“La reforma penal disminuye la corrupción judicial”

“La reforma penal disminuye la corrupción judicial”

El chileno Blanco Suárez disertó en tribunales

EN LA CORTE. Antonio Gandur, a la derecha, escucha al académico chileno. prensa corte suprema de justicia EN LA CORTE. Antonio Gandur, a la derecha, escucha al académico chileno. prensa corte suprema de justicia
22 Agosto 2014
Pasaron 17 meses desde la visita anterior del letrado chileno Rafael Blanco Suárez y en ese plazo nada cambió en el horizonte del sistema procesal penal de Tucumán, que sigue “metido en su colapso”, y aún parece lejos de las reformas de fondo que acometieron el país transandino y ocho provincias argentinas.

Blanco Suárez, director de Extensión y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, consideró que no había que impacientarse y que esa lentitud era normal. “A Chile le llevó nueve años diseñar e implementar el nuevo proceso penal”, dijo el académico, que volvió para disertar sobre la reforma en los Tribunales locales.

“No importa tanto el tiempo que requiera el cambio sino la convicción. Según nuestra experiencia, para que la transformación funcione hacen falta una voluntad política compartida entre distintos gobiernos y un plan estratégico por etapas pensado para que el avance sea irreversible”, opinó en la visita que hizo a LA GACETA junto con el fiscal Jorge Echayde.

Esa reforma procesal penal terminó convirtiéndose en la política judicial más importante que aplicó Chile en los últimos 100 años, de acuerdo con la perspectiva de Blanco Suárez (desde hace un año, una comisión formada por miembros de los tres poderes del Estado y de la abogacía de Tucumán trabaja en la concepción de un modelo semejante).

“El proyecto requirió una gran inversión en personal (de 70 jueces penales pasaron a 700), en infraestructura y en un programa de gestión, pero dimos un salto enorme en materia de celeridad, transparencia y racionalización de la respuesta punitiva”, evaluó.

En 80 días

Por ejemplo, en el presente un proceso penal empieza y termina en el plazo de 80 días para el caso de delitos simples y de 300 días para el caso de los delitos complejos. “Antes tardábamos, en promedio, cinco años. Pero el gran cambio viene por el lado de la publicidad, y, en sentido, la reforma disminuye la corrupción judicial. La oralidad reemplaza la escritura y, entonces, el proceso deja de girar alrededor de un expediente de papel que es manipulable y vulnerable”, expresó.

También elogió la posibilidad de regular los niveles de trabajo de los fiscales mediante la incorporación del principio de oportunidad (este instituto dispone que sólo sean investigados los casos relevantes para la política criminal en oposición al principio de legalidad -vigente en Tucumán-, que obliga a investigar todas las denuncias que ingresan al sistema). Y añadió: “ello impide la saturación del fiscal, por un lado, y, por el otro, aumenta la efectividad del trabajo: en Chile, el 85% de los casos que llegan a juicio oral acaban en una condena”.

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