderado de la empresa 9 de Julio.

La polémica se inició frente a la posibilidad de que no se estén clasificando los residuos que recoge la nueva área provincial. Por eso, el edil amayista José Franco solicitó informes a la firma recolectora y al consorcio público metropolitano que gestiona los residuos sólidos urbanos. En ese contexto se inscribe la respuesta que llegó ayer al Concejo Deliberante de la capital.

Carlos Isa Assán, titular de la nueva secretaría, había afirmado que sí dividen los desperdicios entre basura y escombros. Los primeros, afirmó, son retirados por la empresa 9 de Julio, concesionaria de la recolección domiciliaria en San Miguel de Tucumán. “Somos muy respetuosos de la Municipalidad y esa firma trabaja con ellos. Ellos la trasladan hasta los predios de Overo Pozo”, había expresado el legislador alperovichista en uso de licencia. Este documento que ingresó al Concejo Deliberante, sin embargo, contradice los dichos del funcionario. En tanto, según la explicación de Assán, los escombros y la tierra son llevados en camiones de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), dependencia con la que sí se firmó un convenio. Estos, añadió, son arrojados en “brazos muertos” del río Salí.

Tampoco se firmó un convenio formal con el consorcio metropolitano. Pablo Kunik, su titular, había admitido conversaciones con Assán, pero aclaró que no se rubricó ningún acuerdo. Consideró que lo “deseable” fuese que así ocurriera. “Estamos abiertos y disponibles para todas las áreas del Estado, como la de Saneamiento. Al ser parte del Estado, estamos a disposición para colaborar en lo que se necesite”, había dicho.